La "segunda generación" de acuerdos de pesca de la Unión Europea (UE), originada en pactos con América Latina, no involucra mejoras en relación a la anterior, y tiene por objetivo promover el papel dominante del bloque en la explotación del recurso en los países de ACP, aseguran ONG.
La Coalición por Acuerdos de Pesca Justos, con sede en Bruselas, y otras organizaciones no gubernamentales (ONG) critican el programa de nuevos pactos de la UE, anunciado en junio por la comisionada de Pesca, Emma Bonino, pese a que este fue diseñado para superar deficiencias de acuerdos anteriores.
La llamada "segunda generación" de acuerdos se creó para tratados con países de América Latina que intentaron lograr algo más para sus economías locales a cambio del negocio perdido y las flotas pesqueras que drenaron sus costas de peces.
Los nuevos pactos se basan en la creación de emprendimientos conjuntos entre las industrias pesquera locales y europea, incluyendo la transferencia de barcos europeos registrados a empresas locales tras un período.
La meta de la UE es crear una tercera generación de acuerdos que adopte los mejores aspectos de la segunda generación – emprendimientos conjuntos e industria local- con un enfoque más coherente de las necesidades nacionales del país "socio".
Esto implica que los pactos se adapten a la política de pesca nacional de un país en desarrollo, y que sean bilaterales, manteniendo diferencias de país a país.
Pero la política común es algo necesario, dado que los bancos de peces migran entre las costas de Africa y América Latina, en una omisión natural de las fronteras de las aguas territoriales nacionales, sostienen expertos de ONG.
La defensa efectiva de una industria pesquera sostenible en el Sur depende de la capacidad de un gobierno de negociar con éxito contra la UE.
Los países de Africa, el Caribe y el Pacífico (ACP), ex colonias europeas, por ejemplo, carecen de la infraestructura industrial nacional para contribuir a una relación comercial realmente balanceada.
En varios países, el acuerdo podría llevar a un aumento de la penetración de empresas europeas en la industria pesquera local, atrayendo a empresas locales, tomando ventaja de la privatización local orientada por instituciones financieras internacionales bajo los llamados programas de ajuste estructural, afirman las ONG.
Pierre Gillet, vocero del Colectivo Internacional de Apoyo a Pescadores, advirtió que los subsidios de la UE para comprar barcos europeos desocupados podrían permitir que las naves se vendieran a firmas privadas de propiedad europea en el Sur.
"La experiencia demuestra que las empresas pesqueras en los países en desarrollo son a menudo subsidiarias de compañías europeas", sostuvo Gillet, y añadió que la venta, con fondos europeos, podría ser una transferencia.
Docenas de barcos europeos quedaron paralizados en los puertos a medida que los bancos de peces se redujeron en las últimas décadas, tras la explotación descontrolada del recurso en las aguas de la UE.
Magda Aelvoet, integrante del Parlamento Europeo, dijo que "la lógica de estos acuerdos de pesca es cómo podemos encontrar pescado para nuestra inutilizada flota".
La UE intenta desesperadamente preservar la industria pesquera de España, Portugal, Gran Bretaña y otros países, para mantener puestos de trabajo en regiones europeas dependientes de la pesca, y mantener su predominio tecnológico frente a los desafíos comerciales del este.
La competencia se ha agudizado a medida que se agravó el problema de la sobrepesca. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) asegura que 70 por ciento de las reservas mundiales de peces están totalmente explotadas, sobreexplotadas, extinguidas o en recuperación. (FIN/IPS/tra-en/tl/rj/lp/if-en/96
