La situación generada por la protesta de campesinos cocaleros del sur de Colombia contra la erradicación de sus cultivos se convirtió en un "conflicto bélico" que tiende a agudizarse, advirtió hoy el Centro de Investigaciones y Cultura Popular (Cinep).
Según Cinep esa organización no gubernamental que trabaja en desarrrollo, medio ambiente y derechos humanos, el gobierno ha asumido "una actitud de dilación y un total apoyo a las Fuerzas Armadas" que ha polarizado el conflicto.
El Ejecutivo afirmó que no negociará su política de erradicación de los plantíos de coca y retiró una comisión que había enviado el viernes para dialogar con los campesinos.
Los cocaleros piden que el problema de los cultivos ilícitos sea tratado como un tema social y se busquen perspectivas a la región.
Los cultivos ilícitos, sostiene Cinep, han alcanzado esta década entre 160.000 y 180.000 hectáreas y su destrucción es parte de la agenda bilateral con Estados Unidos al igual que los temas del lavado de "narcodólares" y el aumento de penas a los narcotraficantes.
Las cifras difieren de un informe oficial según el cual los cultivos ilícitos de coca, marihuana y amapola llegarían a unas 60.000 hectáreas, localizadas en por lo menos 14 departamentos.
Sin embargo, para CINEP, a diferencia de otros puntos de la agenda bilateral con Estados Unidos, que "generan dificultades políticas la erradicación de estos cultivos permite mostrar a corto plazo y con derroche de imágenes" el cumplimiento de los compromisos antidrogas.
Las Fuerzas Armadas sostienen que las protestas son alentadas por la guerrilla y el narcotráfico con el fin de obtener mayores recursos para golpear a la insurgencia.
Para Cinep, la polarización a que está llegando el conflicto entre los campesinos y el gobierno está generando "condiciones favorables para que a mediano plazo los cultivadores de coca se afirmen en el poder armado de la guerrilla o se vinculen en ella".
De acuerdo a organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos, las confrontaciones que se han presentado durante las tres semanas de conflicto han provocado la muerte de por lo menos tres personas, entre las cuales un menor de edad, y la desaparición de otras 12.
Este lunes los campesinos pidieron al gobierno reanudar las conversaciones en Bogotá, a donde se trasladó parte de la comisión que había sido enviada al departamento de Putumayo para dialogar.
El gobierno advirtió que no permitirá que "al amparo de la proliferación de los pequeños cultivos de coca" las mafias del narcotráfico y "la guerrilla continúen haciéndole daño al país".
Este lunes, mientras parte de la comisión gubernamental se trasladaba a Bogotá, otros 20.000 campesinos de 10 municipios del departamento de Caquetá se desplazaban a la capital Florencia en una jornada de protesta similar as desarrolladas en Putumayo.
En la localidad de Orito (Putumayo), donde se encuentran campos de la estatal Empresa Colombiana de Petróleos, los manifestantes bloquearon las entradas con barricadas, que impidieron el ingreso de los operarios petroleros .
Como resultado de la acción la producción de crudo de Orito se redujo 20 por ciento.
El fiscal general Alfonso Valdivieso afirmó que los costos de los problemas sociales que generen los cultivadores de coca "deben ser asumidos por el Estado".
Se trata de "un típico problema de Estado" que se está desarrollando en un campo de acción imprevisto y complicado pero en el que debe actuarse con "la claridad de las transacciones", dijo.
Afirmó igualmente que en Putumayo, Guaviare y otros departamentos productores de hoja de coca se está demostrando el escaso compromiso que tenía el gobierno con la atención de los problemas locales.
Esas regiones, pobladas por colonos desplazados de otras zonas por la violencia, fueron durante décadas abandonadas por el Estado, lo cual llevó a la población a decicarse a los cultivos ilícitos, señaló la Asociación Nacional de Campesinos (Anuc).
El problema no debe ser tratado desde un ángulo policial y militar, como lo hace el gobierno, sino por medio de una reforma agraria integral, observó la Anuc. (FIN/IPS/yf/dg/ip/96
