Airadas organizaciones humanitarias y de defensa de inmigrantes condenaron hoy la irrupción policial en una iglesia parisina, así como el violento desalojo de 300 africanos que se refugiaron en el templo para evitar la deportación.
Muchos grupos estaban furiosos por la aparente relación del operativo policial con un dictamen del Consejo de Estado, el más alto tribunal administrativo, en el sentido que Francia era libre de adoptar medidas necesarias para "regularizar" la situación de su comunidad de migrantes.
Los grupos humanitarios adujeron que el dictamen no podía ser usado como una excusa para justificar la irrupción.
La acción policial, realizada abruptamente, se convirtió en serio motivo de embarazo público para el gobierno conservador, además de dividir al gabinete del primer ministro Alain Juppe.
El jueves último Juppe dijo que los inmigrantes no tenían derecho a permanecer en Francia pero sus casos serían examinados individualmente.
Poco antes de la irrupción, un vocero de los inmigrantes, Boubakar Diop, informó a los medios locales que se estaban realizando conversaciones para poner fin a la crisis.
En vista del estado de salud de tres huelguistas de hambre en el grupo, los demostrantes acordaron terminar la protesta este viernes si el gobierno otorgaba a todos un año de residencia y permisos de trabajo.
Como respuesta, la unidad policial antimotines cargó contra los refugiados. "Apreciamos que Francia tenga la facilidad o la capacidad de ser ambigua", ironizó Jacques Motombo-Cartier, representante en Francia de la Unión para la Democracia y el progreso Social, un movimiento opositor de Zaire.
"El jueves, el Consejo de Estado dió tiempo al gobierno para estudiar cada caso con calma, de modo que la situación de los inmigrantes pudiera ser regularizada. Este viernes quedamos estupefactos al comprobar que esas mismas autoridades usaron en cambio la máxima fuerza", dijo.
"La policía atacó a personas indefensas a bastonazos y arrojando gas lacrimógeno", lamentó.
Diez africanos estaban en su 50 día de huelga de hambre y habia numerosas mujeres y niños en el grupo. Los inmigrantes, en su mayoría procedentes de Mali, mantuvieron ocupada la iglesia de San Bernardo, en el distrito de Montmartre, desde el 20 de junio.
Cuando la policía cargó, los africanos se encontraban en el centro de la iglesia con sus hijos, mientras el cura párroco se mantenía detrás del altar. Los agentes obligaron a los demostrantes a abandonar el sitio a bastonazos y empellones.
Haciendo caso omiso de la presencia de aterrorizadas mujeres y niños, arrojaron además gas lacrimógeno para acelerar el desalojo.
La policía informó que 46 inmigrantes fueron arrestados fuera de la iglesia porque resistieron la represión o se arrojaron al suelo para evitar que los demás africanos fueran alejados del lugar en autobuses. Alrededor de 50 demostrantes solteros quedaron recluídos en la carcel de Vincennes, llamada "antesala de la deportación".
El ex embajador francés, Stephane Hessel, quien trató de mediar en el largo contencioso de cinco meses, declaró que la irrupción fue "una mala manera de resolver el problema. Además, resultó inoportuna en un momento que las negociaciones parecieron estar a punto de reanudarse".
El grupo humanitario SOS Racisme condenó duramente lo que calificó el "cinismo y la violencia del gobierno".
Las autoridades habían negado asilo político a varios africanos. Otros están casados con inmigrantes legales y algunos iban a ser deportados por una ley aprobada en 1993 que quita la ciudadanía automática a los hijos nacidos en Francia de padres extranjeros. El resto tenía vencidas sus visas de turistas.
Juppe afirmó que el Consejo de Estados dispuso que "en todas las situaciones que se habían presentado, los interesados no tenían derecho a permanecer en Francia. El Consejo de Estado dijo que no podía haber regularizacion cuando alguien esta en posición irregular".
Los grupos de defensa de migrantes dieron al dictamen del Consejo una lectura distinta. Incluso si la "regularización" – una amnistía eficaz para inmigrantes ilegales- no era un derecho, no había ninguna legislación que impidiera al gobierno de acordarla.
"El Consejo no dispuso la regularización pero en cambio recordó a la administración que tiene la autoridad para proceder a esa regularización", apuntó Catherine Withold de Wenden, una experta en migraciones del Centro de Investigaciones y Estudios Internacionales.
El tribunal dijo que las autoridades tenían el derecho de dar los pasos para regularizar la situación de los inmigrantes, excepto en los casos que la legislación lo prohibía expresamente.
Sin embargo, muchos temen que la violenta irrupción anuncie una nueva y más estricta acción contra los migrantes. El dictamen del Consejo surgió despues que el gabinete de Juppe se dividió sobre la manera de manejar el problema.
La opinión publica ha comenzado a alinearse con los grupos humanitarios y demostrantes, con más del 50 por ciento respaldando sus objetivos, según algunos sondeos.
"Lo que tememos es que esta situación no se limite a los refugiados de San Bernardo", expresó Motomo-Cartier. "Muchos solicitantes de asilo vienen de Zaire y son miembros de la oposición. Estamos en la misma encrucijada". (FIN/IPS/tra- en/ao/rj/ego/ip)
