El Frente por la Democracia en , Burundi (Frodebu), que representa a la mayoría étnica hutu, pidió hoy a la ONU que aplique fuertes sanciones contra el régimen militar que preside el mayor Pierre Buyoya, pero no contó con el apoyo de la minoría tutsi de ese país de Africa central.
Los líderes del Frodebu en la disuelta Asamblea Nacional se mostraron unidos con sus colegas de la Unión por el Progreso Nacional (Uprona), representativa de la minoría tutsi, en la exigencia de que sea restaurada la democracia, restableciéndose el órgano parlamentario y todos los partidos políticos.
No obstante, discreparon en cuanto a las sanciones regionales que han impuesto los países africanos vecinos a Burundi para presionar al régimen dictatorial instalado el 25 de julio.
La minoría étnica tutsi predomina en el seno del ejército, que actualmente detenta la totalidad del poder en ese país.
"Burundi es un país mediterráneo, un país pobre, que tiene que importar prácticamente todo", declaró Adrien Sibomana, diputado de la Uprona, que fue primer ministro bajo un anterior régimen militar encabezado por Buyoya antes de que éste abriera paso al gobierno civil y democrático en 1993.
Sibomana sostuvo que los siete países vecinos que impusieron el bloqueo regional a Burundi, lo hicieron sin tomar en cuenta la forma de "mitigar los perversos efectos de las sanciones", que en su opinión podrían causar escasez de casi todo lo esencial, desde vacunas infantiles hasta alimentos.
Por el contrario, el ex ministro de Salud Jean Minani, que es presidente del Frodebu, afirmó que las sanciones "deben ser reforzadas y formuladas con mayor precisión".
Minani añadió que cuanto más fuertes sean las sanciones contra el gobierno de Buyoya, más rápidamente se resolverá la crisis que afecta a Burundi.
Las sanciones actualmente aplicadas por todos los vecinos de Burundi suponen la interrupción del comercio y los transportes, y el corte de los suministros de petróleo.
Los políticos del Frodebu dijeron que el golpe militar que instaló de nuevo a Buyoya en el poder fue la culminación de un proceso en el que los militares se propusieron retomar las riendas del gobierno. Ese proceso comenzó, según ellos, con el asesinato del presidente Melchior Ndadaye, en octubre de 1993.
Desde aquella fecha han muerto en Burundi aproximadamente 50.000 personas a causa de la violencia étnico-política. El golpe del 25 de julio deshizo un frágil gobierno de coalición Frodebu- Uprona. (FIN/IPS/tra-en/fah/pz/arl/ip/96
