Un clima de incertidumbre se apoderó hoy de los agentes de bolsa e inversores de Argentina al advertir que las propuestas del gobierno para paliar el déficit fiscal deben ser sometidas a la aprobación de un Congreso reacio a seguir aplicando ajustes recesivos.
El presidente de la Bolsa de Comercio, Julio Macchi, admitió este jueves que existe "gran incertidumbre" entre los agentes económicos ante la "toma de decisiones políticas" tendentes a equilibrar las cuentas fiscales, que terminarén el año con un déficit de 6.600 millones de dólares.
En lo que va del año, el promedio de las acciones líderes en Argentina bajó 4,2 por ciento, mientras que las bolsas de Wall Street (Nueva York), México y San Pablo subieron en el mismo período 11, 26 y 40 por ciento respectivamente.
"Los inversores del exterior no están retirando su dinero de Argentina, pero tampoco están comprando papeles", comentó este jueves Marcello Bonelli, columnista económico de Clarín, uno de los principales diarios de Argentina.
"En la bolsa, nadie quiere hacer ninguna operación fuerte y todos tratan de posicionarse en dólares, por las dudas", confió a IPS un agente bursátil que decidió postergar la compra de un inmueble hasta que se despejen las incógnitas.
El conjunto de medidas propuestas por el gobierno ingresó este miércoles al Congreso, pero los legisladores anticiparon que no habrá sanción definitiva antes de octubre, ni tampoco garantías de que la aprobación responderá con exactitud a los requerimientos oficiales.
El paquete prevé una generalización de impuestos a actividades exentas como la educación y la salud privadas, la televisión por cable y el transporte público, un aumento de 30 por ciento en los aportes previsionales de los trabajadores autónomos y un fuerte incremento en los combustibles, entre otras medidas.
Los legisladores ya advirtieron que no aceptarán que se aumente de 60 a 65 años la edad jubilatoria de las mujeres, debido a la negativa en este sentido de la mayoría de las 70 parlamentarias.
Un diputado que habló en nombre de 25 legisladores de su provincia anunció este jueves que no avalarán el aumento a los combustibles, debido a que el proyecto exige que no se reparta esa recaudación extraordinaria con las provincias, como exigía hasta ahora la ley, y sólo se destine a tapar déficit.
"Si el gobierno central no colabora con las provincias, nos envía nuevas cargas, nos transfiere la atención de servicios sin transferirnos recursos, nos crea problemas de recaudación y de empleo, nosotros no vamos a acompañar una medida que signifique sustraer recursos a las provincias", remarcó.
La iniciativa global apuntaba a recaudar 1.200 millones de dólares este mismo año, pero con la demora parlamentaria los recursos sólo llegarán a 600 millones, admitieron funcionarios de Economía que, no obstante, siguen impulsando el proyecto con miras a mejorar los resultados fiscales de 1997.
El paquete fue anunciado por el ministro de Economía Roque Fernández hace 10 días, pero durante el tiempo que corrió hasta su ingreso al parlamento sufrió sucesivos retoques y podrá seguir sufriéndolos en razón de la resistencia de legisladiores de la oposición y algunos del oficialismo.
El presidente de la Bolsa sostuvo que el presupuesto se equilibra bajando gastos y aumentando ingresos, pero advirtió que los operadores detectan "dudas respecto de la voluntad política del gobierno y de los legisladores para reducir el gasto" y que hay "límites" para seguir aumentando impuestos.
Fernández fue este jueves al Congreso a explicar a los legisladores los fundamentos del proyecto, pero le reprocharon la falta de medidas para combatir el desempleo (17,1 por ciento), la lenta recuperación de la actividad y la falta de esfuerzos para combatir el exceso de gasto público.
"No podemos gastar más de lo que tenemos porque no vamos a conseguir deuda para financiarnos en forma ilimitada", explicó el ministro un día antes de reunirse con la delegación del Fondo Monetario Internacional que está en Buenos Aires desde el martes para analizar la marcha de las cuentas públicas argentinas.
En sus primeros días de gestión, Fernández, sucesor del creador del programa de convertibilidad Domingo Cavallo, tuvo una buena acogida de los legisladores del oficialismo, que solían discutir agriamente con el ex ministro, pero todos los observadores coinciden en que "la luna de miel terminó".
"A esta altura, es obvio que la oposición del oficialismo no se limitaba a la polémica figura de Cavallo, sino que apuntaba al propio plan económico", comentaba este jueves el analista político Jorge Castro, director del matutino El Cronista.
"Por eso, el núcleo de la actual situación es una crisis política dentro del sistema de decisiones del oficialismo", diagnosticó Castro, y advirtió que este problema es el que perciben tanto los agentes econmicos locales y del extranjero como la gente común, que expresa malestar por las medidas.
En este sentido, el clima político tampoco ayuda a la confianza de los inversores.
El tiroteo producido el martes entre sectores opuestos del sindicalismo que deberían decidir la realización de una huelga general esta semana, es uno de los elementos que suman a la hora de evaluar el riesgo de una inversión, explican los agentes. (FIN/IPS/mv/dg/ip-if/96
