Los empresarios y los residentes de las zonas costeras de Guyana se sienten aterrorizados por la eclosión de la delincuencia, mientras el país soporta un largo estado de sitio que muchos atribuyen a la actividad ilegal de los guyaneses vueltos al país tras ser deportados de los países de emigración.
Los robos y asaltos a mano armada a plena luz del día se han convertido en fenómeno de actualidad, junto a la comprobación de que muchos de esos delitos son cometidos con armas ilegales que según las autoridades son obtenidas en las ciudades fronterizas de Brasil y Venezuela.
Las armas, se afirma, son traídas a Georgetown a través de la selva, por los caminos que utilizan los buscadores de oro y los comerciantes en madera. Pero también recrudecen las acusaciones de corrupción y brutalidad que pesan sobre la policía.
"Los empresarios se encuentran bajo la constante amenaza de los bandidos que irrumpen en sus instalaciones y no tienen reparo en matar, tanto a los propietarios como a sus empleados y familiares", dijo Maniram Prashad, presidente de la Cámara de Comercio de Georgetown.
Las autoridades dirigen su dedo acusador hacia los guyaneses que han sido deportados de Canadá, Estados Unidos o algunos países vecinos de Sudamérica, a quienes consideran responsables de la violencia delictiva que se ha desatado en el país.
Sólo en el primer semestre de este año fueron deportados 226 guyaneses de 20 diversos países donde se encontraban. Más de 700 fueron enviados de regreso a Guyana el año pasado.
Algunos logran ingresar de nuevo, casi de inmediato, en el país que los había expulsado, mediante una cadena muy bien organizada de falsificación de pasaportes que podría tener, se llega a decir, conexiones en el Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos.
Según fuentes informadas, cualquiera que quiera viajar a Estados Unidos sin pasar por la solicitud de un visado, puede comprar una visa ilegal por 10.000 dólares.
Aparte de la cantidad de deportados por haber violado las leyes de inmigración de los Estados que los recibieron, un creciente número de los retornados son delincuentes que cumplieron pena de prisión en otros países.
Muchos de ellos emigraron legalmente con sus padres hace muchos años y ya no tienen raíces en Guyana. La dificultad para adaptarse a una nueva vida en este país les lleva al delito para financiar sus hábitos de vida.
El secretario del gabinete de ministros, Roger Luncheon, dijo que el gobierno "considera seriamente" la aprobación de nuevas leyes que permitan el control de la actividad de los deportados que retornan al país.
Jamaica sancionó el año pasado una ley destinada a enfrentar el mismo problema, según la cual se obliga a esas personas a presentarse periódicamente en la policía.
Las autoridades de Guyana esperan que la aplicación de una ley de esa naturaleza volverá a poner la delincuencia en niveles normales.
"El levantamiento del estado de sitio bajo el que viven los habitantes de forma ordinaria, sólo podrá tener lugar cuando la policía vuelva a tener un lugar respetado y una activa presencia en la sociedad", expresó este lunes un editorial del periódico independiente Stabroek.
El diario añadió que ello exigirá "limpiar la imagen de las autoridades encargadas de vigilar el cumplimiento de la ley, haciendo que enfrenten las acusaciones de corrupción y brutalidad que han sido levantadas contra ellas, además de elevar su presencia en las calles".
Finalmente, el editorial sugirió repensar el enfoque policial de la delincuencia y propuso combatir el tráfico ilegal de armas, como parte de una política para controlar el delito. (FIN/IPS/tra-en/bw/jc/arl/ip/96
