Pamela Pereira, una abogada que encabezó luchas por los desaparecidos en América Latina, impugnó duramente la política de derechos humanos y lucha contra el terrorismo aplicada en Chile tras el restablecimiento de la democracia.
La abogada, miembro del Tribunal de Honor del cogobernante Partido Socialista (PS), aparece ahora enfrentada a la directiva de su colectividad y sobre todo al sector "renovado", gestor de la ruptura socialista con el marxismo.
En una declaración formulada el miércoles, Pereira criticó "la política de la no política" en materia de derechos humanos de la Concertación por la Democracia, la coalición de centroizquierda que ha gobernado el país desde marzo de 1990.
Sus pronunciamientos se enmarcan en la polémica desatada en torno a los métodos que utilizó la Oficina de Seguridad Pública bajo el gobierno del presidente Patricio Aylwin (1990-94) para aclarar el asesinato del senador derechista Jaime Guzmán, cometido el 1 de abril de 1991.
Guzmán, líder y fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), fue baleado por un comando de la llamada fracción autónoma del insurgente Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR-A).
La Oficina de Seguridad Pública, creada a raíz de ese homicidio con la misión de coordinar la lucha contra grupos calificados de terroristas, posibilitó la captura de unos 80 insurgentes y la desarticulación del FPMR-A, el Frente Juvenil Lautaro y otros grupos menores.
Pero en las últimas investigaciones sobre el caso Guzmán surgieron acusaciones de que la "Oficina", dirigida entonces por Jorge Burgos, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Marcelo Schilling, del PS, utilizó métodos ilegales.
Se les acusa sobre todo de recurrir a ex insurgentes para que suministraran información bajo el método de la delación compensada, introducido en la judicatura chilena en 1991 y aplicable sólo por los jueces.
Schilling, una de las figuras de la "renovación" socialista, estaría siendo investigado también por la jueza Raquel Camposano, a cargo del caso Guzmán, por propiciar asociaciones ilícitas para infiltrar a los grupos armados.
Según el ex comisario Jorge Barraza, estos métodos llevaron a inculpar en el homicidio de Guzmán al joven Sergio Olea Gaona, quien era inocente, y posibilitaron la fuga del dirigente del FPMR- A Juan Gutiérrez, quien sería el autor intelectual del crimen.
Pereira, quien en 1994 tramitó en los tribunales un recurso de amparo en favor de Barraza cuando éste fue despedido del Servicio de Investigaciones (policía civil), rechaza los respaldos del PDC y el PS a Burgos y Schilling.
Al responder a las críticas de los dirigentes del PS por su conducta, la abogada emplazó al gobierno del presidente Eduardo Frei a pronunciarse sobre la legitimidad de la delación compensada como un método extrajudicial.
Advirtió además que las conductas que se atribuyen a los ex directivos de la "Oficina" no sólo son jurídicamente ilegales sino también moralmente reprobables y recordó que en democracia los funcionarios públicos deben asumir la responsabilidad política por sus actos.
Según la abogada, el problema de fondo radica en que la llamada política del consenso que adoptó desde 1990 la coalición gobernante, la llevó "a no llamar las cosas por su nombre" en el ámbito de los derechos humanos.
Esto condujo a calificar de "excesos" las graves violaciones de derechos humanos de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90) y a equipararlas "con cualquier hecho negativo que se produce en democracia".
Pereira fustigó a los gobiernos de Aylwin y del actual presidente Frei por no hacerse parte en ningún juicio por desapariciones forzadas y de intervenir sólo en cuatro juicios de derechos humanos gracias a presiones de gobiernos extranjeros.
La abogada es hija de un profesor militante del socialdemócrata Partido Radical detenido por agentes represivos tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y que forma parte de la nómina de un millar de desaparecidos.
Pereira fue la primera presidenta de la Asociación Latinoamericana de Agrupaciones de Familiares de Detenidos- Desaparecidos, creada a fines de la década de los años 70 por organizaciones humanitarias de toda la región.
"Exigir esclarecimiento de hechos delictivos debe valorarse como conducta ciudadana responsable y no debe ser estigmatizada como una conducta contraria o desleal al gobierno al que una adhiere", dijo la abogada.
"Exigir obsecuencia en esta materia es propio de regímenes autoritarios", recalcó Pereira, quien recordó también que, al contrario de otros líderes oficialistas, permaneció en Chile durante los 17 años de la dictadura luchando por el respeto de los derechos humanos. (FIN/IPS/ggr/dg/hd-ip/96
