El futuro de las deterioradas relaciones entre Estados Unidos y Colombia dependerá del debate que el Congreso del país sudamericano iniciará para considerar un posible endurecimiento de la lucha contra el narcotráfico.
Tras la "descertificación" de que fue objeto Bogotá por Estados Unidos en marzo por su presunto bajo desempeño en el combate contra las drogas, los empresarios colombianos quedaron a la expectativa de las decisiones económicas que tome el gobierno estadounidense.
Colombia perdió en marzo parte de los aportes para programas de cooperación, el aval de los representantes estadounidenses para gestionar créditos ante la banca multilateral y quedó sujeta a posibles sanciones comerciales.
Estados Unidos "está esperando que el Congreso apruebe la legislación que presentará el gobierno para aumentar las penas de los narcotraficantes y decomisar sus bienes" y en función de esas leyes "estudiará si se aplican sanciones comerciales o no", afirmó este lunes el ministro de Comercio Moris Harf.
El proyecto presentado este martes por el gobierno ante el Congreso contempla la reforma del artículo 34 de la Constitución para ampliar la figura de enriquecimiento ilícito, que actualmente limita la posibilidad de una confiscación de bienes a delitos relacionados con el tesoro público.
El presidente Ernesto Samper señaló que se busca "extender de manera explícita" esa penalización y aumentar de 12 (el máximo actual) a 20 años las condenas máximas para los narcotraficantes, así como crear multas para las personas que se presten a transportar la droga ilícita (las llamadas mulas).
Todas estas medidas serán examinadas con lupa por Estados Unidos para decidir si vuelve a cooperar con Bogotá en la lucha antinarcóticos.
El gobierno no planea incluir en el proyecto de reforma el tema de la extradición de los narcotraficantes, otra exigencia estadounidense, pero en opinión del embajador de Washington en Bogotá Myles Frechette ese instrumento "tarde o temprano volverá a implantarse".
Para Harf, si los proyectos son aprobados antes de que concluya el período de sesiones ordinarias del Congreso (el 20 de diciembre) se alejarán los temores de empresarios locales sobre posibles retaliaciones comerciales de Estados Unidos.
Se estaría demostrando así "el buen ánimo que tiene el país de colaborar en la lucha antidrogas", destacó.
La situación de las relaciones bilaterales con Estados Unidos "es más difícil ahora que en marzo", subrayó Harf, aunque sin abundar en explicaciones.
Según el senador José Trujillo, amigo de Samper e integrante del oficialista Partido Liberal, es "preocupante que un funcionario de tan alta jerarquía" como Harf "se convierta en caja de resonancia de la presión indebida de un gobierno extranjero contra el Congreso de la República".
Roberto Camacho, diputado del opositor Partido Conservador, indicó a su vez que las presiones obedecen a que "el gobierno quiere legislar a su voluntad".
Los dos congresistas coincidieron en que es necesario fortalecer la legislación para luchar contra las mafias y también que el debate debe estar "libre de presiones foráneas".
La tensión en las relaciones entre Bogotá y Washington llegó a su punto más alto el 11 de julio, cuando el gobierno estadounidense canceló la visa de ingreso a Samper.
Entre las sanciones comerciales que Estados Unidos puede tomar contra Colombia destacan la eliminación de las preferencias arancelarias con que cuentan los países andinos vinculados a la lucha antidrogas, el veto a las aerolíneas comerciales y drásticos controles aduaneros. (FIN/IPS/yf/dg/ip/96
