La fiebre privatizadora que recorre América Central alcanzó el sector de telecomunicaciones, considerado hasta ahora "la gallina de los huevos de oro" del sector estatal de la economía del istmo.
Excepto Costa Rica, los países de América Central se lanzaron en 1996 a la caza de algún socio transnacional que los ayude a desarrollar el sistema y ponerse a tono con el proceso de globalización de las telecomunicaciones, según un sondeo hecho por IPS.
Pero a diferencia de los argumentos esgrimidos para la privatización de empresas públicas deficitarias, la mayoría de las compañías telefónicas de la región son consideradas rentables y con capacidad para desarrollarse con sus propios recursos.
Dos de las seis empresas de telecomunicaciones de América Central, el Intel de Panamá y Guatel, de Guatemala, obtuvieron ganancias netas en 1995 por 141 millones de dólares y 87,5 millones de dólares, respectivamente, de acuerdo con información oficial.
Y aunque no existen datos disponibles sobre las utilidades de de las otras compañías telefónicas del área, el sindicalista panameño Rodolfo Benítez, representante regional ante la Unión Internacional de empleados de Correos, Telégrafos y Teléfonos, aseguró que "no hay una sola que deje pérdidas".
Benítez señaló en un congreso de trabajadores de telecomunicaciones realizado en Costa Rica que la modernización de las compañías telefónicas estatales "podría hacerse con los recursos que generan ellas mismas, si no fueran vistas como la caja chica del gobierno".
Benítez anunció que su organización propondrá la conformación de un frente latinoamericano contra la privatización de activos públicos, "porque eso no resuelve los problemas y es una simple exigencia de los organismos (financieros) internacionales".
En efecto, los planes de privatización están englobados en las reformas iniciadas en esta década en América Latina tras acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para reestructurar la deuda externa, sanear las finanzas públicas y unirse a la globalización.
Benitez subrayó que las experiencias de Venezuela, Argentina y Perú en el área de las telecomunicaciones han significado "despidos masivos" para los obreros y "un aumento en el costo de los servicios para la población".
Explicó que en los casos de Venezuela y Perú, la fuerza de trabajo del sector se redujo de 14.000 a 8.000 y de 20.000 a 13.000 empleados, respectivamente, cuando operadores privados ingresaron en las compañías.
En GUATEMALA, según indicó a IPS el secretario general del sindicato de Guatel, Ernesto Vázquez, no existe rechazo a la privatización, aunque los sindicalistas se oponen "a procesos viciados, como los que se estan dando, porque no hay transparencia y los trabajadores no saben lo que ocurre".
El plan de "desmonopolización" emprendido en Guatemala contempla la transferencia de alrededor de 30 por ciento del capital de Guatel a un operador privado, por un monto aproximado a los 200 millones de dólares, y ceder otro cinco por ciento a los trabajadores.
En HONDURAS, donde los trabajadores telefónicos se opusieron tenazmente al proceso de privatización del sector, las autoridades buscan "un socio estratégico" que se haga cargo del servicio, previa compra entre 46 y 49 por ciento de las acciones de Hondutel.
El valor comercial de Hondutel está estimado entre los 700 y 800 millones de dólares.
NICARAGUA y EL SALVADOR también pretenden obtener fondos para hacer frente a sus obligaciones de inversión interna y al pago de la deuda externa mediante la venta de cerca de 50 por ciento de los activos de sus compañías de telecomunicaciones.
En PANAMA, uno de los países del área donde más ha avanzado el proceso de privatización de las telecomunicaciones, el Estado espera recaudar unos 1.000 millones de dólares por la venta de 49 por ciento de las acciones del Intel, cuyo valor comercial es de alrededor de 2.200 millones de dólares.
El gobierno panameño concedió a principios de este año los derechos para explotar la banda A de telefonía celular a la transnacional estadounidense South Western Bell, por 72 millones de dólares, y se apresta a llamar a licitación internacional para el traspaso de 49 por ciento de las acciones del Intel.
El sindicato de trabajadores del Intel -que en 1995 avaló el proyecto de privatización de esa compañia- y economistas independientes, cuestionaron la demora de la gerencia en poner en práctica una serie de inversiones para elevar el valor de venta de las acciones ofrecidas por el Estado.
El economista Damián Castillo, ex contralor de Panamá, aseguró a IPS que la postergación de las inversiones, entre ellas la puesta en funcionamiento de la banda B celular, forma parte de "una maniobra" para devaluar los activos de la empresa y aumentar así el atractivo de la oferta ante las transnacionales.
Mientras, el economista Rafael Mezquita reclamó que las reglas del mercado -a las cuales se proponen someterse los estados de la región- caminen de la mano con el interés nacional, "para privatizar garantizando la propiedad de todos".
Esa, aparentemente, es la filosofía de COSTA RICA en el proceso de "modernización" de las telecomunicaciones, según indicó el presidente del Instituto Nacional de Electricidad, Roberto Robles, al abordar el tema.
Los tres proyectos de ley que el gobierno costarricense presentó al parlamento buscan "una estrategia diferente con relación a lo que han hecho otros países de América Latina, que básicamente han enfocado su estrategia hacia la privatización total o parcial", explicó Robles.
Otras fuentes consultadas por IPS advirtieron que una vez vencida en América Central la resistencia a la privatización "de la gallina de los huevos de oro", seguirán el mismo camino las empresas de electricidad y agua potable, consideradas hasta ahora "estratégicas" para el desarrollo de la región. (FIN/sh/ff/if/96)
