El litigio que mantiene el pequeño productor Federico Davis con una gran compañía arrocera de Panamá que contaminó sus cultivos con agroquímico, ha sentado el primer precedente de ese tipo en la historia de la jurisprudencia nacional.
Davis, un ingeniero agrónomo con alrededor de 15 años de experiencia en cultivar arroz, perdió 36 hectáreas de siembra a comienzos de 1995 luego que regó su parcela con agua de una ciénaga contaminada con un agroquímico vertido por la compañía Central de Granos de Coclé (Cegraco).
El agricultor dijo a IPS que su caso "es típico de los inversionistas que buscan maximizar sus ganancias" sin reparar en el daño que ocasionan a otros productores, a la salud humana y al medio ambiente donde desarrollan su actividad económica.
Hasta ahora Davis ha reunido informes de cuatro entidades públicas y privadas especializadas, así como de un experto, que avalan su demanda contra la Cegraco ante los tribunales.
Explicó que el departamento de agroquímica del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) determinó que en los restos de las plantas de arroz que no lograron aflorar "había residuos de agroquímicos" transportados por el agua que utilizó para regar el cultivo.
La información fue corroborada por técnicos del Instituto de Investigación Agropecuaria, quienes un mes depués de ocurrido el accidente tomaron muestras de la parcela y la ciénaga de Los Macanos. Esas muestras presentaban aún un alto porcentaje del químico Oxifluorfen utilizado por la Cegraco.
El Colegio de Químicos llegó a la misma conclusión, mientras que el investigador Luis Salazar, de la Facultad de Ciencias Agricolas de la estatal Universidad de Panamá, afirmó que en la parcela de Davis hubo cambios agroecológicos que no se presentaron en otras tierras del área.
Davis explicó que la Cegraco utilizó el agroquimíco "Gold", fabricado por la transnacional Rohm and Hass, para "quemar" las malezas antes de sembrar, y luego drenó las aguas con que había inundado el área a cultivar hacia la ciénaga de donde él tomó el agua para regar su parcela.
El resultado -según el productor- fue la "quema" de las semillas que aún se encontraban en la etapa de germinación bajo tierra, debido a que el Gold cubre el suelo con una especie de película que impide la floración de cualquier tipo de vegetal.
Esa película no actúa contra los granos sembrados luego de drenar los suelos tratados con el químico.
Las evidencias reunidas "lamentablemente no se pueden usar en la demanda (presentada contra Cegraco ante los tribunales) debido a tecnicismos legales manipulados por los abogados de la compañía", subrayó Davis.
Sin embargo, el litigio entre el pequeño productor y la poderosa compañía arrocera, propietaria de más de 700 hectáreas de cultivos en El Rincón de Santa María, en la central provincia de Herrera, serás llevado "hasta las últimas consecuencias", según advirtió el propio demandante.
"Ese es un caso judicial, en el cual esperamos que se nos conceda la razón", se limtó a decir el gerente de Cegraco, Angel Sánchez, al ser consultado por IPS.
El director del Instituto Nacional de Recusos Naturales Renovables (Inrenare) en la provincia de Herrera César Best, confirmó a IPS que la ciénaga de Los Macanos y el rio Escotá, tributario de esa fuente de agua, "están contaminados" por el drenaje de agroquímicos vertidos por Cegraco.
"Como Inrenare no podemos exigir que (Cegraco) indemnice a nadie pero sí podemos multar por contaminar el medio ambiente", destacó.
Davis "tiene todo el derecho de demandar" a los responsables de la contaminación de su parcela, estimó Best.
Pero los daños al medio ambiente provocados por esa y otras grandes compañias agrícolas de Panamá también afectan la salud de las personas y la flora y la fauna de El Rincón de Santa María y otras zonas del país.
Los alrededor de 500 habitantes de ese pueblo, ubicado en medio de los sembradíos de Cegraco, aducen problemas de salud y daños a sus cultivos domésticos y residencias provocados por el rociado aéreo de pesticidas, así como la muerte de peces y aves silvestres en Los Macanos y otras fuentes de agua del lugar.
En la central región de Azuero y en la occidental de Chiriquí, donde se encuentran extensos cultivos de arroz y banano, cientos de obreros y residentes en los pueblos adyacentes son sometidos al bombardeo indiscriminado de herbicidas y pesticidas sin que las autoridades adopten medidas.
Un estudio realizado por la investigadora Hildaura Patiño y estudiantes de medicina de la Universidad de Panamá reveló que 50,4 por ciento de los accidentes de trabajo ocurridos en 1993 en Chiriquí y la región central del país fueron originados por la exposición a agroquímicos.
De acuerdo con estadísticas del Mida, en Panamá se usan cerca de tres kilogramos anuales de agroquímicos por habitante, lo cual supera en más de seis veces el promedio mundial y en casi tres veces la media centroamericana.
Sin embargo, excepto la investigación privada de Patiño, en el país no se publican estadísticas sobre las muertes y enfermedades crónicas causadas por la exposición a los agroquímicos o los efectos que éstos tienen sobre los alimentos que consume la población.
Un informe del no gubernamental World Resources Institute de Washington entregado a las autoridades de Panamá indica que el uso masivo y prolongado de agroquímicos "puede reducir la capacidad del sistema inmunológico" humano.
En esas condiciones, las personas son susceptibles a infecciones y a ciertos tipos de cáncer, como leucemias, linfomas y mielomas.
En 1992, el obrero fumigador Ricardo Ríos había demandado por un millón de dólares a la transnacional bananera estadounidense Chiquita Brands, tras quedar infertil por una prolongada exposición a los agroquímicos chloropropano (fumazone) y dibromo- 3, usados para fumigar la fruta.
En Costa Rica, un estudio del Programa de Plaguicidas de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional reveló que en los seis últimos años murieron 300 personas intoxicadas con productos químicos y otras 3.368 fueron hospitalizadas. (FIN/IPS/sh/dg/he-en/96)
