En Colombia ya se empezó a hablar abiertamente de guerra sin añadirle el "no declarada" que ha acompañado los análisis de la situación nacional en el último medio siglo.
"No se equivoquen. Estamos en guerra", dijo el comandante del Ejército, general Harold Bedoya, después del ataque de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) al puesto militar Las Delicias, en el sureño departamento del Putumayo, la noche del 30 al 31 de agosto.
El saldo fue de 30 soldados muertos, 20 heridos y 60 rehenes.
La liberación de los rehenes "se va a demorar más de lo pensado en un comienzo", dijo Augusto Ramírez Ocampo, presidente de la Comisión Nacional de Conciliación (CNC), instancia independiente que busca una salida política al conflicto.
La mediación internacional para liberar a los rehenes sería una forma de internacionalizar el conflicto que interesa a la guerrilla pero no al gobierno y otros estamentos. Por ahora el único acuerdo de las partes es que la Cruz Roja actúe en el plano operativo de la virtual entrega de los detenidos.
Apelando al adagio "nunca está más oscuro que cuando empieza a amanecer" y con la convicción de que "en Colombia la guerrilla puede ser eterna, porque es autárquica", Ramírez Ocampo contrapone a las declaratorias de guerra llamados al diálogo.
Desde mediados de siglo, cuando surgieron las FARC como autodefensas campesinas liberales que se tornaron comunistas, y la posterior aparición, en la década de 1960, del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación, los frentes se han multiplicado.
Se estima que en conjunto los alzados en armas son unos 14.000, con influencia en 569 de los 1050 municipios y las FARC como fuerza mayoritaria. El Ejército tiene 180.000 efectivos, de los cuales sólo 30 por ciento está en capacidad de reaccionar inmediatamente para repeler los ataques insurgentes.
Ramírez Ocampo, delegado de las Naciones Unidas en el proceso de paz de El Salvador, coincide con otros analistas en que el ataque a Las Delicias y los que se han sucedido en el último mes "cambiaron la coyuntura".
El punto de inflexión hacia la nueva etapa se produjo mientras en tres departamentos del sur del país unos 100.000 campesinos cocaleros se movilizaban contra la fumigación de cultivos y el ataque de las FARC habría sido una operación militar de apoyo a las marchas.
Después vino el "paro armado" decretado por la guerrilla hasta el día 30, que ha dejado unos 200 muertos -entre soldados e insurgentes- 50 camiones de carga incendiados y semiparálisis en las arterias que conectan la zona andina con las costas del Caribe y el Pacífico.
El presidente de la CNC dijo a IPS que muchas de las recientes acciones de las FARC y del ELN "se enmarcan" en los términos del Protocolo II de Ginebra sobre humanización de la guerra.
Esto podría interpretarse como un nuevo estadio de la confrontación y de la toma de posiciones, por parte de la guerrilla, con miras a un virtual aunque lejano diálogo.
Por lo pronto, se evidencia un endurecimiento de la posición gubernamental que se expresa desde diversos ángulos. Uno es el incremento de las Cooperativas de Vigilancia Rural (Convivir), grupos de autodefensa autorizados a fines de 1994.
Para los analistas de la "guerra sucia" que ha vivido el país en las dos últimas décadas, las Convivir serían simiente de nuevos grupos paramilitares, a los que Amnistía Internacional atribuye 70 por ciento de las muertes civiles hasta 1995.
Ramírez Ocampo cree que en el último mes se han conformado más cooperativas de vigilancia rural que desde que el gobierno las autorizó y podrían llegar a 400 en 1996.
Germán Arias, superintendente de Vigilancia, organismo que regula las cooperativas, pidió al Senado autorizar el uso de armamento de mayor calibre, incluso fusiles, para estos grupos que definió como "eficaz mecanismo de apoyo a las actividades de los organismos de seguridad y de las fuerzas militares".
A las marchas de cocaleros -temporalmente desactivadas por acuerdos con comisiones gubernamentales- siguieron levantamientos urbanos contra el alza en las tarifas de servicios públicos , como el de Facatativá, población de 15.000 habitantes a 40 kilómetros de la capital, que duró tres días.
Algunos partes policiales sobre las protestas urbanas señalan que detrás de ellas están las guerrillas, en función de una estrategia de guerra popular prolongada.
Otros analistas, como el influyente editorialista del diario El Tiempo Abdón Espinoza, creen que deben observarse en un contexto más amplio, que incluya lo económico y social.
El ex presidente liberal Alfonso López Michelsen (1974-78) consideró como alternativa "instaurar la dictadura ante la arremetida subversiva que afecta la institucionalidad democrática".
Ello le ha valido el apoyo de legisladores conservadores, que le piden encabezar un frente de unidad nacional.
El Consejo de Estado ratificó la categoría de zonas especiales de orden público para los departamentos de Caquetá, Vichada, Guaviare, Meta y Vaupés, escenario de protestas campesinas, donde la autoridad castrense prima sobre la civil.
El presidente Ernesto Samper se reunió en el despacho del banquero Luis Carlos Sarmiento con portavoces de los principales grupos económicos que se oponen al diálogo de paz y propenden por un marco jurídico que fortalezca al ejército técnica y económicamente.
Así, las pugnas interpartidarias por escándalos de narcorrupción en la política bajan de perfil en la agenda de la clase dirigente, que ahora se ocupa, sobre todo, de estrategias para confrontar con eficacia a la guerrilla, que a su vez no escatima esfuerzos en demostrar control territorial.
Los telenoticieros cada vez muestran menos primeros planos de políticos rindiendo indagatoria por enriquecimiento ilícito y más planos generales de carreteras con decenas de autobuses incendiados, sedes policiales y bancarias destrozadas en ataques insurgentes y saqueo de comercios.
Al mismo tiempo se afianza la caracterización de narcoguerrilla en las menciones oficiales, al punto que el comandante del Ejército afirmó que las FARC son el primer cartel del narcotráfico.
"Hemos reconocido que las FARC están involucradas con las drogas por lo menos desde 1995", dijo Robert Gelbart, subsecretario de Estado para asuntos de narcóticos.
El embajador estadounidense Myles Frechette que a comienzos del año, en una conferencia en la Escuela Superior de Guerra, dijo que no era evidente tal nexo, el pasado fin de semana afirmó que desde mayo se ha detectado, de manera directa, el ingreso de la guerrilla en el narcotráfico.
Desde esa óptica, la ayuda estadoudinense contra el narcotráfico -en helicópetros y apoyo técnico- podría usarse para el combate a la guerrilla, lo que sería otra modalidad de internacionalización del conflicto.
El asesor de Seguridad de la Presidencia de La República, Alfredo Rangel, afirma que con las marchas campesinas y el paro armado la guerrilla ha demostrado "tener una capacidad de organización y de movilización de masas que no estaba en las cuentas de nadie".
Rangel pronostica que la erradicación de cocales "probablemente no se verá en mucho tiempo", porque la burocracia dilatará la ejecución de planes sociales a los que está supeditada la eliminación de cultivos ilícitos, en virtud de los acuerdos.
Mientras tanto, la guerrilla consolidará "su poder" en las zonas cocaleras y extenderá la guerra irregular "a todo el territorio del país", agregó.
En concordancia con los grandes empresarios, el asesor presidencial cree que para que el ejército aventaje a la guerrilla no basta asignarle mayor presupuesto.
Según cálculos de Carlos Ossa, ex comisionado de paz del gobierno del liberal Virgilio barco (1986-90), en los últimos seis años el gasto del Ejército pasó de uno a 2,5 por ciento del Producto Interno Bruto, pero "su gestión deja mucho que desear".
El gobierno ha pedido al Congreso aprobar "bonos de guerra" por el equivalente a 400.000 dólares. Simultáneamente un grupo de legisladores impulsa un proyecto que da ostensibles prebendas al sector castrense, propias de una situación de estado de sitio.
"Además de una estrategia de guerra es necesaria una nueva política militar, pues la gravedad de la actual situación así lo exige", afirma Rangel, que propone reestructurar el aparato castrense, desde el servicio militar hasta la localización de los fuertes y batallones.
En tanto, en círculos intelectuales empezó a circular un manifiesto con un "no rotundo a la guerra (…) que debilita o impide consensos internos, contribuye a la vulnerabilidad de Colombia en el escenario internacional y hace muy difícil una política exterior autónoma".
Criticando por igual a los mandos militares y a la comandancia guerrillera, el manifiesto dice: "La paz merece más oportunidades. La guerra nos dejará sin ninguna". (FIN/IPS/mig/dg/ip/96
