Un juez de Honduras libró hoy una segunda orden de captura contra un grupo de militares por la desaparición forzada de dos personas, por cuestiones políticas, en la década pasada.
El juez Celino Aguilera, de la sureña ciudad de Choluteca, emitió la primera orden de captura el 24 de junio pasado, pero sólo uno de los siete militares procesados se presentó ante tribunal y después de seis días de indagatorias fue dejado en libertad.
Entre los seis militares que no se presentaron se encuentra el general Daniel Balí Castillo, ex comandante de la policía.
Ante esta situación, Aguilera emitió la segunda orden y advirtió al comandante de la policía, coronel Julio Chávez, y al director de Investigación Criminal del Ministerio Público (DIC), Wilfredo Alvarado, que deben capturar de inmediato a los procesados y, si no lo hacen, procederá contra ellos.
Organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos denunciaron que los militares prófugos por un juicio en Tegucigalpa y otro en Choluteca gozan de la protección de las Fuerzas Armadas.
En el juicio abierto en la capital hondureña por la desaparición forzada temporal de seis estudiantes universitarios de izquierda en 1982, se encuentran prófugos el coronel Alexander Hernádez y el ex capitán Billy Joya.
En el juicio en Choluteca por la desaparición de los campesinos Adán Avilez y Amado Espinoza, el 12 de junio de 1982, se encuentran prófugos, además del general Balí, cuatro coroneles Marco Antonio Matute y Alexander Hernández, en actividad, y los retirados Enrique Suárez y Juan Grijalba.
Estos oficiales ocupaban cargos importantes en la policía cuando ocurrió el secuestro y muerte de los dos campesinos, cuyos cadáveres fueron exhumados en 1995 por el Comité de Derechos Humanos, con ayuda de antropólogos argentinos.
El portavoz de la policia, Danilo Orellana, dijo que el juez Aguilera tiene potestad de emitir esta segunda orden de captura y que al no fijar un plazo debe actuarse de inmediato.
"No ha habido negligencia de parte de la policía, pero carecen de un grupo especializado en capturas, como lo tiene la DIC del Ministerio Público", dijo Orellana.
El director de fiscales del Ministerio Público, Dagoberto Mejía, dijo que si el juez procede contra el Comandante de la Policía y el Director de la DIC debe probar que hay negligencia en estos organismos.
"Si los organismos hacen las diligencias correspondientes no pueden incurrir en delito. Se hacen los esfuerzos, pero los militares están prófugos", dijo.
Mario Villanueva, portavoz de las Fuerzas Armadas, dijo que debe entenderse que la policía no ha capturado a los militares prófugos porque desconoce su paradero, descartó que hubiera negligencia en ello.
En la década pasada, los gobierno de Honduras aplicaron drásticamente la doctrina de la seguridad nacional que codujo a la desasparición de 184 personas, pero los organismos de derechos humanos lograron exhumanar los restos de un estudiante y dos campesinos, y con ello iniciar los juicios en los tribunales.
Los organismos defensores de los derechos humanos exigen incansablemente castigo a los responsables de estas desapariciones, la indemnización de sus familiares y la construcción de un monumento en su memoria.
El presidente Carlos Roberto Reina ha sostenido en forma reiterada que estos casos deben resolverse en los tribunales, pero se muestra de acuerdo con indemnizar a los familiares de la víctimas y construir un monumento en su menoria. (FIN/IPS/jrd/ag/ip-hd/96
