La reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) de esta semana sobre la disputa del banano entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE) es una espada de Damocles sobre las microeconomías del Caribe.
Asimismo, es la última oportunidad de recordar que los acuerdos preferenciales y los préstamos blandos que una vez fluyeron al Caribe se extinguen rápidamente.
Si un panel de la OMC que inició las deliberaciones el martes en Ginebra decide que los acuerdos de importación de banano de la UE son discriminatorios, las economías de al menos cuatro estados isleños podrían colapsar, advirtieron autoridades caribeñas.
Pero, como señala el nuevo libro "Opciones y cambio: reflejos en el Caribe", publicado esta semana por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), otros fenómenos en el desarrollo serían devastadores en una escala aún mayor.
Eso dependerá de la capacidad de la región para atraer inversiones significativas en el futuro y obtener excepciones a algunas de las nuevas reglas del libre comercio mundial.
La OMC estudia las denuncias de Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Ecuador y México de que los acuerdos de importación de banano de la UE, introducidos el 1 de julio, violan reglas de comercio mundial porque extienden el acceso preferencial a productores de Africa, el Caribe y el Pacífico (ACP), para desventaja de la fruta producida en América Latina.
Washington, por su parte, actúa en respuesta a las quejas de Chiquita Brands International, la compañía estadounidense que comercializa y exporta fruta desde América Latina. Los países del Caribe que se verían más afectados son las cuatro Islas de Barlovento, Grenada, Dominica, Santa Lucía y San Vicente y Granadinas.
Pero la disputa del banano se produce en momentos en que las oportunidades de inversión y preferencias tarifarias vinculadas al paquete comercial y de ayuda de Washington conocido como Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI) parecen cada vez más amenazadas.
En un retroceso para algunas de las islas más grandes, el Congreso estadounidense tomó recientemente medidas para eliminar una fuente clave de inversión extranera.
Una disposición del Código Interno de Ganancias eximió de impuestos federales a compañías estadounidenses que operen en Puerto Rico y depositen sus ganancias en la isla. Puerto Rico ha utilizado parte de los depósitos desde la década de 1980 como préstamos de bajo interés para la expansión de sus negocios e industria en el Caribe.
Aunque el Congreso pretende que el programa "936" se ejecute en etapas durante 10 años, los beneficios para los países del Caribe se terminarían de inmediato.
Según el BID, los fondos del "936" son una fuente clave de financiación de proyectos en el Caribe. Los desembolsos de préstamos del programa para un beneficiario fundamental, Trinidad y Tobago, representaron 60 por ciento del total de los fondos entregados por todas las fuentes a ese país en 1992.
Los préstamos "936" para el Caribe aumentaron de 10,8 millones de dólares en 1988 a más de 300 millones de dólares en 1994, señaló Elena Suárez, representante del BID.
Mientras, países del Caribe mantienen la idea de que los beneficios que ahora tiene México bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) dañarán sus exportaciones de textiles y vestimenta.
En 1994, cuando las exportaciones de vestimenta mexicanas quedaron sujetas a aranceles de importación en Estados Unidos, las exportaciones de la región al mercado estadounidense en el sector alcanzaron 4.000 millones de dólares.
Pero las leyes aprobadas por el Congreso estadounidense para otorgar a los productos caribeños un tratamiento similar o igual a las exportaciones mexicanas bajo el NAFTA ya no están en vigencia.
Para responder a la interrogante sobre el futuro, Suárez dijo que "básicamente tenemos que esperar a ver quién gana las próximas elecciones (presidenciales estadounidenses), y ver la composición del nuevo Congreso".
La perspectiva del libre comercio hemisférico y las iniciativas de países caribeños para comerciar con países de América Latina ofrecen alguna esperanza. No obstante, los pequeños países de la región ven estas posibilidades con cierto temor.
De particular preocupación es el Area de Libre Comercio de América (ALCA), una propuesta lanzada por Estados Unidos en diciembre de 1994, durante la cumbre hemisférica realizada en Miami.
Los ministros de comercio del hemisferio planifican volcar toda la atención al tema el año próximo, cuando se reúnan en la ciudad brasileña de Belo Horizonte. Pero el Caribe sostiene que algunos países necesitan un plazo más largo para orientar sus economías al proceso de libre comercio.
"No buscamos necesariamente tratamiento especial y diferencial", dijo Pamela Coke Hamilton, de la embajada de Jamaica en Washington, pero, añadió, "podría haber diferencias en un período de 15 frente a 10 años", y reiteró la idea de que las nuevas industrias de algunas microeconomías necesitan protección.
David Lewis, experto en política comercial e inversiones del Caribe, señaló la "gran preocupación" entre los estados más pequeños de la región sobre la forma en que países más grandes como México y Venezuela podrían integrarse a la Asociación de Estados Caribeños sin avasallar sus economías y pequeñas poblaciones. (FIN/IPS/tra-en/yjc/jl/lp/if/96
