México ocupa ya, después de Colombia, el liderazgo mundial en incidencia de secuestros. De ese delito, que prelados de la Iglesia Católica plantean penar con la excomunión, sacan tajada delincuentes, aseguradoras y un creciente negocio de protección privada.
El año pasado se registraron 1.450 secuestros, cifra que ubicó a este país como el segundo luego de Colombia, donde hubo 3.500, señala un informe difundido este jueves por Kroll Associates, una de las firmas de consultoría en seguridad más importante de Estados Unidos.
La ineficacia demostrada por las autoridades dio impulso a este tipo de delitos hasta transformarlo en un grave problema, afirmó a medios locales Christopher Marquet, director de Kroll Associates.
Un estudio de la Procuraduría General entregado a IPS indica que entre 1989 y 1995 se contabilizaron en el país 2.144 secuestros y los montos exigidos por rescates sumaron 100 millones de dólares.
En el documento se menciona que sólo 30 por ciento de los raptos son denunciados por los familiares de las víctimas.
El último secuestro que ocupó las primeras planas de los diarios fue el del empresario Mamoru Konno, representante en México de la empresa japonesa Sanyo, quien tras nueve días de cautiverio y el pago de dos millones de dólares fue liberado el pasado lunes.
En una visita realizada esta semana a México, el primer ministro de Japón, Ryutaro Hashimoto, pidió públicamente al presidente Ernesto Zedillo que ayude "aún más" a tomar medidas que garanticen la seguridad de funcionarios y empleados de empresas extranjeras que trabajan en el país.
Mientras el "negocio" crece, según lo reconoce la Procuraduría, la mafias se llenan los bolsillos, la policía pierde imagen por su ineficacia y los empresarios locales y extranjeros claman por mayor seguridad y gastan grandes sumas para mantenerse a salvo.
El secuestro por el que se conoce se pagó el mayor rescate en México se registró en 1992. Según indican archivos policiales, se trató de los 50 millones de dólares entregados a los secuestradores de Joaquín Vargas, propietario de la empresa de cable Multivisión.
La asociación local de aseguradoras indicó que en los últimos dos años se multiplicó la contratación de pólizas para el caso de secuestros. Los costos de estas coberturas van de 9.000 a 45.000 dólares anuales.
Una de las empresas que mayor cobertura ofrece es Kroll Associates. Por sus costos, que superan los 50.000 dólares al año a cambio de seguridad física, protección de sistemas de cómputo, seguridad de telecomunicaciones e investigaciones, sólo la contratan personas de grandes fortunas.
Frente a la creciente inseguridad otro negocio que florece es el de los servicios privados de seguridad. En la capital operan ahora más de 150 compañías de ese tipo, con más de 20.000 efectivos. En 1992 había únicamente 23 empresas registradas.
A las firmas reconocidas legalmente hay que añadir unas 200 que funcionan en forma clandestina, pero que igual son contratadas por ejecutivos y empresas de mucho dinero, indican las autoridades.
México es el país latinoamericano que cuenta con más personas o familias dueñas de fortunas de 1.000 millones de dólares o más, indicó en julio la revista estadounidense Forbes.
Según ese medio, en 1995 el número de "multimillonarios" mexicanos aumentó de 10 a 15 a pesar de que el país sufrió una de las crisis económicas más importantes de su historia.
La fortuna de estas personas suma en conjunto 25.600 millones de dólares, monto equivalente al nueve por ciento del producto interno estimado para 1996.
Pero no únicamente son víctimas de los plagios los millonarios.
En otro flanco está una población que se siente desprotegida y que pese a no tener fortunas también sufre los secuestros.
Harto por estos delitos, Luis Reynoso, obispo del estado de Morelos, al sur de la capital mexicana, decidió aplicar desde mayo la excomunión a todo aquel que cometa un rapto.
Reynoso pugna porque la iglesia aplique a nivel nacional sanciones similares. Privar de la libertad a alguien por dinero es uno de los delitos más terribles, sostiene el religioso al momento de justificar la excomunión.
Analistas advierten que estos actos pueden continuar en aumento si las autoridades no vigilan a más de 700 funcionarios de diverso rango de la policía que hace una semana fueron destituidos por corrupción.
Detenciones realizadas últimamente por la Procuraduría revelan que un gran porcentaje de las bandas de secuestradores están lideradas por ex policías. (FIN/IPS/dc/dg/pr-ip/96)
