El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial pondrán a prueba sus mecanismos de investigación interna tras una denuncia que iniciaron afectados por la represa Yacyretá, en la frontera argentino-paraguaya.
Ambas instituciones fueron acusadas por miles de reclamantes, representados por una organización no gubernamental de Paraguay, de haber violado sus propias disposiciones al financiar la construcción de la central hidroeléctrica, que ha provocado graves perjuicios sociales y ambientales.
Los dos bancos eludieron sus responsabilidades en materia de protección del ambiente y compensación adecuada a los 50.000 residentes en la zona de la represa, muchos de los cuales fueron obligados a mudarse, según Sobrevivencia, la institución que representa a los afectados.
Sobrevivencia, grupo afiliado a la alianza internacional Amigos de la Tierra, presentó una queja ante el Banco Mundial y el BID el 30 de septiembre, con la finalidad de impedir nuevas inundaciones sin que éstos se comprometan a mitigar los costos sociales y ambientales de Yacyretá.
Los residentes en el área pretenden la construcción de nuevos poblados y la demarcación de zonas protegidas que compensen aquéllas que ya han sido o serán inundadas.
La queja presentada representa la primera prueba de la capacidad del BID de investigar sus propias investigaciones, un mecanismo que nunca fue empleado dentro del banco.
Según los reglamentos de la institución, la queja deberá ser sometida a la Junta de Directores Ejecutivos y a los gerentes del BID, quienes cuentan con aproximadamente un mes para replicar las acusaciones.
Los directores ejecutivos decidirán, entonces, si encomendarán una investigación independiente a un panel de expertos.
El presidente del BID, Enrique Iglesias, dio su aval al inicio del trámite, pero no puede recomendar una investigación si no constata previamente que Sobrevivencia está autorizado para representar a los afectados, informó un portavoz del banco.
Pero la organización se excusó de identificar a los denunciantes en la primera fase de la investigación para evitar "represalias" contra ellos.
"Los nombres de las personas que autorizaron a Sobrevivencia a representar sus intereses serán disponibles solo para el panel de inspección del Banco Mundial. De otro modo, serán confidenciales", sostuvo.
Los denunciantes, según Sobrevivencia, son residentes de Encarnación, la tercera ciudad más poblada de Paraguay.
El temor a represalias se basa en su falta de confianza en las autoridades locales y en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), la comisión que dirigió la construcción de la obra y recibió del presidente de Argentina, Carlos Menem, el calificativo de "monumento a la corrupción".
El BID "debería sellar con Sobrevivencia un acuerdo formal de confidencialidad" para que la denuncia siga su curso dentro de la institución, dijo el vocero del banco.
De todos modos, funcionarios del BID admitieron que la Junta de Directores podría actuar sin la recomendación de Iglesias. "La Junta tiene derecho a decidir por sí misma. Es independiente y tiene la última palabra", explicó uno.
Esta queja es la séptima entregada al Panel de Inspección del Banco Mundial, que acusó recibo de la denuncia el día 1.
La dirección del Banco Mundial dispone de tiempo hasta el día 31 para suministrar al panel "evidencia escrita de que cumplió, o intentó cumplir, con las políticas y procedimientos en la implementación" del Proyecto Hidroeléctrico Yacyretá, que contó con su financiamiento.
A partir de entonces, el panel contará con 21 días para recomendar a los directores ejecutivos del banco si la queja procede y, de ese modo, se originará una investigación exhaustiva.
La queja presentada acusa a los bancos de violar sus propias disposiciones sobre reasentamientos involuntarios, protección del ambiente, pueblos indígenas y tierras vírgenes.
Sobrevivencia argumentó que ambas instituciones contaban con suficiente evidencia al respecto para suspender los préstamos destinados a la obra, que ascendieron a 1.600 millones de dólares desde 1979, pero no lo hicieron.
Los reclamos cuentan con el respaldo de una auditoría interna del Banco Mundial entregada el 19 de agosto.
El banco conocía a inicios de la década del 80, antes de que comenzara la construcción, que las "cambiantes condiciones económicas y tecnológicas convertían la cancelación del crédito y la alternativa en base al gas en una opción más atractiva".
Pero "el banco no actuó con decisión cuando se enfrentó a estos hechos", "aceptó reiteradas violaciones de importantes convenios" y "continuó asociado a un resultado totalmente insatisfactorio en materia financiera y operativa", según la auditoría.
La EBY "ha hecho pocos progresos en la implementación del programa de reasentamientos" de la población afectada, agregaron los expertos.
La construcción, que sobrepasó nueve años el plazo fijado para su conclusión y gastó miles de millones de dólares más de lo previsto, está cerca de terminar. Pero todavía no se tomaron las medidas necesarias para mitigar sus consecuencias, difíciles de evaluar, afirmaron los denunciantes.
Las compensaciones fueron inadecuadas para cerca de 5.000 personas ya obligadas a mudarse "a casas más pequeñas y de pobre calidad", según la queja. El costo de vida aumentó para estas familias, pues deben pagar transporte a sus lugares de trabajo y a las escuelas de sus hijos.
También perdieron el acceso a la pesca, su fuente básica de alimento. Todo ello constituye una violación de las políticas del Banco Mundial y el BID, que establecen que la calidad de vida de los desplazados debe mejorar o, al menos, mantenerse.
El pueblo indígena mbya guaraní debió retirarse de sus tierras ancestrales, reconocidas por la constitución de Paraguay, a un predio surcado por cables de energía eléctrica y una gran carretera.
Nada hace prever que las autoridades podrán cubrir las necesidades de las 50.000 personas que serán desplazadas antes de 1998, cuando el embalse de Yacyiretá ocupe su máxima superficie y la altura del río Paraná se eleve de sus actuales 76 metros sobre el nivel del mar a 83 metros, de acuerdo con la denuncia.
Funcionarios del Banco Mundial admitieron el año pasado que no comenzaron a consultar a la población local hasta que las inundaciones estuvieron a punto de comenzar, en 1994.
Unas 80.000 hectáreas de territorio paraguayo serán inundadas, la mayor parte de ellas tierra virgen con especies animales y vegetales únicas en el mundo.
Los reglamentos del Banco Mundial disponen que no se debe destruir tierra virgen a menos que se reserven otros territorios en compensación. Se demarcaron en ese sentido apenas 9.000 hectáreas, y no están bien protegidas, según la queja.
"Dentro de los límites de esa reserva está emplazada una base militar, una carretera internacional y un gran vertedero de basura, y se le cavó para construir la represa", agregaron los denunciantes. (FIN/IPS/tra-en/aa/pz/mj/en pr/96
