Cuba decidió cooperar con el FBI (Oficina Federal de Investigaciones) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos en la investigación de un caso de piratería aérea, pero exige a Washington la entrega del secuestrador.
"Es un gesto de buena voluntad, pero insistimos en que la verdadera solución es la devolución del secuestrador en virtud de los acuerdos migratorios Estados Unidos-Cuba", dijo en conferencia de prensa la vocera alterna de la cancillería cubana, Marianela Ferreol.
Según Ferreol, el gobierno autorizó la visita a la isla de un agente del FBI y un fiscal estadounidense, que recopilaron datos para el eventual enjuiciamiento del ex teniente coronel cubano José Fernández Pupo, responsable del secuestro del avión.
La portavoz explicó que Cuba no obstaculizará el proceso legal que Estados Unidos decidió emprender contra el pirata aéreo.
Fernández Pupo secuestró el 7 de julio un avión cubano del tipo AN-2 y lo desvió a la base naval de Guantánamo, enclave militar estadounidense en territorio cubano, con el objetivo de pedir asilo.
Granma, órgano oficial del gobernante Partido Comunista de Cuba, informó que el avión se dedicaba al transporte de prensa y pasajeros de forma regular y que al ser desviado de su ruta "a punta de pistola" transportaba a nueve personas, dos de ellas menores de edad.
Este fue el primer caso de piratería aérea con intención de abandonar el país registrado desde mayo de 1994, cuando un piloto de la empresa Cubana de Aviación desvió hacia Miami un avión que cubría la ruta entre La Habana y Bahamas con 16 turistas.
"Si se cumplen los acuerdos, el secuestrador debe ser devuelto a las autoridades cubanas", dijo entonces Ricardo Alarcón, presidente del parlamento y representante del gobierno de Fidel Castro en las conversaciones con Estados Unidos sobre asuntos de migración.
Convenios bilaterales firmados el 2 de mayo de 1995 prevén la repatriación a la isla de todo cubano que intente emigrar ilegalmente a Estados Unidos, incluidos quienes intenten usar como puente la base de Guantánamo, situada a 970 kilómetros de La Habana.
Sin embargo, la repatriación no se verificó y al caso pendiente de Fernández Pupo se sumó, el 16 de agosto, el secuestro por tres cubanos de otra aeronave dedicada a servicios turísticos.
Los dos episodios de piratería aérea, junto al caso de un grupo de cubanos que fueron rescatados en alta mar y llevados a territorio estadounidense, enrarecieron el aire este verano boreal e hicieron pensar en la posible suspensión de los acuerdos migratorios entre los dos países.
Fuentes oficiales cubanas informaron el martes que 437 emigrantes ilegales han sido devueltos a la isla por Estados Unidos y que, a pesar de los casos pendientes, los convenios siguen en pie por voluntad e interés de ambas partes .
Mike McCurry, portavoz de la Casa Blanca, dijo un día después del secuestro protagonizado por Fernández Pupo que su gobierno tenía tres opciones: repatriar al responsable del hecho, enjuiciarlo en Estados Unidos o concederle asilo político.
Rafael Dausá, subdirector para América del Norte de la cancillería cubana, puntualizó que, más allá de su cooperación con el FBI, el gobierno de Castro cree que "la única solución verdadera para estos secuestros" consiste en que Estados Unidos entregue a Fernández Pupo y a los piratas aéreos del 16 de agosto. (FIN/IPS/da/ff/ip/96
