El gobierno de Perú busca la forma de atender la demanda internacional de liberar a los presos acusados de terrorismo sin pruebas suficientes y, al mismo tiempo, mantener intacta su estrategia antisubversiva.
Según el gobierno del presidente Alberto Fujimori, 400 presos acusados de terrorismo -10 por ciento del total- fueron capturados y sentenciados en base a delaciones de otros presos, y las pruebas contra ellos se basan sólo en ese testimonio verbal.
"Sus nombres fueron proporcionados bajo tortura, es decir mediante un procedimiento ilegal, o bajo promesas de reducción de pena, lo que constituye un apremio inmoral y para obtener ventajas, de modo que su sustento legal es deleznable", dijo Susana Villarán, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Fujimori nombró una comisión ad hoc integrada por el Defensor del Pueblo, Jorge Santisteban, el ministro de Justicia, Carlos Hermoza, y el sacerdote católico Hubert Lassiers, para que revise la situacion de esos 400 presos y establezca cuales merecen el indulto.
La comisión fue aceptada por todos los sectores políticos, pues Lassiers es un reconocido defensor de los derechos de los presos y Santisteban un independiente elegido por unanimidad en el parlamento. No obstante, el indulto fue impugnado por un sector de la oposición.
"Indultar es perdonar y los inocentes merecen la reinvidicacion total, e inclusive el pago por el Estado de una indemnizacion" por la prisión injusta, arguyó Ernesto de La Jara, director del Instituto de Defensa Legal.
Esta exigencia fue desestimada por los presos, que pretenden ser liberados pronto sin esperar que el Poder Judicial los declare inocentes, una gestión que podría demorar varios años, según el ritmo habitual de los tribunales peruanos.
La solución encontrada es el "indulto razonado", una figura jurídica nueva en Perú que reconocería en cierto modo la precariedad de la acusación y permitiría a los indultados reclamar luego alguna compensación económica por vía judicial.
El dictamen de la comisión será la base no sólo para el indulto sino también para las posteriores gestiones judiciales de los beneficiados.
"Vamos a estudiar caso por caso y la Defensoría del Pueblo se matendrá vigilante para que el Estado cumpla con sus obligaciones. Será un trabajo arduo pero vale la pena", dijo Santisteban, quien preside la comisión.
Además de la polémica jurídica, hay aspectos vinculados a la seguridad, según señaló en el debate parlamentario Daniel Espichan, quien sostuvo que "probablemente no todos los indultados serán inocentes, pues algunos lo serán por insuficiencia de pruebas".
El director del Instituto de Defensa Legal replicó que "es mejor para la sociedad y la democracia que hayan injustamente indultados que injustamente presos".
La campaña por la libertad de los llamados inocentes presos es, al mismo tiempo, una batalla contra dos instrumentos creados para combatir a la organización guerrillera Sendero Luminoso: los tribunales anónimos y el mecanismo de reducción de penas para quienes delaten a sus compañeros.
Mediante tribunales conformados por "jueces sin rostro", el gobierno peruano superó el miedo de los magistrados a sentenciar a militantes de una organización terrorista que fue calificada de genocida por las Naciones Unidas.
"Los tribunales sin rostro deben proseguir, no sólo en el fuero común sino también en el militar, para proteger la integridad de los jueces", opinó el parlamentario Antero Florez Araoz, del opositor Partido Popular Cristiano.
Recordó que durante el gobierno del ex presidente Alan Garcia (1985-90) ningún juez aceptó formar parte de los tribunales especiales contra el terrorismo y cuando se establecieron turnos obligatorios, uno de ellos declaró inocente, por falta de pruebas, a Abimael Guzman, líder de Sendero Luminoso.
Otro aspecto que defiende el gobierno es la llamada Ley del Arrepentimiento, suspendida el año pasado por considerarse innecesaria, pero que podría ser aplicada nuevamente si resurge la violencia política.
Dicha Ley conmutó o redujo las penas de acusados de subversión que proporcionaron información que condujo a la captura de sus jefes u otros militantes de Sendero Luminoso.
Este mecanismo favoreció una rapida infiltración del Servicio de Inteligencia en la organización guerrillera y provocó la captura masiva de cuadros, miembros de aparatos de apoyo e inclusive de casi toda su dirección nacional en 1992.
Según algunos analistas, Sendero Luminoso trató de desacreditar el mecanismo ordenando a sus militantes que proporcionaran nombres de simpatizantes sin importancia o de inocentes, pero que protegieran la identidad de sus contactos.
Las publicaciones del Instituto de Defensa Legal mencionan decenas de casos de pobladores de barriadas detenidos porque algún senderista confeso los denunció como integrantes de los aparatos de apoyo o por haber guardado en sus casas explosivos o panfletos.
También figuran dos médicos, Fortunato Sumina y Fermín Medina, condenados a 20 años de prisión de los que pronto cumplirán cuatro, sindicados por "arrepentidos" de pertenecer al aparato de apoyo de Sendero Luminoso y haber atendido a guerrilleros heridos en choques con la policía. (FIN/IPS/al/ag/ip/96
