Conflictos con los indígenas y discrepancias entre entidades oficiales para aplicar la ley de protección ambiental en las zonas mineras de Panamá, han puesto en peligro inversiones por más de 2.000 millones para los próximos ocho años.
El presidente de la Cámara Minera Antonio Velázquez señaló que la Contraloría General de Panamá mantiene paralizados ocho contratos de exploración otorgados por el Estado a compañías extranjeras por "un problema de interpretación de la ley" que regula esa materia.
Según el empresario, la situación "crea inseguridad" y el peligro de que esas compañías y otras que negocian con el Estado decidan cancelar sus planes de inversión en el sector minero de Panamá, cuya proyección estimó en 2.000 millones de dólares para los próximos ocho años.
Velázquez puntualizó que a pesar que esas empresas ya han realizado inversiones por cerca de 40 millones de dólares si no se resuelven los escollos legales que pone la Contraloría se irán hacia otros países de la región "que están ofreciendo condiciones más alentadoras que Panamá".
Subrayó que países como Chile, Perú, Honduras y Nicaragua ofrecen ventajas, como el no pago de regalías al Estado, que no se consiguen en Panamá.
Sin embargo, el subcontralor Gustavo Pérez afirmó que no se trata de un problema de interpretación de la ley sino que las compañías aspirantes a los contratos de exploración "han mandado las cosas incompletas".
Según el funcionario, es indispensable que se presenten informes ambientales preliminares aprobados por el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables para otorgar el permiso de exploración.
Las leyes locales de protección ambiental exigen ese requisito, así como un estudio completo de impacto ambiental antes de que se inicie la fase de explotación de los minerales.
La directora de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias Francia Sierra culpó a los asesores legales de la Contraloría General por exigir un requisito desconocido por las compañías mineras cuando firmaron sus contratos.
A su juicio, el estudio de impacto ambiental "se solicita cuando ya se va a extraer el mineral" y no en la fase de exploración del recurso.
En 1995 el Estado otorgó 147 concesiones para la fase de exploración de minerales metálicos y no metálicos en un área de 827.460 hectáreas, así como 152.659 hectáreas destinadas a la explotación de distintos minerales.
El conflicto que mantienen las compañías concesionarias con la Contraloría General es un pálido reflejo de los que se avecinan con los pueblos indígenas afincados en las zonas objeto de exploración y de explotaci<
