EE.UU: Nueva ley reflejaría prejuicio contra inmigrantes mexicanos

Una nueva ley destinada a combatir la inmigración ilegal en Estados Unidos perjudicará a inmigrantes legales, solicitantes de asilo y mexicanos, advirtieron grupos de activistas.

Lejos de ser una medida destinada únicamente a detener la inmigración ilegal, la ley, que aún no ha sido promulgada, constituye un ataque a la inmigración misma, argumentan los grupos.

"Aunque esta iniciativa es mucho menos restrictiva que otras versiones propuestas anteriormente, igualmente dice con claridad 'No vengan", señaló Roseann Micallef, directora ejecutiva del Centro para los Derechos de los Inmigrantes, de Nueva York.

"Cualquier derecho que los inmigrantes posean será rebajado gradualmente" como consecuencia de la ley, que el Congreso aprobó este lunes como parte de un enorme paquete presupuestal que el presidente Bill Clinton se propone firmar.

La ley propone duplicar el número de agentes estacionados en la frontera con México al agregar 5.000 nuevos oficiales en los próximos cinco años. También asigna 12 millones de dólares para construir una nueva valla en la frontera, a la vez que restringe las solicitudes de asilo político.

La ley refleja "prejuicios contra la gente del hemisferio sur y contra las personas que llegan a pie", señaló Dan Kesselbrenner, director del Proyecto de Inmigración de la Asociación Nacional de Abogados.

Además, las medidas propuestas tienden a combatir más a los inmigrantes procedentes del sur que a la inmigración ilegal en general, afirmó.

De acuerdo con datos del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), más de la mitad de los inmigrantes indocumentados son personas que se quedan en el país más allá del plazo establecido en sus visas, y "en general esas personas proceden de Europa", destacó Kesselbrenner. La ley no se ocupa de ese problema.

En cambio, la ley apunta directamente a la frontera sur, observó María Jiménez, quien dirige un proyecto para controlar la aplicación de las normas legales en la frontera con México para el Comité de Servicio de Amigos Americanos. Este hecho demuestra que la ley es "básicamente anti-inmigrantes mexicanos", añadió.

Las estadísticas del INS revelan que 39 por ciento de los inmigrantes indocumentados de Estados Unidos son mexicanos, y además, destacó Jiménez, no todos ellos llegan a través de la frontera.

Sin embargo, 85 por ciento de los recursos federales destinados a la lucha contra la inmigración ilegal se invierten en el control de la frontera sur, y este porcentaje seguramente aumentará si Clinton promulga la ley, advirtió la activista.

La ley fue propuesta por legisladores republicanos procedentes de estados -principalmente Texas y California- donde la frontera con México se ha transformado en un gran problema. Se estima que 300.000 personas ingresan ilegalmente a Estados Unidos cada año, la mayoría de ellos de México, según el INS.

Versiones anteriores de la ley preveían la suspensión de la educación y otros servicios públicos a las familias de inmigrantes ilegales, y ponían fin a varios beneficios federales para los inmigrantes legales.

El gobierno se proclamó victorioso al lograr suprimir estas disposiciones luego de que Clinton amenazó con vetar el proyecto, y los defensores de la nueva ley afirman que el perjuicio a los inmigrantes ilegales ha sido eliminado.

"Las disposiciones más perjudiciales para los inmigrantes ilegales ya no existen", destacó el senador Edward Kennedy de Massachusetts, quien contribuyó a elaborar un acuerdo sobre la legislación.

No obstante, la nueva ley permite a agentes del INS tomar decisiones inmediatas sobre solicitudes de asilo. "Esto asigna demasiado poder a un agente del INS en un aeropuerto", argumentó Micaleff.

Además, la ley impide la presentación de demandas judiciales en representación de grupos contra la INS. En general, los activistas argumentan que la legislación otorga demasiado poder y libertad de acción a ese organismo.

"Si el presidente Clinton firma la ley, quiere decir que está de acuerdo con el prejuicio contra los mexicanos… y con que ciertas agencias gubernamentales estén por encima de las normas legales", afirmó Jiménez. (FIN/IPS/tra-en/fah/ml/pr/96

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