La Cámara de Diputados de Colombia propuso hoy la creación de una "mesa de distensión" en el departamento de Caquetá para atenuar la protesta de miles de campesinos cultivadores de coca.
La propuesta fue planteada por legisladores que advirtieron la necesidad de bajar la tensión del conflicto, en el que participan cerca de 75.000 campesinos del mayor departamento productor de hoja de coca, tras disturbios que generaron este viernes la muerte de al menos cuatro personas.
El conflicto "está siendo criminalizado por las Fuerzas Militares", estimaron.
La mesa estaría integrada por representantes del gobierno central, de los campesinos, autoridades locales y diputados y sería una ampliación en número y objetivos de la que actualmente negocia la solución del conflicto.
Una comisión de la Cámara de Diputados se desplazaría la próxima semana a Caquetá para conocer de cerca la situación.
Florencia, capital del departamento, amanecióeste sábado bajo toque de queda, ley seca y restricciones al tránsito de motocicletas, decretadas la noche del viernes tras la asonada en la que fueron incendiadas por los presuntos manifestantes varias oficinas públicas, la casa del alcalde Héctor Orozco y un banco.
Tras los incidentes, que dejaron además un saldo de por lo menos 20 heridos y más de 100 detenidos, el gobierno ordenó a los noticieros de televisión abstenerse de transmitir "informaciones no oficiales que inciten al agravamiento de la situación de orden público" que se vive en la región.
La resolución, interpretada este sábado por el diario El Tiempo (el de mayor circulación nacional) como una restricción a la libertad de prensa, incluye sanciones a quienes incumplan esa disposición.
Los disturbios fueron atribuídos por las Fuerzas Militares y el gobierno a miembros de la guerrilla y del narcotráfico que se habrían infiltrado en la protesta de los campesinos.
Al referirse a los hechos de este viernes, el presidente Ernesto Samper afirmó que tras las motivaciones sociales de los campesinos "existen intereses ocultos de desestabilización".
Los sucesos de Caquetá "no son actos de protesta pacífica sino hechos vandálicos y provocadores" organizados por "los mismos agitadores" que han estado actuando desde hace algunas semanas en distintos departamentos del país, señaló.
Samper pidió a los campesinos que intentan llegar hasta Florencia regresar a sus lugares de origen y "confiar en la acción social del gobierno", al tiempo que reiteró que las autoridades mantendrán "el orden y la ley con firmeza y energía".
El gobierno sólo negociará las "aspiraciones sociales dentro del orden y el respeto a las autoridades legítimamente constituidas", insistió.
El gobierno negoció el martes un acuerdo con 45.000 campesinos cocaleros del departamento de Putumayo, en el que mantuvo su política de erradicación de cultivos pero aceptó atender las demandas sociales y de desarrollo de los productores.
La erradicación de por lo menos 20.000 hectáreas de coca de las 45.000 que según cifras oficiales existen en el país forma parte de las exigencias de Estados Unidos para reconsiderar una posible cooperación con Colombia en la lucha contra el narcotráfico.
La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y la Asociación Nacional de Campesinos (Anuc) propusieron este sábado convertirse en veedores para el cumplimiento de los acuerdos a que se llegue con el gobierno.
Para la SAC (gremio único de los agricultores) y la ANUC (sindicato de los campesinos asalariados y pequeños cultivadores independientes) la situación que se está viviendo en el sur es de extrema gravedad y debe recibir un tratamiento prioritario por parte del gobierno.
En opinión de las dos agremiaciones, el conflicto de los campesinos cocaleros tiene un carácter social y debe recibir soluciones sociales.
A Guaviare, Putumayo, Caquetá, y Meta, los principales departamentos productores de coca según la SAC Y ANUC, llegaron miles de campesinos desplazados por la violencia que azota al país desde hace unos 50 años.
Según El Tiempo, las protestas de cerca de 150.000 cocaleros del sur desarrolladas durante las últimas cuatro semanas para pedir al gobierno un replanteamiento en la política de erradicación de cultivos y planes de resarrollo para la región, han dejado por lo menos 18 muertos y más de 200 heridos. (FIN/IPS/yf/dg/ip/96
