Un nuevo choque comercial se ha producido entre Colombia y Venezuela, con 100 millones de dólares en juego, porque Caracas suspendió la importación de azúcar y Bogotá prepara una querella ante la Junta del Acuerdo de Cartagena.
Ese árbitro de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) recibió ya una queja del ministro colombiano de Comercio, Morris Harf, denunciando a Venezuela por "atropello al ordenamiento jurídico andino y al consenso integracionista de la subregión".
Venezuela es mercado para 300.000 toneladas de azúcar cruda de Colombia, una venta que deja 100 millones de dólares anuales, aunque por la recesión venezolana las compras cayeron este año, a 200.000 toneladas entre enero y septiembre, frente a 272.000 en el mismo período de 1995.
El embajador colombiano en Caracas, Guillermo González, observó que "se puede generar un efecto de bola de nieve, porque en Colombia el gobierno también soporta presiones proteccionistas de distintos sectores".
Empresarios colombianos del acero ya denunciaron "dumping" de la venezolana Siderúrgica del Orinoco, que en sociedad con una empresa constructora sueca ofreció, a precios inferiores de competidoras colombianas, 13.000 toneladas de acero requeridas para construir la represa de Urrá.
El ministro venezolano de Fomento, Freddy Rojas, recordó que el comercio entre Colombia y Venezuela, el más floreciente de la subregión andina y con expectativas de totalizar 2.500 millones de dólares este año, se resiente de diferencias sobre 11 productos, entre ellos acero, papa, arroz y azúcar.
Venezuela, de 22 millones de habitantes, consume mensualmente unas 60.000 toneladas de azúcar, pero con la caída de la demanda este año se acumularon hasta agosto inventarios de 220.000 toneladas del dulce.
El gobierno decidió suspender las importaciones para favorecer a los productores de caña con carácter temporal pero al menos hasta que en marzo de 1997 se inicie una nueva zafra, informó el ministro de Agricultura, Raúl Alegrett.
La demanda venezolana es de unas 700.000 toneladas anuales, de las cuales la mitad se produce en el país y el resto se importa desde Colombia y América Central, pero el último año se habría registrado un leve incremento en la producción, unido con la caída del consumo, lo que abultó los inventarios.
Unas 50.000 toneladas/año que llegan desde América Central son reexportadas a Colombia, en una triangulación frente a la cual Bogotá dispuso una corrección arancelaria "y nosotros no hicimos alharaca ni ofrecimos retaliaciones", dijo Alegrett.
El ministro ofreció por otra parte estudiar el caso de la central azucarera Táchira, en la población de Ureña, frontera con Colombia y a unos 750 kilómetros al suroeste de Caracas.
Esa central fue comprada por empresarios colombianos para procesar azúcar de su país y de la cañicultura del suroeste venezolano, pero este segmento retrocedió el último año.
Carlos Santaella, presidente del central Táchira, deploró "el garrotazo a las reglas de juego" dado por el gobierno venezolano, pues "afecta inversiones de nueve millones de dólares en expansión de instalaciones" destinadas a procesar azúcar cruda traída desde Colombia.
Ejecutivos de la empresa y representantes del gobierno discuten en Caracas la posibilidad de dictar una excepción, en favor de Táchira, en el veto a las importaciones de azúcar.
Pero difícilmente detendrá acciones colombianas ante la Junta andina, porque Venezuela es el principal mercado en las 750.000 toneldas anuales de azúcar que exporta Colombia.
"Es tremendamente preocupante esa acción unilateral de nuestro principal comprador", dijo Ricardo Villaveces, de la Asociación de Cultivadores de Caña de Colombia.
En su alegato ante el árbitro andino, Harf recordó que las salvaguardas como la invocada por Caracas "sólo se pueden utilizar para solucionar problemas coyunturales de competitividad", y en cambio Venezuela, de modo permanente, es "deficitario en la fabricación de azúcar". (FIN/IPS/hm/jc/if/96
