Las campesinas de Colombia se debaten entre la ilusión y el escepticismo luego que el gobierno anunciara programas para la adjudicación de parcelas, la concesión de créditos y fomento a la capacitación.
El Contrato Social Rural, presentado por la ministra de Agricultura Cecilia López, incorpora a un plan de acción integral disposiciones hasta ahora aisladas destinadas a beneficiar a uno de los sectores más pobres del país y a cumplir compromisos internacionales.
El plan, elaborado por la Oficina de la Mujer Rural, apunta a eliminar obstáculos "que impiden una participación más equitativa de la mujer" y crear condiciones para que las campesinas sean líderes "de la modernización" rural.
Planteando una política de equidad de género y de participación de la población femenina, el dispositivo afirma responder a los compromisos adquiridos por Colombia en la Conferencia Mundial de la Mujer, realizada en Beijing en septiembre de 1995.
Específicamente, apunta a compromisos relacionados con altos índices de pobreza, baja escolaridad y capacitación laboral, acceso a instancias de poder y efectos del conflicto armado, como el desplazamiento interno.
En 1992 la tasa de analfabetismo de la mujer rural colombiana era de 17,4 por ciento, frente a un promedio nacional de 9,6. Aunque se manifiesta una tendencia a disminuir la diferencia, la brecha con los índices internacionales sigue siendo grande.
En este país, una campesina tiene dos años menos de esperanza de vida que una citadina (69,7 contra 71,8). A su vez los accidentes y los homicidios son mayores en el campo que en la ciudad.
El mejoramiento de la calidad de vida y el acceso a la capacitación es otro de los propósitos enunciados por el plan gubernamental, pero la demanda es ostensiblemente mayor que la cobertura planificada.
La Caja de Compensación Familiar Campesina, que entrega unos siete dólares de subsidio mensual por cada hijo, tiene 90.000 afiliadas en siete de los 32 departamentos del país. De ellas 36.000 son campesinas y el resto vive en centros urbanos.
El conflicto armado que enfrenta a guerrilla, paramilitares y Fuerzas Armadas en todo el territorio ha llevado a que en la última década entre 600.000 y 1,5 millones de campesinos -de acuerdo con diversas fuentes- sean desplazados.
Las viudas y los menores son los más afectados y entre éstos las niñas constituyen el grupo más numeroso.
El plan del Ministerio de Agricultura se propone, de aquí a 1998, atender integralmente a 140.000 familias desplazadas, retornándolas a sus predios o reubicándolas en áreas productivas y condiciones de competitividad.
Carlos Ancízar Rico, presidente de Acción Campesina Colombiana, y el especialista en derecho agrario Iván Acuña coinciden en que el campo requiere una profunda reestructuración en cuanto a tenencia de la tierra y tecnificación, en la que se insertan los programas para las mujeres.
La ley de Reforma Agraria implica restructurar el minifundio y asignar mucho más presupuesto del que contempla el Estado, dicen.
Entre un millón y 1,5 millones de familias campesinas colombianas carecen de tierras.
Unos 6,8 de los 36 millones de habitantes del país son campesinos, divididos casi en partes iguales entre hombres y mujeres (50,7 y 49,3 por ciento respectivamente). No obstante, la población femenina sufre con mayor rigor el desempleo (8,4 frente a 2,5 por ciento de los hombres).
Los programas anunciados "crean muchas expectativas entre las campesinas pero en realidad son inalcanzables para nosotras", comentó Elda Díaz, jefe de la Oficina de la Mujer de la Federación Nacional Sindical Unitaria y Agropecuaria.
Elda tiene 38 años y es la única mujer con un cargo en la Dirección Nacional de la Federación, que tiene más de 100.000 afiliados, en su mayoría campesinos sin tierra, minifundistas y operarios agrícolas.
Es madre de dos hijos adolescentes, un varón que quiere ser médico y una muchacha que aspira a bióloga marina. "Dicen tantas cosas que apenas son sueños porque las condiciones nuestras no dan para esas carreras", afirma con realismo y nostalgia.
Elda nació en una familia de 11 hijos, de padre operario de la zona cafetera del norteño departamento del Magdalena, y desde niña sintió y vio la agresión "física y sicológica a las mujeres". Pertenece a la categoría de campesinas jefas de hogar, que suman 23,6 por ciento.
Aunque no vive con el padre de sus hijos, de cuya manutención y educación generalmente se ha encargado, no llena todos los requisitos para estar en la primera fila de las beneficiarias de los programas estatales de adjudicación de tierras.
"Todavía no he tenido la oportunidad de acceder a una parcela porque no lleno los puntajes del Instituto de la Reforma Agraria" (Incora), dijo Elda a IPS al referirse a que tienen prioridad las madres solteras con más de dos hijos, por ejemplo.
Su cargo sindical la hace excepcional. Aunque en la base de la organización hay muchas mujeres y también algunas en las directivas regionales, es la única en la Dirección Nacional, pero el mayor anhelo de su vida, tener una parcela, le parece un espejismo.
Datos del Incora señalan que desde 1994, cuando el Estado comenzó a elaborar programas específicos para la mujer, 27.974 hectáreas de tierras han sido adjudicadas a campesinas.
mpes
