La ley Helms-Burton sigue hasta ahora la tradición implantada por sus antecesoras en la historia de la política de Estados Unidos hacia Cuba: lograr parte de sus objetivos y, al mismo tiempo, efectos totalmente contrarios.
"Dios aprieta pero no ahoga", dicen a menudo los cubanos y eso parecen demostrar más de 30 años de tensiones entre La Habana y Washington que, según observadores locales, ayudó al presidente Fidel Castro a mantenerse en el poder.
El bloqueo colocó al país caribeño en condiciones difíciles, provocó pérdidas superiores a los 41.000 millones de dólares, pero no logró derribar al gobierno ni aislar a Cuba.
La política estadounidense sirvió a las autoridades cubanas como argumento para justificar cualquier ineficiencia, aunque en ocasiones los errores no tuvieran absolutamente nada que ver con las medidas cocinadas en Washington.
"Antes era el bloqueo, ahora la Helms-Burton", dijo un profesor universitario firme partidario de la tesis de que Estados Unidos sería el principal beneficiado con el levantamiento del bloqueo.
Afectados en los años 60 cuando Washington decidió no negociar las compensaciones por las propiedades nacionalizadas en Cuba, los antiguos dueños ven alejarse cada vez más la posibilidad de una respuesta a sus reclamos.
"La ley pone en punto muerto las posibilidades para resolver, de forma racional entre los dos países, el proceso de reclamaciones de propiedades nacionalizadas", dijo el ministro cubano de Inversión Estranjera y Colaboración Económica, Ibrahim Ferradáz.
Cuba parte del principio de que cualquier negociación sobre las compensaciones debe ser a nivel gubernamental, en igualdad de condiciones, como ocurrió con Canadá, España, Gran Bretaña, Italia y México.
Fuentes especializadas locales aseguran que parte importante de estas deudas estarían saldadas si Estados Unidos hubiera aceptado el pago de las compensaciones de la forma establecidas por la legislación cubana.
La ley 851 del 6 de julio de 1960 estableció la expropiación forzosa de las propiedades en la isla de personas naturales y jurídicas de Estados Unidos y el pago de estas según tasación, por Bonos de la República, pagaderos en un plazo no menor de 30 años con un interés no menor del dos por ciento anual.
El fondo creado a tal efecto se nutriría del 25 por ciento de los ingresos correspondientes a las compras anuales de azúcar a Cuba por parte de Estados Unidos, por encima de una cuota de tres millones de toneladas largas españolas y a un precio no menor de 5,75 centavos de dólar la libra.
"Estas condiciones de indemnización, sustentadas en volúmenes tradicionales de exportación de azúcar a Estados Unidos, constituían una base real material para que hoy día los bienes expropiados hubieran sido compensados totalmente o en su mayor parte", según un estudio del investigador Alejandro Aguilar.
La Comisión de Reclamaciones Extranjeras presentó en 1972 al Congreso de Estados Unidos una lista de 5.911 reclamaciones aprobadas contra Cuba, por un valor de 1.799,6 millones de dólares y un interés anual de seis por ciento.
Aunque expertos cubanos utilizan estas cifras a la hora de evaluar las reclamaciones, fuentes oficiales ponen en duda la veracidad de las mismas al asegurar que nunca se comprobó si esas solicitudes y valoraciones eran ciertas, estaban infladas, duplicadas o empleaban documentos falsos.
El abogado estadounidense Robert L. Muse reconoció en La Habana que cualquier reclamación legal chocará con el gran obstáculo de que "la información primaria sobre la titularidad de bienes raíces está archivada de una forma utilizable y accesible solamente en Cuba".
Suscrita el 12 de marzo de este año por el presidente Bill Clinton, como respuesta al derribo de dos avionetas civiles por las fuerzas áereas cubanas, la ley Helms-Burton desenterró el viejo tema de las compensaciones en un intento por frenar el flujo de capitales extranjeros hacia Cuba.
Además de mantener las condiciones del bloqueo económico, comercial y financiero, la ley incluye medidas contra firmas extranjeras radicadas en Cuba que "trafiquen" con antiguas propiedades estadounidenses.
Durante un seminario internacional realizado en La Habana el día 17, Muse comentó que resulta difícil de entender la aplicación exclusica de la ley al caso cubano si sus objetivos expresos son mostrar "una repugnancia moral" al "tráfico" con propiedades estadounidenses confiscadas.
"¿Cuál es la base de principios que permite a los traficantes en propiedades confiscadas en Europa Oriental, Rusia, China, Vietnam e Irán entrar en Estados Unidos, cuando en el caso de Cuba, tales traficantes estan excluídos?", cuestionó el abogado.
El encuentro, convocado por la sociedad anónima cubana Consultores Asociados, reunió a juristas y empresarios que analizaron las implicaciones de la "Ley para la libertad y la solidaridad democráticas cubanas", conocida por el nombre de sus promotores, el senador Jesse Helms y el representante Dan Burton.
Según Ferradáz, en los primeros ocho meses de este año, a pesar de la aprobación de la ley Helms-Burton, se constituyeron en la isla 40 nuevas asociaciones económicas y empresas mixtas con capital extranjero
Aseguró que la calidad y el monto de esos negocios supera los realizados durante igual período del año anterior, que Cuba no ha recibido solicitud de empresa alguna para retirarse de la isla y que los participantes en más de cien nuevos proyectos conminan a las autoridades locales a agilizar las negociaciones.
Un informe del Ministerio de Economía y Planificación arrojó que, pese a la cautela de potenciales inversionistas extranjeros, funcionan 240 asociaciones económicas con capital extranjero, hay 660 representaciones comerciales acreditadas y 12 bancos extranjeros mantienen oficinas de representación.
Estados Unidos se mantiene como el gran ausente de este proceso y, según el programa de estudios cubanos de la Universidad John Hopkins, esa ausencia afecta a unas 200 firmas interesadas en hacer negocios con el país caribeño y congela un potencial de exportación millonario.
Las pérdidas anuales de las corporaciones estadounidenses por falta de oportunidades en Cuba, a consecuencia del bloqueo, se estimaron en 750 millones de dólares en 1988 y crecieron entre 1.300 y 2.000 millones más en 1992.
Expertos de ambos países que trazan escenarios de una llamada "era posbloqueo", aseguran que el intercambio comercial entre los dos países superaría 6.500 millones de dólares y el flujo de turistas estadounidenses alcanzaría al menos a dos millones de personas al año.
Observadores locales aseguran que aunque las autoridades reconocen que la ley estadounidense ha frenado algunos negocios en Cuba, confían en que, a largo plazo, el bloqueo es una política superada, sobre todo en su última versión con grandes implicaciones extraterritoriales.
Muse afirmó que la ley Helms-Burton tiene que ver con las "aspiraciones que alberga una nación respecto a otra" y su preocupación, como abogado privado, está en establecer las formas de realizar esas aspiraciones sin contradecir el derecho internacional. (FIN/IPS/da/ag/ip/96
