Siete policías, procesados por ejecuciones extrajudiciales conocidas a través de la televisión por toda Venezuela, quedaron en libertad porque un juez superior revocó órdenes de detención dictadas por colegas de primera instancia.
La decisión arrojó un balde de agua fría a la causa de los derechos humanos, "cuyas violaciones aumentan en Venezuela desde hace dos años" según un informe presentado al gobierno en julio por la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI).
Entre enero y julio de 1996 "en Venezuela 94 personas fueron ajusticiadas por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, luego que en el mismo período de 1995 hubo 88 ejecuciones extrajudiciales", dijo a IPS el abogado Juan Navarrete, de la no gubernamental Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.
El ministro de Justicia, Henrique Meier, se declaró "consternado" por la decisión del juez superior Arnoldo Echegaray, y el diputado Vladimir Villegas, presidente de la comisión de derechos humanos del parlamento, solicitó a la Fiscalía General de la República nuevas investigaciones.
El 17 de junio, tres delincuentes asaltaban a pleno día una pastelería en Caracas cuando fueron sorprendidos por unidades de la Policía Metropolitana, dependiente del gobierno central.
Los asaltantes ofrecieron resistencia armada y en el cruce de disparos perecieron uno de ellos y una funcionaria policial, Rosario Martínez. la primera mujer policía abatida en un enfrentamiento callejero.
Las cámaras de Radio Caracas Televisión, uno de los dos canales comerciales con alcance nacional, grabaron la escena de los otros dos asaltantes, esposados, cuando por sus propios pies subieron a un auto-patrulla. Uno estaba herido en un hombro.
Poco después, los cadáveres de todos los asaltantes, con varios impactos de bala, fueron mostrados en la morgue de un hospital, y el comando de la Policía Metropolitana informó que los individuos perecieron en "un enfrentamiento".
El día 18, la televisora difundió imágenes de los asaltantes detenidos con vida, y ante el escándalo el general Rafael Bustillos, comandante de la Policía Metropolitana, ordenó detener a los agentes, pues aseguró que no permitirá "atentados contra los derechos de la gente, aún en los momentos de mayor dolor".
Los agentes no confesaron culpas por la muerte de los asaltantes, reveló el jefe de la Policía Judicial, José Lazo, y el diputado oficialista Elías Mayaudón dijo en un debate sobre el caso que la Metropolitana tenía un código secreto: dar muerte a quienes maten a cualquiera de sus integrantes.
Con los elementos a su disposición, la jueza penal de primera instancia Teresa Hoffman ordenó detener a los siete policías, imputándoles el delito de "homicidio intencional calificado en grado de complicidad correspectiva".
Ello por no poder establecer cuál persona abatió a los asaltantes, presumiblemente en el recorrido entre la panadería y el hospital, y otra jueza, Gledys Vargas, agregó a los gendarmes el cargo de uso indebido de arma de fuego.
Pero el 2 de septiembre, Echegaray, juez superior accidental (reemplazo de un titular en vacaciones), revocó las órdenes de detención alegando vicios en la instrucción del expediente, y dejó abierta la investigación.
Meier, consternado, criticó a Echegaray porque "debió estudiar más el caso, ya que el vídeo habla por sí solo", y sostuvo que "no puede ser que jueces temporales, vacacionales, dicten estas decisiones que sorprenden al ciudadano".
Villegas recordó a IPS que Echegaray "tiene como antecedente su inhibición en un caso de narcolavado", y que antes de ser juez, en 1990-1992 fue "síndico (defensor) de la alcaldía de Caracas, y trató de llevar a la cárcel a concejales que pidieron investigar su gestión".
El parlamentario solicitó a la Fiscalía este jueves que ordene una nueva autopsia y pruebas de balística en los cadáveres de los asaltantes de la pastelería, para establecer si perecieron en un enfrentamiento o fueron víctimas de una ejecución.
También pidió que investigue los pormenores de la decisión de Echegaray "pues pudo actuar bajo presión de jefes policiales", y solicitó un pronunciamiento sobre si los siete agentes deben incorporarse o no a sus funciones en la Policía Metropolitana.
Echegaray explicó su decisión porque al revisar el expdiente "no existían elementos suficientes para ordenar la detención preventiva de los funcionarios policiales", y envió una carta a la Presidencia de la República señalando "intromisión" de Meier en la esfera del poder judicial.
Cuando presentó su informe sobre Venezuela en julio, el secretario general de AI, el senegalés Pierre Sané, dijo que "los funcionarios policiales se comportan como impunes poseedores de la ley" y criticó "la falta de voluntad política" para enfrentar violaciones de los derechos humanos.
Navarrete lamentó que "sobre Venezuela se extiende un manto de impunidad, de efecto letal, porque legitima acciones violentas, fortalece al agresor y debilita a las víctimas".
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos critican el trabajo de la Policía Judicial (auxiliar de tribunales) en la elaboración de expedientes, de la Fiscalía y del Consejo de la Judicatura, órgano que debe velar por la conducta de los jueces, recordó Navarrete.
También destacó que la mayoría de las ejecuciones "ocurre a manos de funcionarios de las policías de los estados y de la Metropolitana, que son las de mayor contacto con los ciudadanos", quienes "pierden la confianza en los organismos de seguridad". (FIN/IPS/hm/ag/hd/96
