Venezuela ubicó en la falta de recursos y de coordinación entre instituciones sus principales carencias para enfrentar la explotación sexual de niñas y niños, dijo la presidenta del estatal Instituto del Menor, Nancy Montero.
Un informe avalado por el Instituto cifró en 40.000 el número de niños y niñas entre ocho y 17 años afectados por prácticas de prostitución -22 por ciento varones-, en este país de 22 millones de habitantes y donde 1,6 millones de menores de 18 años desarrollan estrategias de sobrevivencia.
El no-gubernamental Centro Comunitario de Aprendizaje informó que en 1995 había al menos 206.000 niñas y niños en actividades marginales de ingresos, y de ellos 14 por ciento (29.000) en prácticas de prostitución.
Frente a este problema, Venezuela "apoya el proyecto de plan de acción de Estocolmo", donde se reunirán 115 países emtre los días 27 y 31 en un Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños, indicó Montero a IPS.
Montero destacó los aprestos para llamar desde Estocolmo a "un refuerzo urgente de medidas y estrategias integradas e intersectoriales de carácter comprensivo, de modo que se puedan establecer programas nacionales de acción".
"Estamos urgidos de recursos, pero también de coordinación y empuje conjunto de las instituciones públicas que trabajan en apoyo del menor, así como entre ellas y las organizaciones no- gubernamentales (ONG)", dijo.
Montero aspira a que "las conclusiones de Estocolmo sean consideradas por los parlamentarios en la reforma de la ley" del menor, que podría concluirse en Venezuela este año.
Respecto de los recursos, Montero destacó su insuficiencia. "Con un presupuesto de 32 millones de dólares atendemos en distintos programas a 364.000 menores", una cifra que incluye a 20.000 niños y adolscentes infractores de leyes.
En el área de lucha contra la explotación sexual infantil, instalaciones del Instituto "atendieron en 1994 a 180 niños que ingresaron por prostitución, a 200 en 1995 y a 172 en el período enero-mayo de 1996".
El incremento "no significa necesariamente que se extienda la explotación sexual de menores, sino más bien que avanzaron los programas de atención del Instituto", centrados en aspectos de ayuda social y asistencia sicológica, destacó.
Los niños y niñas atendidos por el instituto, y las 39 instituciones privadas y ONG con las que celebra convenios, generalmente son llevados por funcionarios que hacen labores de policía preventiva, en calles, bares y prostíbulos.
También, algunos se presentan por cuenta propia o son referidos por familiares, o por denuncias de la comunidad, como el caso de un reciente caso en la zona industrial de Aragua, al oeste de Caracas, donde se desmontó un prostíbulo con un centenar de jovencitas, destacó Montero.
Testimonio "típico" en el informe encargado por el Instituto es el de una muchacha de 17 años que llegó a Caracas desde el occidente petrolero contra la voluntad de su familia, muy pobre, pero que ya no reclama por el origen de la ayuda que recibe.
Otro es el de una jovencita empleada como recepcionista en una oficina que complementa su bajo sueldo. "Me dedico a esto de vez en cuando, porque lo que gano en la oficina no me alcanza", dijo.
De cada 100 menores afectados por la prostitución en Venezuela, 40 viven en la miseria, 40 en pobreza relativa y 20 tienen sus necesidades básicas cubiertas. Los porcentajes son similares para el conjunto de la población venezolana.
Francisco Estert, de la ONG Fundaici, que investiga menores en circunstancias difíciles, destacó que "la prostitución está asociada a las crisis, a los problemas económicos y sociales", aunque haya jóvenes sin mayores dificultades económicas que intentan por esta vía ganar dinero extra.
La explotación sexual, apuntó Estert, suele originarse en hogares con anomalías o disfunciones, y aparece vinculada al maltrato físico o sicológico. La casi totalidad de las niñas y niños estudiados "son hijos de familias maltratantes".
El proyecto de plan de acción para el congreso de Estocolmo subraya la necesidad de programas nacionales de prevención para proporcionar, a niños y niñas en situaciones de riesgo, acceso a educación, salud, información y defensa de sus derechos.
También pide a los gobiernos "formular o reforzar e implementar políticas económicas y sociales con contenido de género, para ayudar a los niños vulnerables frente a la explotación sexual comercial, a sus familias y a sus comunidades". (FIN/IPS/hm/dg/pr/96
