El debate sobre la impunidad de la violación de derechos humanos resurgió en Chile, al rechazar el parlamento la acusación constitucional contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia que absolvieron a militares procesados por el asesinato del diplomático español Carmelo Soria.
La Cámara de Diputados descartó este martes de noche la propuesta de acusación a los cuatro jueces por 74 votos en contra, ante 31 a favor.
Sola Sierra, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, increpó al término de la sesión parlamentaria a los diputados del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC), calificándolos de "cómplices" de los crímenes de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90).
Veintinueve de los 32 diputados del PDC sumaron sus votos a la oposición derechista para rechazar el juicio político a los cuatro magistrados.
La acusación fue apoyada por los representantes de los partidos Socialista y Por la Democracia, que conforman junto al PDC y al pequeño Partido Radical Socialdemócrata la gobernante Concertación por la Democracia.
Al igual que el juicio por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, finalizado en 1995, el proceso por el caso Soria fue considerado uno de los más trascendentales en materia de derechos humanos.
Soria, funcionario de la Comisión Económica para América Latina, de Naciones Unidas, fue secuestrado y asesinado bajo tortura por militares al servicio de la más tarde disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en julio de 1976.
Los jueces de la Corte Suprema de Justicia Eleodoro Ortiz, Enrique Zurita, Hernán Alvarez y Guillermo Navas fueron acusados constitucionalmente por absolver, según los términos de la ley de amnistía que Pinochet promulgó en 1978, a dos miembros del ejército encausados en el proceso
Los 11 diputados acusadores sostuvieron que los magistrados incurrieron en "notable abandono de deberes" al no hacer prevalecer sobre esa ley local las convenciones de protección a diplomáticos suscritas por el Estado chileno.
Tanto en el fallo judicial como en la votación en la Cámara de Diputados prevaleció el argumento de que durante el proceso "no fue acreditada suficientemente" la condición de Soria como funcionario internacional de rango diplomático.
De esta forma, tanto la Corte Suprema como la mayoría de los diputados eludieron pronunciarse sobre la inaplicabilidad de la amnistía de Pinochet en el único caso de una víctima con rango diplomático entre los 2.500 desaparecidos y asesinados bajo la dictadura.
El desenlace en el parlamento deja abierta la puerta para que el Estado chileno sea llevado ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, si España u otro fimante de las convenciones de protección a diplomáticos así lo pidieran.
El gobierno de Eduardo Frei busca evitar ese virtual enjuicimianto internacional y entabló negociaciones con las autoridades españolas para ofrecer una reparación material a la familia Soria.
La viuda del diplomático, Teresa González-Vera, y su hija Carmen Soria anunciaron que no aceptarán una compensación material sin una previa reparación moral por parte del Estado chileno.
La familia exige que el gobierno establezca inequívocamente que Soria era funcionario de Naciones Unidas y que fue asesinado por la DINA. También pide la pública identificación de los integrantes de la brigada que cometió el crimen y su retiro del servicio militar activo.
Los últimos encausados, absueltos por la amnistía el 21 de agosto, fueron el coronel retirado Guillermo Salinas y el sargento, también en retiro del Ejército, José Ríos San Martín, miembros de la brigada "Mulchén" de la DINA.
En el curso de la investigación judicial, activada en 1993 luego de que el caso permaneciera archivado desde 1978, se estableció que en esa brigada participaron también los coroneles Jaime Lepe y Pablo Belmar, aún en servicio activo.
Se cree casi imposible que el gobierno de Frei acepte difundir oficialmente los nombres de los secuestradores y torturadores de Soria, un hecho que afectaría el propósito central de la amnistía de Pinochet, de "borrón y olvido" de los crímenes contra los derechos humanos.
Pinochet, quien se mantiene como comandante en jefe del Ejército, ha presionado permanentemente para conseguir que la amnistía se aplique sin investigar los casos y menos revelar la identidad de los acusados.
La derogación de la ley de amnistía de 1978 estaba en el programa de gobierno de la Concertación por la Democracia, pero fue desechada en nombre del "realismo político" a comienzos del gobierno de Patricio Aylwin (1990-94), el primero de la restauración democrática. (FIN/IPS/ggr/ff/hd/96
