Los recortes al sistema de bienestar social de Estados Unidos anunciados esta semana por el presidente Bill Clinton provocan en sus críticos la sensación de que, en este año electoral, pretende ganar votos en la ciudadanía blanca con un mensaje sutilmente racista.
Muchos consideran que Clinton se alejó de su antecesor y correligionario Franklin Delano Roosevelt y se acercó peligrosamente al republicano Ronald Reagan cuando informó que respaldará la ley que dispone los recortes.
Al explicar las razones que le inducían a una revisión drástica del sistema de bienestar social, el presidente contrastó a las viudas que recibían pensiones en la década del 30 con quienes las disfrutan hoy.
"Cuando se creó el sistema de bienestar, la típica beneficiaria era la viuda de un minero sin educación e hijos pequeños cuyo marido murió" en un accidente de trabajo, argumentó Clinton este miércoles, cuando prometió firmar la ley aprobada esta semana en el Congreso.
Había entonces "muy pocos embarazos e hijos nacidos fuera del matrimonio", agregó.
El contraste entre la simbólica viuda del minero y las embarazadas solteras de hoy es típica en el actual debate sobre bienestar social, según los críticos de Clinton.
La discusión política sobre el asunto se centró durante años en la imagen de las jóvenes madres solteras negras a las que Reagan (1981-1989) describió como "las reinas del bienestar".
Palabras sesgadas por cuestiones raciales y decisiones propias de un año electoral condujeron a Clinton y al Congreso a una retractación de la filosofía de gobierno en la materia adoptada por el presidente Franklin Delano Roosevelt, del Partido Demócrata, hace 61 años.
El corte de los programas de bienestar social garantizados por el gobierno federal será de unos 55.000 millones de dólares anuales que actualmente se suministran a las familias más pobres del país. Esa asistencia será sustituida por varios programas estatales.
"Creo que 'reforma del bienestar' es un término 'en clave' para designar políticas raciales. El beneficiario es retratado como una mujer negra con nueve hijos, que vive sentada y comiendo bombones", dijo Chester Hartman, director del Consejo de Acción e Investigación sobre Raza y Pobreza, en Washington.
Las cuestiones raciales incluidas en políticas como las de acción afirmativa y las relacionadas con el bienestar social han sido claves para atraer a los electores inclinados al racismo sin atacar directamente a negros o latinos, agregó Ron Walters, profesor de la Universidad Howard en Washington.
El resultado, sostuvo Walters, es el apoyo masivo a "una forma de castigo contenida en el sistema de bienestar". "No se trata realmente de una reforma del sistema, sino de su eliminación", afirmó.
"Existe un comprensible contragolpe contra el bienestar social. Los estadounidenses suponemos, creo que equivocadamente, que los beneficiarios del sistema son responsables de nuestros problemas", dijo Philip Coltoff, director ejecutivo de la Sociedad de Ayuda a los Niños, de Nueva York.
Pero Hartman argumentó que, aunque latinos y negros están desproporcionadamente representados entre quienes gozan de los beneficios del sistema, la mayoría de los 12,8 millones de personas que los reciben son blancas.
Lo que el estado gasta en la materia no es demasiado, según Coltroff. "Lo que se vierte al sistema representa menos de dos por ciento del presupuesto federal, y los ahorros que dispone la ley son menores al costo de un submarino nuclear", dijo.
La ley "ahorra dinero", admitió Deborah Weinstein, directora de la división de ingresos familiares de la Fundación de Defensa de los Niños, pero "tan escandalosamente que no hubo recortes en ninguna otra área presupuestal más que en ésta, que beneficia a tantos niños pobres".
Aunque el sistema de bienestar es un emblema del gobernante Partido Demócrata, su magnitud ha caído.
Clinton sabía bien antes de hacer pública su adhesión a la ley de recortes que su contrincante del Partido Republicano en las elecciones, Bob Dole, le criticaría si no cumplía con una de sus promesas de la campaña de 1992, "acabar con el (actual sistema de) bienestar".
Una portada reciente de la revista The New Republic, que realizó una campaña para que Clinton firmara la ley de reformas, mostraba la imagen de una joven negra con un hijo que fumaba un cigarrillo.
Hartman sostuvo que estas manifestaciones de índole racial en vísperas de una elección empujaron a Clinton hacia el respaldo de principios a los que inicialmente se opuso, pues siente que el voto de los negros está consolidado en su candidatura.
El presidente "siente que los electores negros no tienen a quién votar y que, por eso, puede actuar con impunidad", dijo.
Clinton vetó en dos ocasiones proyectos de ley de reformas al sistema de bienestar porque las consideró demasiado severas, pero luego manifestó que la última versión mejoraba las anteriores, si bien admitió que la legislación en la materia todavía está "lejos de la perfección".
El Instituto Urban, usina de ideas que suministró a Clinton información sobre los anteriores proyectos, advirtió que la ley que el presidente se dispone a sancionar arrastrará a un millón de niños debajo de la línea de pobreza.
Alrededor de 10 por ciento de las familias de Estados Unidos perderá parte de sus ingresos como resultado de los cortes al sistema, explicó Weinstein. La fundación estima que ocho millones de familias perderán en promedio 1.300 dólares al año en concepto de dinero y bonos alimenticios.
Otros informes señalan que otra promesa que pronunció Clinton este miércoles, "dar a la gente la posibilidad de obtener un sueldo y no un cheque" de las arcas federales, también será difícil de cumplir.
El presidente sostuvo que, al clausurar programas de bienestar federales como Asistencia a Familias con Niños (AFDC) y colocar ese dinero en manos de los estados, los gobiernos locales podrán establecer programas para convertir a los beneficiarios del sistema en trabajadores.
Sin embargo, un estudio desarrollado en Illinois por Nikolas Theodore, de la Liga Urbana de Chicago, y Virginia Carlson, de la Universidad de Wisconsin en Milwaukee, controvierte esta posibilidad.
Por cada puesto de trabajo que se genera en Illinois existen cuatro personas que necesitan un empleo, y la proporción es aun mayor en grandes ciudades de ese estado, como Chicago.
"Muchos, quizás la mayoría, de los que quedarán fuera del sistema de bienestar no podrán conseguir empleo en el sector privado", alertó Hugh Price, de la Liga Nacional Urbana.
"Infinidad de puestos de trabajo se han ido, y para siempre. Una persona puede tener inclinación al trabajo, pero a menos que esté entrenado para la economía moderna, no conseguirá empleo", agregó Coltoff.
El nuevo sistema permitirá a los estados obligar a los adultos a trabajar para instituciones públicas dos años después de comenzar a recibir beneficios sociales.
Muchos beneficiarios podrán perder todos los ingresos procedentes del sistema después de cinco años dentro de él, mientras una amplia gama de aportes serán negados a los inmigrantes legales y sus familias.
"¿Qué se supone que hagan las madres beneficiarias que no puedan obtener empleo cuando está por terminar el plazo? Esta reforma dejará a familias que necesitan ayuda a merced de los estados, que, con pocas excepciones, no tienen buenos antecedentes en materia de bienestar", dijo Price.
"Existe un enorme racismo entre el funcionariado de los estados, especialmente en el sur de Estados Unidos pero también en el norte", manifestó Hartman. Los criterios que se apliquen tendrán diferencias dramáticas de un estado a otro, añadió.
Los pagos del AFDC a la población negra son más bajos en el sur que en el resto del país, pues el sistema aún vigente permite que los estados determinen el monto del beneficio.
En 1994, mientras Mississippi entregó apenas 120 dólares mensuales por familia y Louisiana, 164, Alaska aportaba 760 dólares y Nueva York, 546. (FIN/IPS/tra-en/fah/yjc/mj/ip pr/96
