Las sanciones por las que se pretende aislar a los líderes golpistas de la minoritaria etnia tutsi en Burundi podrían alentar la violencia entre fanáticos de la mayoría hutu, así como matanzas de inocentes, según activistas en Europa.
Las medidas adoptadas para restaurar al gobierno y el parlamento electos de Burundi no atacan a los extremistas hutu que, con actitudes racistas, han agravado la crisis en el país africano, manifestaron representantes de organizaciones no gubernamentales.
Gobernantes del este y el centro de Africa decidieron en una cumbre celebrada el 31 de julio en Arusha, Tanzania, sanciones económicas contra Burundi en respuesta al golpe registrado el 25 de ese mes.
Además, los mandatarios africanos reclamaron al líder golpista, el mayor del ejército Pierre Buyoya, perteneciente a la etnia tutsi, que restaure las instituciones depuestas y permita la actividad de los partidos políticos, que fue prohibida.
Tanzania, Kenia y Uganda suspendieron el tráfico aéreo y bloquearon las carreteras y las vías fluviales que unen esos países con Burundi, que no tiene costas marítimas. Ruanda anunció este jueves que impondrá sanciones similares si Burundi no restaura el gobierno electo en 1993 antes del día 15.
Mientras tanto, Etiopía también suspendió el tráfico de aviones a ese país.
La organización no gubernamental Survie, con sede en París, alertó que el efecto de las sanciones podrían impulsar a extremistas pertenecientes a la mayoría hutu de Burundi a reaccionar con violencia.
"Las medidas adoptadas por los vecinos de Burundi podría exacerbar la violencia étnica", dijo Sharon Courtoux, dirigente del grupo francés, dedicado a reclamar a París un cambio en la relación con las antiguas colonias africanas.
Muchos grupos hutu, y algunos extranjeros, percibieron el golpe como el último paso de una estrategia pergeñada por el ejército, donde predomina la minoría tutsi, a mediados de 1993, cuando las elecciones arrojaron el triunfo del primer presidente hutu de Burundi, Melchior Ndadaye.
El asesinato de Ndadaye en un golpe de estado frustrado en septiembre de ese mismo año derivó en una convulsión de naturaleza étnica, definida por organismos de defensa de derechos humanos como "masacres genocidas contra tutsis y hutus favorables a la unidad nacional".
"Mientras los tutsis de Burundi se lamentan por la enorme injusticia que resulta de las sanciones económicas, los extremistas hutus las perciben como una adhesión a su lucha armada y una razón para hacerla más intensa", opinó Courtoux.
"Dudamos que la comunidad internacional haya comprendido la verdadera naturaleza del movimiento que condujo al genocidio en Ruanda", donde la convulsión étnica es similar a la que sufre Burundi, agregó la activista.
Courtoux sostuvo que se trata de "un movimiento racista que continúa asesinando y hace peligrar la vida de muchos otros". "Si la comunidad internacional entendiera esto, protegería a quienes están en peligro y convencería a los extremistas de que apaguen su sed de venganza", dijo.
La mera discusión de las credenciales democráticas de los líderes golpistas sin tomar en cuenta el poder de los extremistas hutu no impedirá que se produzca un genocidio como el que sufrió Ruanda entre abril y julio de 1994, afirmó.
Eso debería derivar, inevitablemente, en el envío a Burundi de una fuerza militar internacional de mantenimiento de la paz dedicado a cercar a los extremistas y respaldar y proteger a quienes están a favor de un estado multiétnico.
La filial de la no gubernamental Asociación de las Naciones Unidas en Gran Bretaña recomendó este jueves negociaciones de paz entre los bandos en pugna en Burundi y el envío de una fuerza internacional de paz compuesta por 20.000 soldados, mayoritariamente africanos.
Esa medida, según el grupo, tendría un costo de 2.000 millones de dólares pero resultaría más barato que un prolongado programa humanitario durante y después de la guerra civil que, de lo contrario, se producirá inevitablemente.
"Lo que se requiere es voluntad política y financiemiento adecuado", manifestó este jueves la asociación, cuya finalidad es el fortalecimiento de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
"Hemos aprendido en Ruanda el terrible precio del fracaso de la comunidad internacional cuando no actúa con decisión", dijo, por su parte, Maurice McPartlan, de la agencia de desarrollo de la Iglesia Católica en Inglaterra y Gales.
La última crisis en Burundi no puede considerarse en forma aislada de la situación imperante en la región de los Grandes Lagos africanos, donde se registraron masacres en Ruanda y Zaire en las últimas semanas y donde el retorno de dos millones de refugiados ruandeses sigue sin efectuarse, agregó McPartland.
Courtoux se manifestó particularmente preocupada por el crecimiento de la rama armada del Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia (CNDD), grupo opositor en el exilio predominantemente hutu, liderado por el ex ministro del Interior Leonard Nyangoma.
"El llamado del CNDD a los granjeros hutu a privar de alimentos a las ciudades donde viven los tutsis es un ejemplo de eso", explicó.
El Programa Mundial para la Alimentación manifestó su preocupación de que el embargo amenace a cientos de miles de burundianos, pues bloquearía el suministro de comestibles, medicinas y combustible a las zonas más aquejadas por el conflicto. (FIN/IPS/tra-en/ao-dds/rj/mj/ip/96
