Los reclamos de derogar una ley que rige en Corea del Sur desde el régimen colonial japonés en la primera mitad del siglo, a cuyo amparo se ha detenido y torturado a cientos de partidarios de la reunificación de las dos Coreas, proceden ahora de Estados Unidos.
Grupos de defensa de los derechos humanos y civiles y un legislador de Estados Unidos han manifestado su alarma ante los arrestos de estudiantes y trabajadores que han participado en manifestaciones pacíficas para que de Corea del Sur y Corea del Norte vuelvan a constituir un solo país.
Desde la restauración de la democracia hace un decenio, unas 100.000 personas, entre ellas varios parlamentarios, han sido encarceladas de acuerdo con las disposiciones de la ley de seguridad nacional.
Corea fue dividida en dos entidades políticas separadas (la del Sur, respaldada por Estados Unidos, y la del Norte, comunista) poco después de su emancipación del régimen colonial japonés, en 1945, tras el fin de la segunda guerra mundial.
A pesar de la secesión, varios grupos políticos de Corea del Sur postulan la reunificación del país.
La ley de seguridad nacional fue impuesta originalmente por Japón para silenciar las voces de revuelta contra el régimen colonial. Después de que los japoneses abandonaron el territorio, Corea del Sur mantuvo le ley intacta para lidiar con la amenaza del Norte comunista.
La ley prohíbe actividades como la creación, la afiliación o el apoyo a organizaciones "contra el estado". Pero sus críticos sostienen que la norma también es esgrimida para combatir a los partidos y grupos opositores.
En 1961, el dictador Park Chung Hee, respaldado por Estados Unidos, modificó la ley para endurecer las acciones previstas contra los presuntos sediciosos.
De ese modo, en Corea del Sur se prohíbe toda comunicación con Corea del Norte, aun apreciar obras de arte, textos y películas y, obviamente, viajar al país vecino.
Pero la ley no solo impide el contacto con los connacionales del Norte, sino también la lectura de libros de autores comunistas, como Karl Marx o Antonio Gramsci.
De acuerdo con las disposiciones de esta norma, también se prohíbe las obras del anticolonialista argelino Franz Fanon, el psicólogo socialdemócrata alemán Erich Fromm o el cineasta estadounidense George Lucas.
Trescientos surcoreanos aún están en la cárcel por causas relacionadas con esta ley, muchos de ellos con sentencias de 20 años o más de encierro, según activistas.
El gobierno de Corea del Sur justifica la aplicación de la ley de seguridad nacional sobre la base de que la amenaza del Norte aún persiste, a pesar de que la guerra fría concluyó tras la disolución de la Unión Soviética.
"Es difícil imaginar por qué las actividades pacíficas en favor de la reunificación se prohíben, mientras a los empresarios se les permite viajar a Corea del Norte", dijo John Cavanagh, codirector del Instituto de de Estudios Políticos, organización que ha expuesto críticas a la política exterior de Washington.
"El gobierno de Corea del Sur tiene un doble discurso", acusó Cavanagh.
Miles de partidarios de la unificación fueron torturados y encarcelados durante las anteriores dictaduras militares, pero la situación no es muy diferente bajo la presidencia del presidente Kim Young Sam, electo democráticamente, según activistas estadounidenses.
En los pasados tres meses, más de 100 estudiantes fueron arrestados por violar la ley de seguridad nacional al participar en actividades políticas pacíficas.
Alarmado por informes sobre torturas y hostigamiento a trabajadores y estudiantes y opositores, el legislador estadounidense Ronald V. Dellmus reclamó, en una carta enviada al presidente San, la libertad de los activistas encarcelados por violaciones a esa ley.
"No es mi intención inmiscuirme en la política interna de Corea del Sur, pero me veo obligado a manifestar mi reclamo porque los derechos humanos son un asunto de suma importancia para todos aquellos que estén comprometidos con la democracia", anotó Dellmus.
La carta del legislador se sumó a los pedidos de libertad para los opositores enviados por Amnistía Internacional, Asia Watch y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, según el cual la ley de seguridad nacional colide con la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificada por Seúl.
Los grupos de defensa de los derechos humanos acusan al gobierno de Corea del Sur de negar a los prisioneros acceso a medicinas y someterlos a condiciones abusivas y brutales.
Kim Il Jin, de 67 años, pasó los últimos 28 en la cárcel, y sufre de enfermedades del corazón y los riñones, así como otras producidas por la tortura. Según Cavanagh, a Kim se le niegan el derecho a tratamiento médico.
El activista también mencionó el caso de Eun Soo Mi, una opositora de 35 años, quien tampoco tiene acceso a medicinas a pesar de que sufre de angina y parálisis del brazo izquierdo como resultado de la tortura.
Yoo Jung Sik, de 57 años, ha estado encarcelado los últimos 22 años. El maltrato que sufrió en sus primeros años en prisión lo dejaron imposibilitado de caminar y hablar. Aún sufre alucinaciones, dolores de riñón y ceguera y sordera ocasionales.
Cavanagh denunció el arresto de estos activistas y la aplicación continua de la Ley de Seguridad Nacional como "la antítesis de los principios democráticos". (FIN/IPS/tra- en/hr/pz/hd ip/96
