Todos en Barbados creían que Leston Harewood, de 47 años, y Vincent Murrel, de 34, morirían en la horca la mañana del martes 10, pero apenas 10 horas antes de su cita con el verdugo los jueces suspendieron las ejecuciones.
Tras una reunión de ocho horas el lunes 9, una corte concedió la postergación de esas dos muertes, que se prolongará hasta que resuelva la constitucionalidad de la pena de muerte, cuestionada por los abogados defensores.
Las condenas a muerte de Harewood y Murrel habrían sido las primeras ejecutadas en Barbados desde 1984 y, cuando resta apenas un mes para que sean conmutadas automáticamente a prisión de por vida, reavivaron el debate sobre la pena capital en el Caribe.
En la región cunden reclamos para que se reanuden las ejecuciones debido al aumento de la criminalidad y la incapacidad de la policía para garantizar la seguridad de la población, a pesar de las enérgicas protestas de activistas humanitarios de la región y de todo el mundo.
Tres hombres de San Vicente y las Granadinas murieron en la horca en 1995. Ese mismo año, fue ejecutado Glen Ashby en Trinidad y Tobago, mientras una corte de apelaciones recibía una solicitud para suspender la ejecución. Fue la primera vez que un trinitario moría en el patíbulo en 15 años.
En Jamaica no se registró ninguna ejecución desde 1988, pero un centenar de condenados esperan el momento. El Consejo por los Derechos Humanos de ese país logró la postergación de una ejecución planificada para el año pasado.
Cuando la población de Barbados supo que la horca debía esperar por los cuellos de Harewood y Murrel, no hubo vítores. "Creo que deberían colgarlos porque si alguien comete un asesinato debe ser colgado", dijo un hombre que llamó por teléfono a un programa de radio.
"Deberían colgarlos a los dos. Ellos tienen que sentir el dolor de alguna manera, deben morir. No deberían desayunar esta mañana", dijo otro.
El fiscal Latcham Kission aseguró que este caso no debe considerarse una marcha atrás en las intenciones del gobierno de reanudar las ejecuciones.
"La decisión no tiene relación con un posible freno a la pena capital. Lo que está en discusión no es eso. Lo que se debate es si los dos hombres agotaron las posibilidades de ejercer su derecho a ser escuchados", explicó Kission.
"Es claro que un condenado tiene derecho a ser escuchado incluso un minuto antes de que llegue al patíbulo", agregó el fiscal.
Los gobiernos del Caribe han coqueteado con la pena de muerte a pesar de la furia que ello origina entre los activistas de derechos humanos.
El gobierno de Barbados, además, está impaciente por ejecutar a Harewood y Murrel, pues un tribunal de apelaciones estableció en 1993 que ningún reo debe permanecer más de cinco años con sentencia de muerte pendiente.
Esta sentencia conmutó la pena capital que pesaba sobre Ivan Morgan y Earl Pratt, dos asesinos jamaiquinos, a cadena perpetua, pues, se argumentó, más de cinco años con la horca virtualmente en el cuello representaba un castigo cruel.
Murrel y Harewood fueron sentenciados a morir en octubre de 1991, por lo que resta apenas un mes para que sus penas se conmuten a prisión de por vida si la condena no se ejecuta.
Harewood fue condenado por el asesinato brutal de una mujer a la que secuestró, violó y decapitó en un camino solitario. Por su parte, Murrel fue acusado de matar a un tendero de 67 años después de que mantuvieron relaciones sexuales.
Esta isla del Caribe oriental estuvo a punto de ver el año pasado a Robert Ryan Clarke, de 25 años, en el cadalso, pero una corte de apelaciones suspendió la condena a último minuto.
Un grupo de abogados y activistas cuestionaron formalmente la constitucionalidad de la condena, lo cual condujo entonces a su suspensión.
Clarke fue acusado por el asesinato en 1990 de una joven de 18 años cuyo cuerpo apareció en un barranco. Había sido violada y su cabeza aplastada con una roca de casi 40 kilogramos. (FIN/IPS/tra- en/ta/cb/mj/hd/96
