El gobierno de México celebra el inminente fin del embargo atunero que desde principios de esta década aplica Estados Unidos a la industria pesquera local, lo que pondrá fin a 63 años de conflictos y abrirá posibilidades de nuevos ingresos y empleos.
El embargo, que durante su vigencia provocó la pérdida de 27.000 puestos de trabajo en México y redujo las capturas de la especie en más de 45 por ciento, sería levantado antes de dos semanas, dijo este jueves el subsecretario de Pesca, Carlos Camacho.
La declaración de Camacho siguió a la aprobación este miércoles en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de un proyecto de ley que levanta el embargo a la pesca de atún de México y otros países costeros de América Latina.
Para que la medida sea sancionada deberá ser discutida aún por el Senado y luego firmada por el presidente Bill Clinton, quien públicamente ha declarado su apoyo.
El fin de las sanciones es un hecho, lo que satisface plenamente, declaró Camacho.
La suspensión del embargo, impuesto con el argumento de que en la pesca se sacrificaba a delfines, permitirá a México, dueño de una de las flota atunera más grandes del Pacífico Oriental, recuperar en lo inmediato 6.000 empleos, según las autoridades.
Además, los ingresos anuales por las exportaciones de la especie aumentarán de 70 a 80 o 90 millones de dólares, afirman.
Según el subsecretario de Pesca, las sanciones a la industria atunera ya no tiene ninguna justificación, pues México redujo en los últimos 10 años la muerte de delfines en 97 por ciento.
Cuando se aplicó el embargo, que las autoriades mexicanas consideran una forma encubierta de competencia comercial desleal, los ecologistas de Estados Unidos acusaban a México de haber exterminado a unos 220.000 delfines entre 1988 y 1989.
El bloqueo lo determinó una corte luego de una ofensiva realizada por el grupo ambientalista Earth Island y las cinco mayores enlatadoras de atún de Estados Unidos, entre ellas Chicken or de Sea, Vam Cam y Bumble Bee.
El embargo "respondió indudablemente a intereses económicos de las empresas enlatadoras de Estados Unidos y no a la protección de los delfines", señaló Rafael Ruiz, miembro de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera.
Cálculos oficiales indican que las sanciones estadounidenses provocaron a México perdidas por unos 200 millones de dólares.
El embargo fue la culminación de una serie de roces que se iniciaron entre los dos países en 1933, cuando Washington elevó los impuestos a las importaciones de atún y México prohibió que flotas extranjeras capturaran la especie en las 12 millas de su mar territorial.
En 1976 México extendió su zona marítima a 200 millas, lo que limitó aún más la acción de los barcos estadounidenses.
Luego de varios choques diplomáticos, en 1980 Estados Unidos aplicó un primer embargo como represalia a la captura de sus barcos en las aguas que México reclama como de su uso exclusivo.
La medida fue levantada en 1986, año en que comienzan a registrarse las presiones en materia ambiental, que luego desembocaron en las sanciones de principios de esta década, ahora próximas a retirarse.
Quienes aún se oponen al fin del embargo atunero no son los ecologístas sino los pescadores estadounidenses, que temen a la competencia mexicana, indicó una nota de la cancillería.
En junio de 1995, la Comisión Interamericana de Atún Tropical informó que México cumplió todos los requisitos para garantizar que no se produzca la muerte accidental del delfín, acompañante natural del atún "aleta amarilla".
La Cámara Nacional de la Industria Pesquera sostiene que debido al embargo aplicado por Estados Unidos, el sector atunero nacional sufrió pérdidas anuales por 33 millones de dólares y afectó a unas 127.000 personas vinculadas en forma directa o indirecta a la industria.
El único punto a favor del embargo, dice la Cámara, es que alentó el consumo interno de atún, que pasó de 63.167 a 110.000 toneladas anuales.
Durante la vigencia del embargo, que obligó a reducir la flota atunera local de 87 a 50 embarcaciones y las capturas de 250.000 a menos de 150.000 toneladas anuales, el gobierno mexicano puso en vigencia severas normas y programas para proteger al delfín.
Entre estas medidas destacan la obligación de llevar a observadores en las embarcaciones y penas de cárcel para los infractores. (FIN/IPS/dc/ag/if-en/96
