La propuesta del presidente de Ecuador, Abdalá Bucaram, de implantar la pena de muerte perdió fuerza hoy ante el rechazo de diversos sectores de la sociedad civil, de la Iglesia católica y de miembros de su gobierno.
La pena de muerte "no cumple el objetivo de eliminar la delincuencia en el país", dijo este miércoles la vicepresidenta Rosalía Arteaga. "Lo más conveniente es reforzar la educación y rehabilitación de los delincuentes", apuntó.
A las posición de Artega se sumó la del ministro de Gobierno (Interior), Frank Vargas, quien consideró que "la pena capital, como quiera que se le vea, es un atentado contra el derecho a la vida".
Bucaram anunció el lunes que enviaría una propuesta al Parlamento para que se contemple la pena de muerte en las leyes ecuatorianas, en delitos como violación, tortura y asesinato de menores de edad.
Para ello pidió la opinión oficial de la Iglesia Católica, pues si ésta "se opone a esta propuesta por considerarla no cristiana, el gobierno se abstendrá de enviar el proyecto de ley al Congreso", según reiteró este martes Bucaram.
Organismos humanitarios, juristas y políticos manifestaron su oposición a la iniciativa presidencial, al considerar que la pena de muerte podría convertirse en uno de los instrumentos más injustos en un país donde el sistema penal tiene innumerables fallas.
"¿Es Ecuador capaz de de defender a sus ciudadanos de la delincuencia, o no puede?", se cuestionó este miércoles Antonio Arregui, presidente de la Conferencia Episcopal.
Según Arregui, la Iglesia Católica consideraría la pena capital sólo en casos de extrema necesidad. "Creemos que aún existen otros caminos que seguir antes de optar por un instrumento que atenta contra la vida misma", estimó.
La resolución oficial de la Iglesia se dará a conocer el próximo lunes en una reunión que mantendrán los principales prelados con Bucaram. (FIN/IPS/mg/dg/ip-hd/96
