Casi medio siglo después de la reforma agraria y a pesar de los más de 3.000 millones de dólares invertidos en el área rural desde 1953, los indígenas de Bolivia aún no han superado la situación de extrema pobreza y la marginalidad política y social.
A las viejas demandas nunca atendidas, los indígenas y campesinos de este país ahora agregan una preocupación por un polémico proyecto de ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y se dusponen a iniciar una larga marcha de protesta hacia la sede de gobierno en La Paz.
Cerca de un millar de indígenas y campesinos aguardan desde el martes en Santa Cruz, 900 kilómetros al este de La Paz, una respuesta gubernamental antes de iniciar la "Marcha por el territorio, tierra, derechos políticos y desarrollo".
"Si antes del sábado no hay indicios o resultados positivos de solución a nuestros planteamientos, iniciaremos la marcha hacia la sede de gobierno", advirtió este jueves el presidente de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB) Marcial Fabricano.
La CIDOB, la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia y la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia unieron sus fuerzas para reclamar la atención del gobierno a un pliego común de reclamos.
Esas demandas son la titulación de tierras y territorios de los pueblos indígenas, campesinos y colonizadores, la incorporación de los trabajadores del campo a la Ley General del Trabajo, participación política sin intermediación de los partidos y entrega de cédulas de identidad en las comunidades.
Reclaman, además, la creación de un fondo para el desarrollo de sus comunidades que los propios indígenas puedan gestionar y participación paritaria en la administración de las secretarías ejecutoras de desarrollo económico y social .
Los indígenas piden igualmente la designación como territorios para los pueblos originarios Sirionó del Parque Nacional Isiboro- Sécure, Chimán, Araona, Pillón, Mosetén, Yuqui, Chiquitano y Weenhayek o Mataco, ubicados al este, en la región amazónica.
Su propósito es reeditar la exitosa "Marcha por el territorio y la dignidad", que en 1990 movilizó a casi un millar de hombres y mujeres de etnias del Beni -en el norte- hasta La Paz, para defender su identidad y su derecho de habitar los bosques.
La situación del indígena boliviano varía según las zonas. Mientras en las regiones amazónicas del norte el gobierno les ha reconocido territorios propios, en el sur aún persisten sistemas casi feudales de producción con condiciones de semiesclavitud de grupos de chiriguanos.
"Los campesinos e indígenas de esa regiones (del sur) quedaron atrapados en una situación de islotes, en medio de las haciendas ganaderas y agrícolas del área, de manera que se vieron amenazados y privados de su principal medio de subsistencia, la tierra", dijo Nicómedes Sejas, secretario de Asuntos Etnicos.
Según la CIDOB, en Bolivia existen cinco territorios indígenas en los que habitan 36 pueblos olvidados y con una economía de subsistencia, basada en la agricultura básica y una ganadería limitada.
Al margen de las comunidades andinas asentadas en el occidente (aymaras, quechuas, chipayas y urus), en Bolivia existen cerca de 40 pueblos indígenas que viven en las tierras bajas de oriente, el Chaco y la Amazonia.
En Santa Cruz, el mayor departamentodel este del país, 90 por ciento de las tierras productivas están en manos de grandes empresarios, que representan cinco por ciento de la población, mientras que el restante 10 por ciento de la tierra es distribuido entre el 95 por ciento de pequeños propietarios.
Entre esos "pequeños propietarios", difícilmente figuran los indígenas, señala un estudio académico sobre comunidades y territorios indígenas en Bolivia.
"Tenemos una agricultura precaria y por eso estamos peleando. Queremos la supervivencia de las comunidades y el desarrollo de su economía", señaló Sergio Javive, dirigente de la CIDOB.
Paradójicamente los empresarios están en conflicto con el gobierno por el tema de la tierra, considerando que la ley del INRA desentona con otras reformas, como las leyes de Capitalización (privatización), de Hidrocarburos y Forestal, concebidas -dicen- para generar una economía de libre mercado.
La "ley INRA" no garantiza a los empresarios agropecuarios su derecho a la propiedad, introduce "restricciones medioambientales" y aumenta los tributos, dijo el presidente de la influyente Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Ricardo Frerking.
Los empresarios del agro señalan que la calificación de daños ambientales -penalizados con la reversión de tierras al Estado- puede resultar subjetiva antes que técnica, y podría prestarse a arbitrariedades.
También rechazan un artículo que establece la reversión y expropiación de tierras para quienes no paguen impuestos durante dos años.
Tanto empresarios como indígenas, campesinos y colonizadores rechazan la creación de una Superintendencia Agraria (que estará facultada para revertir las tierras al Estado) por el excesivo poder que tendrá ese organismo dependiente del Presidente de la República.
El legislador Miguel Urioste, uno de los principales impulsores de la "ley INRA", atribuye la oposición de esos sectores indígenas, campesinos, colonizadores y empresarios a algunas disposiciones de la propuesta gubernamental a la acción de "traficantes de tierras".
"Los que quieren seguir traficando con tierras en el país son los enemigos de Bolivia; están presentes en todos lados: hay traficantes en función parlamentaria, en función del Poder Ejecutivo, en la empresa privada, en las cooperativas y diferentes instituciones", aseguró.
La legislación propuesta por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada para garantizar la tenencia de la tierra es apenas uno de los problemas que afecta al área rural de Bolivia, donde se concentra la mayor pobreza del país más pobre de América del Sur.
Las estadísticas oficiales revelan que 42 por ciento de los siete millones de bolivianos habita en el área rural y de ellos 80 por ciento vive en condiciones de extrema pobreza.
"La producción de Bolivia ha ido creciendo, pero la distribución no ha sido equitativa", indicó el secretario de Agricultura y Ganadería Oscar Ponce.
"El ingreso per cápita agropecuario es unos de 2.680 bolivianos (523 dólares) anuales, pero si desagregamos los productos campesinos veremos que su ingreso se ha mantenido en niveles bajos", aseguró. (FIN/IPS/jcr/dg/pr-ip/96
