La huelga general por tiempo indeterminado dispuesta por la central sindical, un paro cívico de 24 horas en el oriental distrito de Santa Cruz, el bloqueo de caminos en todo el país y la presencia de 20.000 campesinos en La Paz ponen a Bolivia al borde del estallido social.
El centro de la tormenta reside en el proyecto de ley de Modificación del Servicio de Reforma Agraria, conocido como Ley INRA, que el gobierno presentó el lunes al parlamento, pese al rechazo de campesinos y empresarios.
La Central Obrera Boliviana (COB) anunció para este jueves el comienzo de una huelga general en solidaridad con los campesinos, que marcharon sobre La Paz desde sus comunidades y permanecen en la ciudad.
Los campesinos rechazan algunos puntos de la Ley INRA y, especialmente, se oponen a la creación de una Superintendencia Agraria, contemplada en la misma iniciativa, que teendría poderes para revertir tierras a poder del Estado.
"La huelga estará acompañada con movilizaciones permanentes, marchas de antorchas, bloqueos y otras medidas", advirtió el máximo dirigente de la COB, Edgar Ramírez.
Simultáneamente, la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia anunció el comienzo de una huelga de hambre de sus dirigentes, que en principio será cumplida por unas 30 personas.
La confederación campesina también ordenó a sus afiliados del campo el bloqueo de caminos y carreteras interdepartamentales e interprovinciales a partir del próximo lunes, e impedir el suministro de productos agropecharios a las ciudades.
Mientras, el Comité Cívico de Santa Cruz dispuso un paro de 24 horas para el viernes en respaldo a los empresarios agropecuarios de ese distrito, el más próspero del país, que rechazan el pago de impuestos a la posesión de tierras que propone el proyecto de Ley INRA.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, máxima organización nacional del sector, se pronunció en apoyo de los hacendados y en contra de la Ley INRA.
José Luis Camacho, presidente de los empresarios, calificó el proyecto de Ley INRA de "cortoplacista", "empobrecedor" y "confiscador".
"El gobierno no es dueño de la verdad, y estamos en un país donde ya la gente aprendió a sumar y a restar", dijo Camacho.
La región de Santa Cruz es escenario de una potente actividad agroindustrial apoyada en grandes explotaciones rurales. El proyecto de ley determina el monto de los tributos según la extensión de las propiedades privadas.
Mientras, la zona occidente se caracteriza por el minifundio surgido de la reforma agraria de 1953, que distribuyó tierras a unidades familiares e incluso a individuos.
Los 20.000 campesinos llegados la semana última a La Paz desde varios puntos del país marchan diariamente por las calles de la ciudad, bloquean puntos claves de circulación de vehículos y n y amenazan radicalizar sus medidas si el gobierno no atiende sus demandas.
También los trabajadores de cooperativas mineras anuncian su movilización. Unos 20.000 mineros cooperativistas marcharán a La Paz el próximo lunes para expresar su rechazo de un proyecto de reforma del Código de Minería que, según aseguran, únicamente favorece a los grandes consorcios mineros, en perjuicio de las iniciativas pequeñas y medianas.
Ante tantas protestas, las Fuerzas Armadas están "dispuestas a tomar acciones" para garantizar la seguridad nacional y la paz social, dijo el ministro de Defensa, Jorge Otásevic.
El ministro de Gobierno (Interior), Carlos Sánchez, descartó de momento la eventualidad del estado de sitio, pero advirtió que el gobierno será inflexible con "la gente que se sitúe al margen de la ley" en las movilizaciones en curso.
"No habrá bloqueo de caminos porque en Bolivia existe gobierno, autoridad y ley, y a nadie le está permitido perjudicar de la manera como estos señores (los campesinos) quieren hacerlo. Y esto no es una amenaza", declaró Sánchez. (FIN/IPS/jcr/ff/lb/96