El multimillonario acuerdo comercial firmado esta semana entre Turquía e Irán dejó a Estados Unidos considerando qué hacer con su aliado en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), asociado ahora a su archienemigo.
Turquía se comprometió este domingo a comprar 23.000 millones de dólares de gas natural a Irán. Este acuerdo supone la entrega de 140.000 millones de pies cúbicos de gas al año a partir de 1998, cuando haya concluido la construcción de un gasoducto entre los dos países vecinos.
Este tratado se suscribió menos de una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, sancionó una ley que impone sanciones a las empresas extranjeras que inviertan en las industrias de petróleo y gas de Irán y Libia.
Washington procuró disuadir a Ankara de firmar el acuerdo, pero ahora deberá demostrar su voluntad de enfrentar firmemente a Irán, país al que calificó de patrocinante del terrorismo internacional, aun a costa de castigar a un estrecho aliado y socio de la OTAN.
Glyn Davies, vocero del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos, dejó en evidencia este lunes la perplejidad de Washington ante el pacto cuando manifestó su desaprobación pero también su esperanza de que el episodio no "ocasione una gran quiebra en la relación" con Turquía.
"Creemos que este acuerdo envía un mensaje equivocado a Irán. A medida que se difunden sus detalles, nosotros, por supuesto, deberemos evaluar si el tratado está previsto" dentro de las sanciones establecidas por la ley, explicó Davies.
La norma establece sanciones para las instituciones extranjeras que inviertan más de 40 millones de dólares al año en la infraestructura de energía de Irán o Libia.
Quienes infrinjan esta ley no podrán importar bienes u obtener licencias de importación a Estados Unidos, solicitar créditos del Exim Bank o competir por contratos con el gobierno en Washington.
Tampoco podrán pedir préstamos por más de 10 millones de dólares a instituciones financieras de Estados Unidos o comerciar bienes del gobierno del país norteamericano.
El gobierno de Turquía sostiene, de todos modos, que la ley no podrá aplicarse en este caso.
"Las sanciones prohíben las inversiones en Irán. Nosotros no vamos a invertir. Esto es solo un acuerdo comercial. Los dos países construirán los tramos del gasoducto correspondientes a sus respectivos territorios", dijo el portavoz de Ankara Abdullah Gul.
Esta situación deja espacio de maniobra a Washington, anque Davies acotó que "un acuerdo por 23.000 millones de dólares durante 23 años es un gran acuerdo". Y se preguntó en voz alta si ese dinero se destinaría a inversiones en el sector petrolero de Irán.
Pero, por ahora, la Casa Blanca y el Departamento de Estado son cautelosos.
"Tendremos que esperar y ver cómo afecta el acuerdo las relaciones entre Estados Unidos y Turquía. Tenemos un vínculo muy estrecho con muchos años de historia y que cubre muchas áreas, algunas, como la seguridad, muy importantes", explicó Davies.
Para colmo, la ley es tan reciente que nadie del gobierno de Estados Unidos está totalmente seguro de cómo aplicarla. "Tendremos que analizar la ley y el acuerdo para ver cómo se implican", sostuvo Davies.
La ley permite al presidente disponer la suspensión de las sanciones en casos individuales si ello contribuye a respaldar "intereses nacionales".
Pero los analistas afirman que Clinton no parece dispuesto a aplicar ese perdón en un año electoral, por temor a que sus rivales lo acusen de "blandura" respecto del terrorismo.
El portavoz del Departamento de Estado Nicholas Burns declaró que es "teóricamente posible" que Clinton suspenda las sanciones contra una empresa si el gobierno del país donde ésta reside coincide con las medidas de Washington para aislar el terrorismo.
Pero en este caso, se trata del propio gobierno de Turquía y no de una compañía turca en particular.
Mientras Washington examina la legalidad de las acciones de Ankara bajo la ley estadounidense, otros ponen en cuestión la propia legalidad internacional de esa norma.
Los países europeos, entre ellos Alemania y Francia, que amenazaron con adoptar leyes en represalia, aseguran que se trata de un "boicot secundario" ilegal y violatorio de las normas de la Organización Internacional de Comercio (OMC). Japón, incluso, anunció que presentará una queja ante ese cuerpo internacional.
La ley, redactada y patrocinada por el senador Alphonse D'Amato, del Partido Republicano, tenía al principio el propósito exclusivo de impedir que las empresas inviertan en Irán, país considerado por Washington promotor del terrorismo internacional y hostil al proceso de paz en Medio Oriente.
El proyecto logró el respaldo del senador demócrata Ted Kennedy, quien incluyó a Libia a causa de la negativa de ese país a entregar a la justicia de Gran Bretaña dos sospechosos de colocar una bomba en un avión que cayó sobre Lockerbie, Escocia, en 1988.
A pesar de las objeciones de los aliados europeos, Clinton estampó su firma sobre la norma el 5 de agosto, tres semanas después de sancionar la Ley Helms-Burton, que expone a empresas extranjeras que inviertan en propiedad de Cuba requisada a ciudadanos de Estados Unidos al riesgo de querellas judiciales.
En el acto de firma de la ley contra Irán y Libia, Clinton dijo que espera que "algún día todos los países se den cuenta de que, simplemente, no se puede hacer negocios con asesinos".
"En lo que tiene que ver con el terrorismo, no tenemos por qué recibir lecciones de moral", replicó el portavoz del gobierno de Francia Yves Dutriot. (FIN/IPS/tra-en/aa/pz/mj/if ip en/96
