El presidente de Venezuela, Rafael Caldera, cosechó los primeros logros económicos de su gestión apenas a la mitad de su quinquenio, cumplida este viernes, mientras el éxito político le ha acompañado más que evadido a lo largo del período.
Delante suyo, el mandatario de 80 años tiene el desafío de sostener el ajuste económico emprendido en abril, completarlo con reformas del Estado y del sistema de seguridad social, anunciadas por sus colaboradores, y conducir el país hasta entregar el poder a un sucesor que se elegirá en diciembre de 1998.
Este viernes se informó de inversiones extranjeras que acuden a nuevas aventuras mineras, de decisiones parlamentarias y ejecutivas para privatizar empresas, y de la venta de activos en manos del Estado como producto de la crisis bancaria de 1994.
Caldera inició su segunda presidencia el 2 de febrero de 1994, tras ganar los comicios de 1993 -en los que se abstuvo más de la mitad de los electores- con 30 por ciento de votos válidos y ante tres rivales que lograron, cada uno, más de 20 por ciento.
Su primer gobierno lo ejerció en 1969-1974, entonces como líder máximo del partido socialcristiano Copei, que fundó en 1946 y del cual se separó en 1993 para ser candidato presidencial suprapartidista al frente de una heterogénea alianza.
El politólogo Diego Urbaneja opinó que, durante sus dos primeros años de gobierno, Caldera centró sus esfuerzos en "sostener las instituciones, mientras dejaba que los actores económicos hiciesen su parte".
La concentración en el flanco político del ejercicio del poder y en el cuidado de la cuestión castrense fue reconocida y elogiada incluso por muchos de sus detractores, porque Venezuela buscó con Caldera estabilidad tras la crisis de 1992-1993.
En 1992 se produjeron dos cruentas asonadas militares, que fracasaron en interrumpir la democracia representativa establecida desde 1958 pero sacudieron las instituciones políticas y alentaron la efervescencia social, con más de 800 manifestaciones callejeras en menos de un año.
El presidente elegido en 1988, Carlos Andrés Pérez, fue apartado del poder en mayo de 1993, ocho meses antes de concluir su quinquenio, por decisión del Senado y para que la Corte Suprema de Justicia le procesase por presunta corrupción.
Esta consistió, dictaminó la Corte tres años después, en malversación (desvío irregular) de fondos secretos. Según la acusación, desestimada en la sentencia, Pérez utilizó parte de esos fondos para auxiliar en materia policial a Nicaragua.
En 1993-1994 el presidente interino independiente Ramón Velásquez contó con débil respaldo político y jefes militares -el ministro de la Defensa pero también los encarcelados líderes de las rebeliones- protagonizaban la cotidianidad.
Caldera se propuso una "pacificación", como la que ejecutó en 1969-1974 con amnistía a ex guerrilleros izquierdistas, y para liberar sin obstáculos a los jefes de las asonadas reemplazó a todo el alto mando militar en febrero de 1994.
Tomó medidas para favorecer unidad y disciplina en las Fuerzas Armadas, incrementar los sueldos de los uniformados y diluir el protagonismo de los comandantes de las rebeliones de 1992, incluso entregando cargos civiles a varios de ellos.
Pero el turno de la crisis llegaba a la economía y, mientras se iniciaba en 1994 un período de recesión con inflación, que se mantiene, quebraron en varias "olas" 17 entidades bancarias con 60 por ciento de los activos del sector.
Caldera, populista en economía y por años crítico del recetario del Fondo Monetario Internacional (FMI), estableció en junio de 1994 un estado de emergencia económica, con control de cambios, de precios, de tarifas y de la gestión bancaria.
Fue su momento político estelar, con más de 80 por ciento de respaldo popular al mandatario según las encuestas. Caldera lo esgrimió para dirimir poder con el parlamento, que objetó la suspensión de libertades durante la emergencia pero perdió la pulseada con el presidente.
Desde entonces, Caldera ha gobernado con minoría en el parlamento, pero sin que las fuerzas "duras" de oposición puedan tomar ventajas, porque el partido socialdemócrata, principal opositor, facilita la gobernabilidad con apoyos a las medidas económicas del Ejecutivo.
El desprestigio de los partidos -medido por encuestadoras de opinión- también ha facilitado el gobierno independiente y personalista de Caldera. La caída de popularidad del mandatario, a menos de 30 por ciento de aprobación, se atribuye al malestar económico de sus compatriotas.
Desde fines de 1995, y tras ensayar diferentes programas y cambiar con frecuencia a ministros del área económica, las autoridades reconocieron que la política de controles fracasó en contener la inflación, la recesión y la devaluación.
En abril, Caldera levantó los controles y asumió la responsabilidad de un nuevo programa, pactado con el FMI y que representa para los venezolanos el segundo ajuste económico en siete años, con desplome del salario real y del consumo.
El programa busca reactivar la economía en 1997 y abatir la inflación, la más alta de América Latina (70 por ciento en lo que va de año y anualizada de 112 por ciento) y que ha agudizado la pobreza en la que vive, según estudios no desmentidos oficialmente, 84 por ciento de la población.
Finalmente, los dos años y medio de gobierno de Caldera han sido negativos para la situación de los derechos humanos y para la seguridad personal en Venezuela, según denuncias reiteradas de organizaciones humanitarias.
Linchamientos de delincuentes en barriadas de Caracas, impunes torturas y ejecuciones extrajudiciales, y el desastroso estado de las cárceles, muestran a la vez un cuadro de deshumanización como la urgencia de una agenda social para lo que resta del gobieno de Caldera, ahora ya con el sol a sus espaldas. (FIN/IPS/hm/dg/if-ip/96
