Bolivia tendrá este año un nuevo sistema de pensiones que otorgará un bono anual a todo ciudadano que haya cumplido 65 años, y simultáneamente introducirá el modelo de aportes individuales no sólo para los asalariados, sino también para trabajadores independientes y campesinos.
El bono, una forma de pequeña pensión vitalicia, adicional a los beneficios de jubilación, tendrá un monto de aproximadamente 200 dólares por año, que se financiará con recursos provenientes de la privatización parcial -llamada en este país "capitalización"- de seis empresas del Estado.
"Eso va a todos: va al campesino del norte de Potosí (la región más deprimida), al indígena del Beni (en la Amazonia), a la gente de los barrios marginales, a la clase media…, es un beneficio que toca a todos", dijo a IPS el presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, al explicar su reforma.
La "capitalización" es la fórmula inventada por Sánchez de Lozada para evitar la privatización directa. Consiste en asociar una empresa estatal con un empresario privado que con el compromiso de invertir igual cantidad al valor de la empresa se convierte en propietario de 50 por ciento del paquete accionario.
El restante 50 por ciento de las acciones pasa a pertenecer a los bolivianos mayores de edad, aunque el beneficio directo de esa propiedad se traducirá en el "alivio de vejez" que recibirán en forma vitalicia hombres y mujeres a partir de los 65 años.
"Los dos estamentos realmente maltratados en la sociedad boliviana son los niños y los ancianos. A los niños se les ayuda, pero la gente que no tiene ningún apoyo es la gente vieja, que ya no puede luchar por un ingreso de subsistencia", afirmó Sánchez de Lozada al referirse a la filosofía de esta medida.
Otra razón filosófica, dijo el Presidente, era compensar el sacrificio de quienes "han pagado el precio de la hiperinflación y han forjado la existencia de las empresas del Estado", que son las generaciones que tienen de 21 años en adelante.
La reforma, la última del gobierno del actual mandatario, recoge además el modelo chileno de seguridad social de largo plazo que funciona con administradoras privadas de fondos de pensiones (AFPs), pero incorpora variantes novedosas por su contenido social.
Con esta reforma, el gobierno pretende aumentar la cobertura del actual sistema de pensiones en agonía, que apenas beneficia a 130.000 jubilados y recoge los aportes de 320.000 asalariados, en un país de siete millones de habitantes.
El nuevo sistema, que se estima será aprobado en septiembre, permitirá la existencia del viejo modelo "de reparto" para quienes ya están incritos en él, pero los nuevos trabajadores deberán cotizar obligatoriamente en AFPs, así como unos 500.000 asalariados no inscritos en el sistema de seguridad.
Pero además de los empleados, los trabajadores independientes – campesinos, artesanos, trabajadores del sector informal, que representan más de 70 por ciento de la población económicamente activa- podrán acceder a una jubilación y seguro por invalidez y muerte si cotizan, voluntariamente, en las AFPs.
El lado oscuro de la reforma del sistema de pensiones es que se eleva de 180 a 300 el número de meses de aporte para los trabajadores que integran el viejo sistema, que funcionará hasta atender al último de sus afiliados pero no aceptará el ingreso de trabajadores nuevos.
"Se pretende la desaparición del sistema de seguridad social, del cual la capitalización individual no puede ser un sustituto… El aumento de 15 a 25 años de trabajo para jubilarse es un problema ligado a la inestabilidad laboral", critica el líder de los jubilados de Bolivia, Wenceslao Argandoña.
Economistas críticos de la reforma coinciden en que el gran problema del aumento de años de trabajo para alcanzar la jubilación es la falta de fuentes de trabajo en un mercado laboral restringido como el boliviano.
La gran paradoja de esta reforma con "contenido social" es que excluye a los más pobres, porque si bien permite cotizar a trabajadores independientes, también establece un mínimo de ingresos mensual de aproximadamente 100 dólares.
El proyecto de nueva Ley de Pensiones señala que los trabajadores no dependientes podrán cotizar en las AFPs siempre que declaren ese mínimo de ingresos, y aporten el 10 por ciento.
"Tal como está planteada, la reforma significa una enorme injusticia para la gente de bajos ingresos, que no tiene la capacidad de tener provisiones para una jubilación, a diferencia de otros sectores como los profesionales, que sí tienen un margen de ahorro", opina el economista Pablo Ramos.
Ese polémico punto de la reforma contiene un sesgo excluyente de género, porque deja al margen del sistema de seguridad social a miles de mujeres dedicadas a actividades como el comercio, la artesanía, la agropecuaria o el trabajo del hogar.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, más de 40 por ciento de la población económicamente activa de Bolivia está constituida por mujeres que trabajan en categorías ocupacionales inestables y en condiciones de informalidad o trabajos familiares no remunerados.
"Si ahora el sistema de la seguridad es excluyente porque deja a la mayoría de las mujeres trabajadoras al margen del seguro, la nueva Ley de Pensiones no parece tomar indicios en favor de la equidad", asegura la feminista Sonia Montaño, ex subsecretaria de Asuntos de Género de este gobierno.
Montaño advierte que si el gobierno no corrige esta exclusión, es posible prever situaciones muy dolorosas para los hogares bolivianos.
"Introducir el concepto de equidad es algo más que el tradicional concepto de solidaridad", afirma.
Sánchez de Lozada ha expresado su disposición a reconsiderar los aspectos conflictivos del proyecto, como la condición del ingreso mínimo de 100 dólares para incorporarse al nuevo sistema de pensiones.
Más allá de las aspectos sociales de la nueva ley de pensiones, al gobierno también le interesa esta reforma como una llave para el futuro crecimiento de la economía, que incrementará el ahorro interno.
"Hemos visto que en 14 años en Chile, para tomar un ejemplo, los fondos de pensiones de capitalización individual ya están en 27.000 millones de dólares, que es casi 40 por ciento del producto nacional bruto. Ellos han tenido una extraordinaria rentabilidad", dijo Sánchez de Lozada a IPS. (FIN/IPS/jcr/jc/ip- pr/96
