México prepara una ley espejo contra la ley Helms-Burton, Canadá y la Unión Europea anuncian contramedidas. Cuba, en tanto, escoge el silencio como uno de los antídotos posibles contra la medida estadounidense.
Aunque los anuncios de nuevas asociaciones económicas aparecen de vez en cuando, las autoridades cubanas mantienen una reserva absoluta sobre las empresas extranjeras que negocian con antiguas propiedades estadounidenses en el país caribeño.
Sólo en el caso de la Sherrit International, compañía minera canadiense que tiene un contrato millonario para la explotación de níquel en el oriente de Cuba, trascendió la decisión de sus ejecutivos de seguir y ampliar sus negocios.
"No vamos a ayudar al presidente Bill Clinton a hacer su lista negra", dijo el vicepresidente de Cuba, Carlos Lage, quien se negó a dar detalles sobre las empresas que han decidido mantenerse o marcharse.
No obstante, trascendió que unas 12 empresas extranjeras optaron por cerrar sus negocios en la isla o suspender conversaciones avanzadas para proyectos de inversión.
Hasta el momento parece evidente el retiro de la compañía mexicana Cemex, que tenía una inversión conjunta con Cuba, calculada en 80 millones de dólares, para la fabricación de cemento en una antigua propiedad de la Lone Star Cement Corporation.
La mexicana Vitro, los grupos españoles Occidental Hoteles y Paradores Nacionales de Turismo, y el Banco Holandés ING, integran la lista de empresas que han decidido cancelar o modificar sus proyectos en la isla.
Sin embargo, de esto no se habla en Cuba. Las autoridades reconocen que la ley Helms-Burton ocasionó daños a la economía cubana desde que sólo era un proyecto, pero aseguran que hasta el momento ninguna compañía extranjera comunicó su retiro de forma oficial.
Conocida por el nombre de sus promotores, los congresistas Jesse Helms y Dan Burton, la ley prevé sanciones a empresas o países que inviertan en antiguas propiedades estadounidenses en Cuba.
La ley, aprobada por Clinton el 12 de marzo, reafirma todas las medidas del bloqueo económico, comercial y financiero decretado contra Cuba en 1962 y traza las pautas que deberá seguir un gobierno cubano democráticamente electo.
Según un informe del Ministerio de Economía y Planificación, al cierre del primer semestre de este año Cuba mantenía 240 acuerdos de asociación con capital extranjero, en 34 sectores de la economía y con la perticipación de empresas de 43 países.
Lage, principal ejecutor de la política económica en Cuba, informó que 140 nuevos proyectos están en proceso de negociación y 25 asociaciones económicas, algunas de ellas de importancia, fueron constituídas después de firmada la ley Helms-Burton.
Sin embargo, expertos locales aseguran que la ley estadounidense logró frenar el ritmo de inversiones extranjeras en Cuba que, según los pronósticos más optimistas, debía haber alcanzado los 300 contratos a fines del año pasado.
Para las autoridades está claro que "en Cuba no hay propiedades estadounidenses" y el proceso de nacionalización realizado en la década del 60 repondió a las leyes cubanas y a las normas del derecho internacional.
"Cuba no negó nunca la posibilidad de que se indemnizara a los antiguos propietarios", apuntó Lage, quien añadió que se alcanzaron acuerdos con los gobiernos de Suiza, Francia, Gran Bretaña, Italia, Canadá, México y España.
Funcionarios y expertos locales coinciden en señalar que Estados Unidos es el único responsable de que las compensaciones sean aún un tema pendiente en las relaciones bilaterales, pues se niega a emprender las negociaciones correspondientes con el Estado cubano.
Alejandro Aguilar, del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas, reveló que "buena parte de las empresas supuestamente reclamantes han mantenido negocios con Cuba".
Según John Kavulich, presidente del Consejo Económico Comercial Estados Unidos-Cuba, entre las desventajas de la ley Helms-Burton está el desacuerdo de buena parte de las empresas estadounidenses que ven alejarse aún más cualquier posibilidad de compensación.
El experto, que consultó a 300 empresarios de su país antes de dar una opinión, dijo a IPS que a la larga la ley estadounidense consolidará el proceso de apertura externa de la economía cubana.
Empresarios consultados en La Habana estiman que al menos los grandes negocios pujarán por mantenerse en la isla, que tiene entre sus principales atractivos un mercado virgen sin competencia de Estados Unidos. (FIN/IPS/da/ag/ip-if/96
