El presidente de Venezuela, Rafael Caldera, encargó hoy a una comisión dirigida por el arzobispo católico Jorge Urosa la vigilancia de programas sociales compensatorios del duro plan de ajustes macroeconómicos que lanzó en abril.
Los obispos venezolanos han mantenido un perfil crítico ante la gestión de Caldera, un socialcristiano de 80 años cuya carrera apoyaron muchas veces, y en particular reclaman que la política económica se traduzca en justicia social.
Caldera pidió a la comisión, encabezada por Urosa como su representante e integrada también por sindicalistas, empresarios, gobernadores, alcaldes, parlamentarios y militares en actividad, que vele para que los programas sociales se cumplan "en forma eficiente y con el mayor criterio de justicia".
Se trata de programas de subsidios directos a hogares de escolares, entrega de alimentos básicos, comedores, uniformes, útiles y subsidio de transporte a estudiantes, estímulo al empleo de jóvenes y mejoras en los ingresos de los ancianos.
También de atención materno-infantil, de distribución de medicinas y equipos médicoquirúrgicos en centros ambulatorios en áreas pobres, y de hogares para el cuidado de hijos de trabajadoras.
Los programas alcanzan a un total de 12 millones de personas, en un país de 22 millones de habitantes, dijo a corresponsales extranjeros el ministro de Planificación, el socialista Teodoro Petkoff.
La mayoría de esos auxilios ya se distribuían desde 1989, pero el gobierno de Caldera los reformuló como 14 programas sociales dentro de la "Agenda Venezuela", el plan de ajustes que lanzó en abril con apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Ese plan hizo caer el poder adquisitivo de los venezolanos al quintuplicar el precio de los combustibles, devaluar la moneda antes de liberar el tipo de cambio, elevar de 12,5 a 16,5 por ciento el impuesto a las ventas y liberar precios, tarifas y tasas de interés.
Según investigaciones privadas, no desmentidas oficialmente, 84 por ciento de la población venezolana vive en la pobreza, con cerca de la mitad en pobreza crítica, lo que significa que todos los ingresos del grupo familiar no bastan para comprar los alimentos necesarios.
Petkoff recordó que "el 10 por ciento más rico de los venezolanos recibe 46 por ciento del ingreso nacional, mientras que el 10 por ciento más pobre apenas percibe 1,6 por ciento".
Para el "componente social de la Agenda Venezuela", el gobierno pactó con el FMI destinar recursos equivalentes a dos puntos del producto interno bruto (PIB), y también convino con el organismo en que comenzará a desmontarlos en 1997.
La Iglesia Católica, además de insistir sobre el agravamiento de la pobreza, ha ofrecido su estructura para canalizar parte de los auxilios sociales.
"La Iglesia Católica está ayudando considerablemente en la ejecución de los programas sociales, y nos interesa como garantía de limpieza" reconoció Petkoff, teórico de una disidencia en el comunismo venezolano entre 1968-1971 que culminó con la creación del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Baltazar Porras, arzobispo de la sudoccidental ciudad de Mérida y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, sostuvo que en los programas sociales que administra el gobierno "entre 60 y 75 por ciento del gasto se va en burocracia, mientras que en los de la Iglesia ese gasto se limita a 25 por ciento".
Ahora con Urosa, arzobispo de Valencia -ciudad industrial al oeste de Caracas- presidiendo la comisión de vigilancia, la Iglesia asume un papel protagónico y de envergadura nacional en la ejecución de los programas.
El papel coordinador de Urosa resalta porque los progrmas involucran numerosos despachos, en este país que no cuenta en el gabinete con un único responsable del Bienestar Social y con ministerios de Salud, Educación, Trabajo, Familia y Juventud.
Al iniciar su gobierno en 1994, Caldera nmbró al socialista Pompeyo Márquez como ministro coordinador del área social y para cuestiones de frontera, pero en la práctica el funcionario devino encargado de los asuntos fronterizos y no de los sociales.
Con Urosa como vigilante número uno de la agenda social, la Iglesia adquiere una participación indirecta pero de primera línea en la gestión gubernamental, luego que analistas y fuentes del palacio de gobierno señalaran que el crítico episcopado "actúa como un partido de oposición".
La Iglesia Católica es, según todas las encuestas, la institución con mayor credibilidad entre los venezolanos. (FIN/IPS/hm/ag/ip-pr/96
