El creciente desgaste del gobierno del presidente Ernesto Samper y la ausencia de una oposición articulada, que se transforme en una alternativa clara, ha puesto como tema de debate en Colombia la hipótesis de un golpe militar.
Aunque los primeros en desvirtuar públicamente los rumores son los mismos generales, la eventualidad de un quiebre institucional se ha barajado como uno de los desenlaces posibles de la crisis que se inició con la denuncia de financiación por el narcotráfico de la campaña presidencial del primer mandatario.
Hay quienes consideran el golpe como una consecuencia de la situación de ingobernabilidad y la falta de una contraparte que facilite el recambio democrático, y quienes directamente lo invocan como alternativa de poder.
También existen sectores que opinan que ante la debilidad del gobierno, los militares aspiran a lograr el control pero sin llegar a un golpe.
El propio presidente dio pie al desarrollo de los rumores sobre un incremento de la presencia castrense con un paquete de medidas anunciadas esta semana, al finalizar el segundo de los cuatro años de su período de mandato constitucional.
Para conmemorar el aniversario, Samper anunció la eliminación del control de la Corte Constitucional sobre la declaración del estado de conmoción interior y la creación de "teatros de operaciones militares" en zonas de frontera, medidas ambas que fortalecen el poder castrense.
En el mismo sentido apuntan las otras decisiones que integran el paquete: la prolongación de los períodos del régimen de excepción, la concesión de funciones judiciales a los militares y el impuesto de guerra.
Entre quienes vislumbran "en una perspectiva lejana" la situación de golpe de Estado se encuentra el politólogo Fernando Cepeda, director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de los Andes, de Bogotá.
Ante un auditorio que congregaba a la elite del empresariado convocada por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras y la Fundación para la Educación y el Desarrollo, Cepeda lanzó hace una semana el pronóstico: "no se descarta" un golpe de Estado.
Durante su exposición el politólogo dijo, entre otras cosas, que "hay un vacío de liderazgo político que viene siendo reemplazado por la ficción", que "el prestigio del presidente está mal y puede ponerse peor" y que "en Colombia se está jugando con candela".
Del lado de quienes abiertamente piden que los militares tomen las riendas está el ex ministro de Defensa y ex gerente de la campaña de Samper, Fernando Botero, preso hace un año por su vinculación con el "narcoescándalo".
En uno de sus boletines semanales titulados "Desde mi celda", Botero propuso la fórmula del "golpe técnico" para que los generales escolten a Samper hacia Costa Rica, y dejen que asuma el poder el vicepresidente Humberto De La Calle.
También ha planteado que los militares asuman el control de la situación el senador conservador Pablo Victoria, cabeza visible del ala derecha del Parlamento y beligerante opositor del gobierno.
Quienes creen que a las Fuerzas Armadas les resultaría más rentable y cómodo mantener una posición de fuerza frente a un gobierno civil, destacan en su análisis el complejo escenario de guerra del país.
Toman en cuenta la confrontación histórica con la guerrilla, la más reciente con el narcotráfico y la progresiva militarización de la vida cotidiana, resultado de casi medio siglo de estado de sitio, sumado a que podría haber un importante sector castrense partidario del régimen actual.
Con estas condiciones, en Colombia se podría estar prefigurando una situación similar a la que vivió Uruguay durante el régimen de Juan María Bordaberry (1973-76): un presidente civil con una omnipotente presencia militar detentando el poder real, opina el analista independiente Luis Carlos Valencia.
El caso es que a lo largo de la crisis, las Fuerzas Armadas han observado formalmente la no beligerancia que les impone la Constitución.
El general Manuel Bonett, inspector general de las Fuerzas Armadas, lo explica lacónicamente: "no opinamos de la crisis porque no queremos ser parte del problema".
Ello no quiere decir que no se haya rumoreado con insistencia sobre amagos de golpe o, por lo menos, de lo que algunos describen como "generales respirándole en la nuca al presidente".
El último y más notable episodio se vivió la noche del 23 de marzo de este año, cuando los comandantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, en solidaridad con el comandante de las Fuerzas Armadas, llegaron a la Casa de Nariño (sede presidencial) para una entrevista con Samper.
El motivo era la filtración, desde la Presidencia, de la decisión de relevar al comandante de las Fuerzas Armadas, general Camilo Zúñiga, a quien Estados Unidos tendría en lista para quitarle la visa de ingreso, tal como después hizo con el propio Samper.
En un hecho insólito, los altos mandos exigieron que a la entrevista no asistiera su jefe jerárquico, el ministro de Defensa, Juan Carlos Esguerra.
Hay quienes, incluso, llegaron a afirmar que la jerarquía castrense tenía lista una proclama para anunciar la toma del poder. Sin embargo, la versión nunca se confirmó.
Pero aunque ni los más acuciosos observadores del actual momento colombiano arriesgan previsiones contundentes, las referencias de la historia reciente sobre las relaciones entre militares y gobiernos civiles, hace pensar que el golpe no es el escenario más probable.
No sólo porque como genéricamente se dice "los golpes ya pasaron de moda en América Latina", sino por lo que el experto en temas militares Armando Borrero llama "aspectos diferenciales de sumo interés" entre las Fuerzas Armadas colombianas y el estereotipo regional.
Según Borrero, profesor de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Bogotá, hay tres puntos que marcan la diferencia.
En Colombia "no existe una tradición de golpes ni gobiernos militares", y la llegada al poder de los militares (1953/57) "se dió en el marco de los conflictos internos del partido gobernante, antes que en los modelos clásicos de la insurgencia militar", afirma el analista.
La tercera particularidad se refiere al gasto militar. Junto con el de Mexico y sin contar a Costa Rica, es el más bajo de toda la región.
En 1991, según el Banco Mundial, con respecto al producto interno bruto, Colombia destinaba a gasto militar 1,4 por ciento, mientras que Perú, Chile y Argentina, dedicaban, en su orden, cinco, cuatro y 3,1 por ciento.
Un tercer rasgo es el conflicto interno que ha hecho que las Fuerzas Armadas, en particular el Ejército, se hayan concentrado en labores de control del orden público.
Combate a la guerrilla, al narcotráfico, al terrorismo, hacen que la participación militar sea a la vez protagónica y dispersa, dice Borrero.
Para el analista, "si esta dispersión se prolonga, si no se puede vencer a uno para enfrentar a otro, el Estado tendrá que militarizarse más y más con la consiguiente redefinición de las relaciones civiles-militares". (FIN/IPS/mig/jc/ip/96
