La mayoría de los habitantes del Mercosur considera que la justicia no les ofrece suficientes garantías. Esa creencia se traslada a los empresarios, que pretenden que sus conflictos se diriman ante tribunales rápidos, eficientes y seguros.
Los negocios entre empresas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se multiplicaron al institucionalizarse el Mercosur, pero también lo hicieron las posibilidades de conflictos.
La preocupación de los empresarios, que por el momento deben recurrir a los tribuanales comunes, no parece influir por el momento en los gobiernos, que no se ponen de acuerdo para crear un tribunal supranacional de justicia.
Mientras Uruguay y Paraguay se inclinan por la creación de ese organismo regional, Brasil se opone y Argentina observa expectante.
La justicia argentina se convirtió en la más cuestionada de la región, al grado que la poderosa Sociedad Rural le exigió al gobierno del presidente Carlos Menem que imponga "una justicia independiente, esencial en el sistema republicano".
Una reciente encuesta de la empresa Gallup estableció que sólo 11 por ciento de los consultados confía en la justicia de ese país, lo que marcó una caída de 15 puntos con relación a 1995.
En Uruguay la situación no tiene ese dramatismo, pero las encuestas indican que los ciudadanos tienen una imagen negativa de la justicia, mientras que en Paraguay la institución aún no logró afianzarse y recibe continuas críticas de parcialidad.
En Brasil, en cambio, los jueces no son el centro de cuestionamientos y reciben la consideración de sus colegas de la región como un ejemplo de profesionalismo, según consultas realizadas por IPS.
La Asociación de Magistrados de Brasil convocó a las asociaciónes de jueces del cono sur para un debate concreto sobre el papel del magistrado en la estructura de mercado común y la institucionalización de un tribunal supranacional.
Aunque en la reunión que entre el 28 y el 30 de noviembre se celebrará en la ciudad brasileña de Florianópolis no se definirá el tema, la convocatoria es clara.
"El Mercosur no se revela solamente como un mercado común instituído para fines económicos, sino que también representa la institucionalización de un nuevo modelo jurídico transnacional", dijeron los organizadores.
La iniciativa despertó recelo en el gobierno y José Botafogo, subsecretario general de Asuntos de Integración Económico y de Comercio Exterior de la cancillería brasileña, salió al cruce.
El funcionario dijo en el diario Gazeta Mercantil que la propuesta de los jueces "desconoce los méritos del mecanismo de solución de controversias previsto en la estructura institucional del bloque".
La reunión de Florianópolis será precedida formalmente por otra, entre los días 19 y 22 en Ouro Preto, cuando los presidentes de las Cortes Supremas de los países del área analicen el tema.
La cita coincide con la reunión en la misma ciudad del Primer Congreso Internacional sobre Solución de Controversias en el Mercosur.
Los jueces y los juristas parecen dispuestos a ubicarse en la vanguardia del tema, sacándole amplia ventaja a los gobiernos.
Integrantes del Colegio de Abogados de Paraguay se preparan para una reunión en la que analizarán la unificación de la legislación de los países del bloque.
En Uruguay, una comisión especial de la Asociación de Magistrados, analiza el tema para elaborar un documento, mientras que ese gremio convocará a interesados para intervenir en un seminario sobre el Mercosur y su legislación, en varios países europeos.
Milton Cairoli, ministro de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay y catedrático de Derecho Penal de la Universidad estatal, esta convencido que se requiere un tribunal supranacional.
"El respeto al ordenamiento jurídico comunitario sólo es posible mediante la cración de un Tribunal de Justicia del Mercosur" para controlar la legalidad de la actuación de las instituciones y el cumplimiento del tratado.
Cairoli dijo a IPS que curiosamente los distintos procesos de integración económica de América Latina, con excepción de la Comunidad Andina, carecen de un tribunal como órgano de control de legalidad.
En los acuerdos desarrollados hasta ahora, incluida la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), la facultad de interpretación de las normas jurídicas se ha dejado a organismos políticos y advirtió que ello trae como consecuencia que el individuo tampoco sea admitido a partiripar en ese mecanismo.
Es fundamental que el sujeto psicofísico pueda hacerlo, en defensa de sus derechos, lo que sólo será posible en la medida en que se conceda al tribunal una competencia obligatoria y excluyente de otros mecanismos que distorsionen la administración de una justicia imparcial, independiente y homogénea".
Cairoli, quien asumirá en 1997 la presidencia de la Suprema Corte de su país, señaló que el tribunal deberá crearse por un tratado internacional, complementario, negociado y aprobado por los países miembros, conforme a sus constituciones.
En el caso del Mercosur, parece aconsejable que se haga una enumeración de las normas que integran el ordenamiento jurídico en el que deberá desenvolverse el tribunal", afirmó, "pero no en forma taxativa, permitiendo que se pueda legislar o elaborar jurisprudencialmente el contenido del derecho comunitario".
Con respecto a la enumeración del contenido del ordenamiento jurídico en el que debería actuar el tribunal, recordó que hay solo dos ejemplos en el mundo: la Unión Europea y la Comunidad Andina.
La Unión Europea optó por no definir el contenido de su ordenamiento jurídico y es la jurisprudencia la que abre el camino a sus sentencias, en tanto la Comunidad Andina eligió hacer una enmeración taxativa del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena. (FIN/IPS/rr/ag/ip/96
