El pacto social, un acuerdo sobre precios y salarios con el que el gobierno de Colombia buscaba controlar el crecimiento de la inflación, agoniza en medio de la crisis económica y las recriminaciones mutuas de los tres sectores que lo suscribieron.
Según el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), al cierre de los primeros ocho meses de este año la inflación creció casi 17 por ciento respecto a igual período de 1995, la misma cifra que el gobierno se fijaba como meta para todo 1996.
Mediante el Pacto Social los empresarios se comprometían a no elevar los precios de sus productos más alla de la meta del 17 por ciento, el gobierno haría lo mismo con los servicios públicos y los bienes bajo su control y los trabajadores no demandarían incrementos salariales este año por encima de este tope.
Para el empresariado el fracaso del Pacto se debe a que el debilitado gobierno del presidente Ernesto Samper no ha podido cumplir con varios de los compromisos adquiridos.
Sabas Pretelt, presidente del Consejo Gremial Nacional (CGN), que reúne a los 15 principales sectores de la producción, afirma que los precios de los bienes y servicios establecidos por el gobierno (educación, salud y vivienda) son los que más han presionado el incremento del costo de vida.
"Mientras el sector privado ha cumplido las metas de inflación el gobierno ha autorizado alzas muy por encima de ese tope", señaló a su vez el presidente de la Asociación Nacional de Industriales, Luis Villegas.
El empresariado responsabiliza también del fracaso a los trabajadores del sector estatal, porque se han aprovechado de la crisis que afronta el gobierno por la denunciada infiltración del narcotráfico en la campaña electoral de Samper para obligarle a negociar aumentos salariales por encima de 17 por ciento.
Para Juan Ospina, de la Asociación Colombiana de Agricultores, la evolución que ha tenido el acuerdo "es preocupante porque el mayor peso ha recaido en las espaldas del sector privado".
La crisis institucional limitó la capacidad de accción del gobierno y afectó la dinámica de la economía, consideró por su lado Jaime Cabal, presidente de la Asociación de Pequeños industriales.
De acuerdo a estimaciones del empresariado, este año la inflación se situará en un 20 por ciento, frente a 19,5 de 1995.
En 1996, el crecimiento económico, que el gobierno había estimado en 4,5 por ciento, no será superior a tres por ciento, destacaron voceros del empresariado.
El ministro de Hacienda, José Ocampo reconoció el fracaso en el cumplimiento de la meta de inflación, pero considera que no todo está perdido y que el Pacto "tiene elementos que deben rescatarse".
El Pacto Social, como instrumento de concertación en materia económica, "tiene vigencia", porque se ha convertido en un escenario de discusión no sólo sobre la inflación, sino sobre aspectos salariales, de tarifas y "en general sobre el desarrollo económico", subrayó.
Sin embargo, en opinión del ministro de Trabajo, Orlando Obregón, los industriales no son los más autorizados para hablar sobre el fracaso del Pacto, pues "28 productos procesados tienen precios por encima de los topes fijados".
Obregón fue hasta el año pasado presidente de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), una de las tres centrales sindicales con asiento en el comité tripartito firmante del Pacto.
Un documento de ese Comité identifica la eliminación de subsidios en las tarifas de los servicios públicos en las franjas de bajos y medios ingresos económicos como un factor de incidencia mayor en el aumento de la inflación.
El aumento de las tarfias de servicios como energía eléctrica, agua y teléfono ocasionaron una protesta en el municipio de Facatativá, periferico de Bogotá, donde la población protagonizó una asonada los días 17 y 18, con un saldo de un muerto, 25 heridos y la destrucción de varias oficinas estatales.
Alberto Vásquez, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción, afirmó que desde hace varios meses había manifestado serias dudas sobre el cumplimiento de la meta gubernamental de inflación.
"Las diferentes variables que determinan este indicador han estado fuera del control gubernamental", observó. (FIN/IPS/yf/dg/if-ip/96
