El ex jefe del gobierno y líder del socialismo de España, Felipe González, justificó hoy la "guerra sucia" librada bajo su gobierno contra los independentistas vascos entre 1983 y 1987, mientras siguen juicios que pueden inculparlo.
La represión ilegal fue organizada desde el Ministerio del Interior, según confesión de altos funcionarios del organismo, y se concretó en más de 40 atentados, con secuestros, tortura, desaparición y muerte de 27 personas, parte de ellas vinculadas o pertenecientes a la organización separatista vasca Eta.
González, entrevistado este jueves por la cadena radiofónica SER, negó que durante su mandato (1982-1996) hubiese habido "terrorismo de Estado".
Si hubiese existido terrorismo de Estado, añadió, las cifras de 900 personas muertas por Eta y 28 por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), se hubieran invertido.
Además, exclamó con énfasis, "dejémonos de historias, porque incidentes como los de España se han producido en todos los países donde la actividad terrorista ha golpeado a la democracia".
Citó a Francia y Alemania como ejemplo de esos "incidentes", como calificó a la réplica ilegal desde el Estado a la violencia de organizaciones ilegales o clandestinas.
González citó al presidente norteamericano Bill Clinton, cuando refiriéndose a atentados cometidos en su país dijo que a los autores los perseguiría donde quiera que estén, o se escondan donde se escondan.
Las opiniones del hoy líder de la oposición y secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), sobre quien pende la amenaza de juicio en uno de los procesos iniciados por los crímenes cometidos por los GAL, provocaron de inmediato la reacción de las fuerzas políticas.
El portavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV, moderado y gobernante en aquella región), Iñaki Anasagasti, y la portavoz de la coalición Izquierda Unida (IU) Cristina Almeida, consideraron las palabras de González una "salida de tono peligrosa".
El ministro del Interior y dirigente del gobernante Partido Popular (PP) en el País Vasco, Jaime Mayor Oreja, señaló que la existencia o no de terrorismo de Estado durante el gobierno de González "sólo puede ser determinada por los tribunales de justicia".
Dirigentes socialistas, en cambio, justificaron y respaldaron las declaraciones de su secretario general.
Las explosivas declaraciones del líder socialista se produjeron en momentos en que se acerca una decisión del Supremo Tribunal de Justicia, que deberá determinar si existen indicios de culpabilidad para citarlo a declarar en uno de los procesos al GAL.
Los juicios por el GAL, que se sustancian ante tres juzgados de instrucción, se vieron demorados por la negativa del gobierno presidido por José María Aznar a entregar a los jueces documentos de los servicios de inteligencia que comprometen a González y a varios de sus ministros, según copias divulgadas por la prensa.
Pero ahora, la Audiencia Nacional (tribunal de segunda instancia) ha determinado que las copias de esos documentos, que ya obran en poder de los jueces, pueden ser utilizadas como testimonios, al basarse también en declaraciones de otros imputados y testigos.
Dos decenas de ex altos cargos socialistas y mandos de las fuerzas de seguridad están procesados por este caso, entre ellos un ex ministro, un ex secretario de Seguridad del Estado y un ex jefe del mando antiterrorista, así como altos funcionarios policiales.
La mayor parte de ellos confesaron su participación y corroboraron la de los demás.
Por otro lado, parte de los diputados que en la anterior legislatura pudieron ver los documentos de los servicios de inteligencia referidos al GAL, como miembros de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, se manifestaron dispuestos a declarar ante la justicia.
Entre los crímenes del GAL que están investigando los jueces se cuentan el secuestro de Segundo Marey, un ciudadano español residente en el sur de Francia y ajeno a cualquier actividad política.
También el secuestro, tortura, asesinato y entierro bajo cal viva de dos jóvenes vascos acusados de simpatizar con Eta y el secuestro y asesinato de un joven pacifista, que se había refugiado en Francia para no hacer el servicio militar en España.
El último proceso abierto trata sobre el secuestro y uso de tres mendigos como cobayas para probar un narcótico que los servicios de inteligencia pensaban utilizar para secuestrar a un dirigente etarra. Uno de los mendigos murió.
Este caso, revelado a principios de este mes de septiembre, levantó airadas protestas en toda España, incluyendo la de la Sociedad de Cardiología -ya que un cardiólogo habría participado en la operación-, de la Iglesia Católica y del Defensor del Pueblo, quien exigió una investigación a fondo. (FIN/IPS/td/jc/ip/96
