El ex presidente de Uruguay Luis Alberto Lacalle, su esposa y varios de sus familiares directos estarán desde hoy bajo la lupa de la justicia, que pretende averiguar delitos en los planes estatales de forestación.
La forestación se ha convertido en uno de los negocios de largo plazo más rentables en Uruguay y Lacalle, que gobernó entre 1990 y 1995, tiene en su patrimonio familiar 1.762 hectáreas, muchas de ellas forestadas durante su gobierno.
El juez Ruben Eguliz y el fiscal José Luis Barbagelata, que inciaron este viernes la investigación, dijeron a IPS que junto a la denuncia se presentaron múltiples documentos sobre las propiedades señaladas en la maniobra.
Esta nueva denuncia, que involucra directamente al ex presidente, se suma a una serie que colocó bajo la lupa de la justicia a varios de sus colaboradores directos durante su gobierno.
Esta es la primera vez en la historia uruguaya que un ex presidente electo democráticamente es colocado en el banquillo de los acusados por actos vinculados a decisiones tomadas durante el ejercicio del poder.
La denuncia afirma que durante la gestión de Rosario Pou al frente de la Direccion Forestal, entre 1990 y 1994, se tomaron varias medidas que favorecieron económicamente a campos propiedad de Lacalle y de sus familiares.
La funcionaria, que es prima hermana de la esposa del ex mandatario, Julia Pou, fue contratada por el Poder Ejecutivo para coordinar un proyecto forestal financiado por el Banco Mundial.
Entre los hechos se destaca que en 1991 se constituyó una sociedad con el objeto de realizar actividades agropecuarias y de forestación en la que participan Rosario Pou y el senador Luis Alberto Heber, uno de los principales colaboradores del ex presidente.
Los préstamos que concede el Estado uruguayo para planes de forestación sólo incluyen a predios que tienen un bajo índice de productividad, lo que les permite acceder a subsidios y beneficios crediticios.
Varios de los campos cuestionados tenían índices superiores que no les permitían recibir esos beneficios, pero medidas administrativas tomadas en 1993 y 1994 entre la Direccion Forestal y el Poder Ejecutivo les permitió revertir la situación.
Lacalle pareció estar alertado de la denuncia, porque en una entrevista publicada este jueves al diario El País de Montevideo desvirtuó versiones de supuestas irregularidades.
El semario Brecha recordó este viernes que en diversas declaraciones previas Lacalle se refirió a sus propiedades y señaló que según su investigación el ex presidente es propietario de casi el doble de las hectáreas que declaró poseer.
Desde la aprobación de la Ley Forestal, en 1987, en este país de 187.000 kilómetros cuadrados se plantaron 120.000 hectáreas, lo que representan 150 millones de árboles, con una inversión cercana a los 60 millones de dólares.
Uruguay tiene 3,6 millones de hectáreas aptas para la forestación, de las cuales 78 por ciento son eucaliptus, 20 por ciento pinos y el resto montes naturales.
Los subsidios y exoneraciones impositvas entre 1989 y 1994 fueron de 25 millones de dólares y la inversión privada en ese mismo período alcanzó a 37 millones de dólares.
En 1995 se aprobaron 147 proyectos forestales que alcanzaron a 44.061 hectáreas. Durante ese mismo año los préstamos del estatal Banco República para el sector tuvieron un incremento de 12 por ciento con relación a 1994.
Voceros del gobierno dijeron a IPS que en un plazo de cinco años la producción anual de madera llegará a 2,6 millones de toneladas, previsiones que convierten al sector en uno de los de mayor dinamismo.
Ese volumen de madera supondrá la salida de ocho barcos cargados por mes y tres camiones de 30 toneladas descargando diariamente en el puerto cada 15 minutos durante las 24 horas, dijeron los voceros.
Uruguay es uno de los pocos países del mundo que sustenta su produccion forestal en bosques implantados, preservando los naturales para evitar impactos negativos.
Hasta este año la corrupción fue un tema tabú en la sociedad uruguaya, en particular para los dirigentes políticos, que acostumbraban a actuar corporativamente y a cerrar filas ante atisbos de irregularidades.
Ese dique se rompió y ahora se investiga la privatización de un banco comprado por una fiduciaria italiana, maniobras en el poderoso Banco de Seguros del Estado y en la comisión que administra una represa hidroeléctica, y pagos irregulares en los suministros al Estado.
Todos las denuncias involucran a parlamentarios y funcionarios de relieve del gobierno de Lacalle, que incluyen a Enrique Braga, ex presidente del Banco Central y ex ministro de Economía. (FIN/IPS/rr/ag/ip/96
