El gobierno de Colombia anunció hoy que está dispuesto a otorgar "garantías razonables" para facilitar que las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entreguen a 67 soldados que mantienen retenidos tras el ataque a una base militar el sábado.
Los soldados serían entregados a una comisión integrada por el ex canciller Augusto Ramírez, el ex constituyente Alvaro Leyva y el obispo Pedro Rubiano, miembros de la Comisión de Conciliación Nacional (que propicia el diálogo de paz) y Guido Sibaja, funcionario del gobierno de Costa Rica.
Ramírez integró la Comisión de Paz de la Organización de las Naciones Unidas en El Salvador, mientras Rubiano, ex presidente de la Conferencia Episcopal, impulsa iniciativas de paz desde la sociedad civil y Leyva participó en las negociaciones para la legalización del grupo guerillero M-19 en 1990.
Las FARC, el grupo insurgente más antiguo de América Latina, pidió también la presencia del ministro de Defensa Juan Esguerra, el comisionado de la paz Daniel García-Peña y el ex presidente de Costa Rica y premio Nóbel de la Paz Oscar Arias.
Arias indicó que aunque no existe una petición formal del gobierno de Colombia para apoyar la mediación está dispuesto a intervenir en el momento que se le requiera.
"Ningún latinoamericano podría rehusar la oportunidad de servir a la paz de Colombia" y de ayudar a liberar a los rehenes de la guerrilla, "pero para esto es necesario contar con la buena voluntad de ambas partes", comentó.
La entrega de los militares sería coordinada logísticamente, a pedido de los insurgentes, por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC).
La liberación podría producirse en un corto plazo, pues el CIRC sólo espera la aprobación de las FARC para proceder a coordinar el operativo.
El Ministro del Interior Horacio Serpa afirmó que el gobierno ofrecerá garantías para que se cumpla con éxito el procedimiento de la entrega de los soldados, pero advirtió que lo hará "sobre la base de que las exigencias sean razonables".
Juan Esguerra indicó a su vez que el gobierno está estudiando la posibilidad de despejar un área del territorio que designen los insurgentes para la concreción de la operación.
Las FARC anunciaron que los soldados se encuentran en buenas condiciones y que sus vidas serán respetadas, de acuerdo con las normas del Protocolo II de Ginebra, que les da un carácter de prisioneros de guerra.
Mandos castrenses estimaron que se trata de "una maniobra de las FARC para forzar su reconocimiento como fuerza beligerante".
A juicio de militares que pidieron el anonimato, los soldados no pueden ser considerados "prisioneros de guerra" sino "secuestrados" y a las FARC no puede reconocérsele como fuerza beligerante pues actúan "como delincuentes comunes" por sus vínculos con el narcotráfico y el secuestro de civiles con fines económicos.
Marcos Calarcá, representante de las FARC en México, afirmó este jueves al diario El Tiempo de Colombia que la beligerancia de la guerrilla "no tiene que ser reconocida, porque se da en la práctica" y sería "inutil cerrar los ojos y negar su existencia".
Los 67 soldados fueron tomados prisioneros tras el ataque de los insurgentes al puesto militar de Las Delicias (sur de colombia), en el que murieron otros 34 militares.
Según la organización guerrillera, laa operación se produjo en solidaridad con la protesta de campesinos cocaleros de los departamentos del sur, que piden al gobierno un replanteamiento de la política de erradicación de cultivos ilícitos.
El ataque tuvo lugar tras fuertes enfrentamientos entre el Ejército u campesinos de Caquetá que intentaban llegar hasta Florencia, la capital del departamento, para incidir en la negociación que sus representantes realizan con el gobierno.
Este jueves la ofensiva insurgente se extendió a otros seis departamentos. (FIN/IPS/yf/dg/ip/96