Haití se sumió en un intenso debate acerca de la seguridad a raíz de los hechos de violencia política ocurridos este fin de semana, mientras se considera si la misión de Naciones Unidas en el país seguirá operando en 1997.
La Misión de Apoyo de Naciones Unidas (MANUH), cuyo mandato, se prevé, expirará a fin de año, sostiene que los incidentes fueron "inflados" por los medios de comunicación locales. Los periodistas haitianos, por su parte, reclamaron a las autoridades acciones urgentes para controlar la situación.
El episodio de violencia más reciente detonó tras el arresto de ocho ex soldados y 15 activistas en la sede de la derechista Movilización para el Desarrollo Nacional (MDN). Un día después, personas desconocidas atacaron la estación de policía donde estaban detenidos.
Este hecho provocó una tormenta parlamentaria.
Fuentes del gobierno creen que el ataque fue obra de soldados desmovilizados de filiación derechista para liberar a sus compañeros.
El vocero de la MANUH Eric Falt admitió que los incidentes fueron serios, pero acotó que no lesionaron "la estabilidad del gobierno". "Las fuerzas de seguridad fueron eficaces. El hecho de que el ataque haya sido repelido demuestra que la MANUH controla la situación", dijo Falt a IPS.
Los funcionarios de MANUH sostuvieron que los informes periodísticos, que calificaron el episodio como una demostración de violencia campante en el país, fueron exagerados. Pero los observadores advirtieron el modo en que estos hechos se relacionaron con cuestiones políticas de importancia.
Por ejemplo, un debate que se instaló a continuación fue si esperar hasta diciembre para solicitar la permanencia de la fuerza de mantenimiento de la paz de la Organización de Naciones Unidas (ONU) o apostar a fortalecer las fuerzas de seguridad de inmediato.
Los políticos y la población también discuten si debe crearse un nuevo ejército que sustituya al disuelto en 1994, después de que una fuerza internacional invadió Haití para restaurar al entonces derrocado presidente Jean-Bertrand Aristide y destituir el régimen militar encabezado por el general Raoul Cedras.
El gobierno prefiere una combinación de las distintas fuerzas de seguridad, para combatir tanto la criminalidad común como la política, calificada por las autoridades como "conspiraciones desestabilizadoras".
Una fuente del Ministerio de Justicia, que tiene entre sus funciones la supervición de la policía, confirmó que las autoridades, aun dentro de esa secretaría de estado, todavía no alcanzaron un consenso acerca de la estrategia a adoptar.
"La estrategia propuesta por el equipo del ministro de Justicia es el reforzamiento de la fuerza de policía con brigadas especiales y el mejoramiento de la eficacia del servicio de inteligencia. El principal problema para concretarla es, obviamente, la falta de dinero", dijo el informante.
A inicios de agosto, por ejemplo, casi 25 oficiales del Grupo de Respuesta Rápida estacionados hace dos meses en la frontera meridional con República Dominicana abandonaron sus puestos y aún se ignoran sus paraderos.
Estos hombres, armados con fusiles M-16 y subametralladoras israelíes Uzi, fueron supuestamente abandonados en el área sin alimentos ni dinero, según una fuente de la investigación y digna de crédito.
Existen distintas posiciones acerca de la necesidad de un ejército en Haití. Algunos políticos, incluso identificados con el oficialista partido Lavalas, creen que la abolición del cuerpo armado impuesta por el ex presidente Aristide fue un error.
El alcalde de Puerto Príncipe, Joseph Emmanuel Charlemagne, fue presuntamente marginado de los círculos cercanos al actual presidente, René Préval, luego de que denunció la existencia de "corrupción en las entrañas del gobierno" relacionada con la seguridad nacional.
Charlemagne afirmó que algunos funcionarios electos recibían los beneficios de la presencia de tropas extranjeras en Haití. "Ls situación es catastrófica", dijo.
Choizeul Henriquez, secretario general adjunto del partido Louvri Barie (puertas abiertas, en créole) e integrante de la coalición de gobierno, dijo que "los intentos de desestabilización son reales".
Serge Gilles, líder del partido socialista opositor PANPRA, sostuvo la resolución de la incerteza política será clave para acabar con los problemas de seguridad.
"Estos asuntos son, en su origen, políticos. No habrá seguridad real si la población no está involucrada. Y eso no sucederá a menos que la autoridad del gobierno se restablezca", manifestó Gilles.
"Antes de que eso suceda, las tropas extranjeras deberán permanecer, creo, de tres a cinco años más en el país. Creo que su partida debe ser negociada a través de un compromiso político entre los partidos", agregó.
Gilles afirmó que el problema de la existencia del ejército es secundario frente a las tres cuestiones principales que enfrenta Haití: la reforma del gobierno, la renovación de las instituciones sociales y la producción.
A pesar de la distancia ideológica que lo separa del MDM, el líder del socialismo haitiano opinó que el allanamiento policial a la sede del movimiento derechista "es un ataque contra todos los partidos políticos".
Gilles cree que el gobierno aún debe probar fehacientemente si el episodio del fin de semana fue un complot.
En un comunicado difundido esta semana, Hubert de Ronceray, un estridente opositor del gobierno, calificó el allanamiento de "dictatorial" y reclamó la liberación de los arrestados.
De Ronceray declaró la semana pasada que su partido continuaría presionando a las autoridades para que respeten los derechos constitucionales de los integrantes del ejército disuelto, al tiempo que se comprometió a "hablar menos y actuar más". (FIN/IPS/imc/sz/mj/ip hd/96
