El Ejército Popular Revolucionario (EPR) de México anunció la suspensión de operaciones para "promover" los comicios que se celebrarán en el sureño estado de Guerrero, pero el gobierno no da tregua y continúa su ofensiva.
Informes procedentes de Guerrero, donde el EPR hizo su aparición en junio, indicaron este jueves que militares fuertemente pertrechados rastrean por aire y tierra zonas de montaña e interrogan a todos aquellos que ingresan en las áreas en conflicto.
Según la oposición, sus simpatizantes en Guerrero son hostigados por el ejército con el "pretexto" de la persecución de los insurgentes y los hechos desalientan la participación en las elecciones del 6 de octubre.
Los votantes de Guerrero, uno de los 32 estados de México con mayor presencia de la oposición de centroizquierda, han sido convocados para elegir 46 diputados locales y representantes a 76 ayuntamientos.
El EPR aclaró que no se opone "de ninguna manera" a la lucha electoral, como afirman sectores oficiales, para asegurar en un comunicado que no realizará acciones ofensivas desde este miércoles hasta el 27 de octubre.
La población debe defender el voto "hasta las últimas consecuencias, para que la derrota que hoy" se pueda infligir al gobierno en las urnas "pueda fructificar más adelante en derrotas más grandes y en los campos más diversos", manifestó el EPR.
Diversas encuestas pronostican que el centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) arrebatará al gobernante Revolucionario Institucional (PRI) un importante número de ayuntamientos y escaños legislativos en Guerrero.
desde comienzos de esta década, afiliados al PRD administran varias municipalidades de las zonas rurales de ese estado, ls más vigiladas actualmente por los militares.
Líderes del PRD y de grupos campesinos y humanitarios denuncian que "a pretexto de perseguir al EPR", con el que dicen no tener vínculos, los militares y policias detienen y hasta torturan a sus militantes.
Grupos no gubernamentales como Alianza Cívica anunciaron que destacarán delegados a los comicios de Guerrero para evitar que la presencia militar atente contra el derecho al voto.
Mientras, el representante del PRI en ese estado del sur, René Juárez, se declaró convencido de que su partido triunfará "sin duda" en los principales distritos electorales.
Marcado por el contraste entre centros turísticos como Acapulco e Ixtapa y poblaciones indígenas de alta marginalidad, como Yerbasantita o Tepetixtla, Guerrero ha sido desde los años 60 escenario de movimientos armados y de enfrentamientos entre campesinos y hacendados.
Ante la presencia de un nuevo grupo armado, al que el gobierno califica de terrorista, decenas de corresponsales de medios nacionales y extranjeros comenzaron a gestionar sus acreditaciones para cubrir las elecciones en Guerrero.
"Frente al EPR no hay más arma que el derecho y la fuerza del Estado", declaró el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, al descartar cualquier posibilidad de diálogo con los rebeldes.
El EPR, que dice luchar por un gobierno "democrático y pupular", indica que su actual estrategia consiste en hostigar y enfrentar a las fuerzas "represivas" del gobierno con la "táctica de guerra de guerrillas".
"Después de llevar a cabo exitosamente esa modalidad, pueden ser creadas grandes fuerzas regulares populares que, sin dejar de lado la utilización de la guerra de guerrillas, permitan al pueblo arribar a la victoria", consignó el EPR en un comunicado difundido el día 16.
La organización armada, que también se niega a negociar con el gobierno, demostró tener presencia en al menos tres estados del país cuando el 28 de agosto lanzó ataques simultaneos contra guarniciones militares y policiales, dejando un saldo de 16 muertos.
El gobierno de Ernesto Zedillo sostiene que el EPR, cuya fuerza real se ignora, surgió del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo, un grupo fundado en los años 60 y responsable de más de 60 atentados.
Pero el EPR afirma ser el brazo armado del Partido Democrático Popular Revolucionario, una organización clandestina que nuclea al parecer a movimientos políticos de al menos ocho estados del país.
La Comisión Nacional de Intermediación, que media entre el gobierno y la guerrilla zapatista propuso los últimos días ampliar los dialogos de paz de Chiapas, suspendidos desde inicios de mes, a otras fuerzas políticas y militares.
El gobierno, que señala que no conversará con "terroristas", rechazo la sugerencia y demandó a la Comisión, que preside el obispo de Chiapas, Samuel Ruiz, definir qué lugar quiere ocupar en la negociación: si el de mediador o actor político. (FIN/IPS/dc/96).
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Marcado por contrastes entre centros vacacionales como Acapulco e Ixtapa y poblaciones indígenas de alta marginalidad como Yerbasantita o Tepetixtla, Guerrero ha sido desde los años 60 escenario del surgimiento de movimientos armados irreguales y de peri<<162>, decenas de corresponsales de medios locales y extranjeros comenzaron a gestionar sus acreditaciones para cubrir las próximas elecciones en Guerrero.
"Frente al EPR no hay más arma que el derecho y la fuerza del Estado", declaró hace poco el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, al descartar cualquier posibilidad de diálogo con el nuevo grupo guerrillero.
El EPR, que dice luchar por un gobierno "dey enfrentar a las fuerzas "represivas" del gobierno con la "táctica de guerra de guerrillas".
"Después de llevar a cabo exitosamente esa modalidad, pueden ser creadas grandes fuerzas regulares populares, obierno, demostró tener presencia en al menos tres estados del país cuando el 28 de agosto pasado realizó ataques simultaneos contra guarniciones militares y policiales, dejando un saldo de 16 muertos.
El gobierno del presidente Ernesto Zedillo sostiene que el EPR, cuyo número de hombres aún es un misterio, nace del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo, grupo fundado en los años 60 y responsable de más de 60 "atentados terroristas".
El EPR en cambio sostiene que es el brazo armado del Partido Democrático Popular Revolucionario, organización clandestina que reuniría a movimientos políticos de al menos ocho estados del país.
La Comisión Nacional de Intermediación, árbitro entre el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, propuso ampliar a otras fuerzas políticas e insurgentes el diálogo de paz del también sureño estado de Chiapas, suspendido desde principios de este mes.
El gobierno rechazó la sugerencia y demandó a la Comisión, que está presidida por el obispo de Chiapas, Samuel Ruiz, definir su lugar en la negociación. O sea, si pretende ser mediador o actor. (FIN/IPS/dc/ff/ip/96
