Al menos 11 soldados y 10 civiles resultaron heridos hoy en Colombia, en un nuevo enfrentamiento entre el ejército y campesinos cocaleros que marchan en protesta contra la política de erradicación de cultivos ilícitos.
El enfrentamiento tuvo lugar a 30 kilómetros de la ciudad de Florencia, capital del sureño departamento de Caquetá, cuando los campesinos intentaron cruzar un puente controlado por las Fuerzas Militares.
Cerca de 75.000 campesinos intentan llegar desde diferentes puntos del departamento hasta Florencia, donde el gobierno y representantes de los marchistas negocian el levantamiento de la medida de fuerza. La negociación se interrumpió tras los disturbios, pero se reanudó este mismo jueves.
Los campesinos cocaleros de Caquetá piden, al igual que los de Putumayo, que este martes firmaron un acuerdo con el gobierno del presidente Ernesto Samper, un replanteamiento de la política de erradicación de cultivos y un plan de desarrollo integral.
Las peticiones de los huelguistas fueron respaldadas este jueves por la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y la Asociación Nacional de Campesinos (ANUC), que en un comunicado conjunto pidieron al gobierno y la comunidad internacional que busquen soluciones reales al conflicto.
El presidente de la SAC, Juan Ospina, dijo que el conflicto de los cultivadores de coca "no se solucionará asistiendo económicamente y en forma transitoria a los campesinos", sino con programas "que contemplen soluciones económicas, sociales y ambientales a largo plazo".
En Colombia, país con 34 millones de habitantes, unas 350.000 familias se dedican a los cultivos ilícitos, un número similar a las que viven de la caficultura.
"No es fumigando los cultivos por presiones del gobierno estadounidense, sino desvertebrando todos los eslabones del narcotráfico como se evitará que renazcan los narcocultivos", afirmó Ospina.
La destrucción de al menos 20 hectáreas de cultivos de coca, de las 45.000 que según cifras oficiales hay en Colombia, es uno de los puntos que Estados Unidos tomará en cuenta este año para evaluar la cooperación del país sudamericano en la lucha contra el narcotráfico.
La SAC y la ANUC consideran que uno de los efectos más graves del narcotráfico ha sido la "incorporación de miles de campesinos a los cultivos ilícitos", en zonas carentes de servicios básicos y mínimas condiciones para realizar otras actividades económicas.
Como solución al conflicto de los cocaleros plantean, a corto plazo, combinar una acción de erradicación gradual de los cultivos y su sustitución, acompañada de pagos temporales de subsistencia.
Pero señalan que, a mediano plazo, sería necesario apoyarse en un programa real de reforma agraria, que incluya las tierras actualmente en poder de los narcotraficantes. (FIN/IPS/yf/ag/ip/96
