Un código de conducta ambiental que es considerado en la órbita del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) no beneficiará a la gente que vive a la sombra de las plantas industriales de ensamblado junto a la frontera de México con Estados Unidos, según sus críticos.
"Tenemos grandes dudas de las reales posibilidades de llevar a la práctica este tipo de compromisos", dijo Alejandro Villamar, miembro de la Red Mexicana de Accion sobre el Libre Comercio, que se opuso sin éxito a que México entrara al TLC.
Villamar se cuenta entre quienes afirman que México no ha aplicado sus propias normas contra la contaminación en la región fronteriza, donde muchas industrias estadounidenses y canadienses se han instalado para escapar a las leyes ambientales de sus países.
El código -meramente voluntario- que fue estudiado durante una reunión técnica del TLC, celebrada en Toronto los días 1 y 2 de este mes, se limitaría a recomendar a las empresas y a los gobiernos de los países miembros del Tratado (Canadá, México y Estados Unidos) que mejoren sus exigencias en materia ambiental.
La Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) -un organismo intergubernamental compuesto por los tres países miembros- fue creada para harmonizar y vigilar la aplicación de las reglamentaciones ya vigentes en esos países.
No obstante, la CCA no tiene facultades para obligar a los gobiernos a dictar mejores leyes en materia ambiental.
Hasta el momento, la CCA -con una sede en Montreal y una plantilla de 30 personas- parece limitada a recoger información y hacer recomendaciones.
A la reunión de la CCA asistieron el ministro de Medio Ambiente de Canadá, Sergio Marchi, su homóloga de México, Julia Carabias, y la administradora de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos, que dirigen en forma conjunta a la Comisión.
Ya antes de la firma del TLC en 1994, los sectores opuestos al Tratado predecían que la participación de México en el libre comercio fortalecería a quienes presionan por una menor harmonización de las reglamentaciones ambientales.
Entre las compañías estadounidenses que se han trasladado a la región de frontera, son 148 las que fueron señaladas por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) por basar sus métodos de producción en el uso de sustancias altamente tóxicas. Muchas son industrias de electrónica y alta tecnología.
Según Villamar, estos fabricantes estadounidenses no cumplen con reglamentaciones mexicanas que tienen décadas de antigüedad, las cuales establecen que los subproductos peligrosos deben ser trasladados fuera del país.
El Banco Norteamericano de Desarrollo, creado con financiación de los tres gobiernos del TLC para asistir a México en la construcción de una infraestructura ambiental y urbana en sus zonas fronterizas, sólo ha contribuido en dos años a tres pequeños proyectos.
Según Villamar, esto se ha debido a la aplicación de criterios comerciales excesivamente estrictos.
Aunque no fue mencionada la situación de las empresas instaladas en la frontera de México al finalizar esta tercera reunión pública de la CCA, Marchi dijo que su acta final se refiere a los lugares ambientalmente delicados.
"Esto coincide con nuestra decisión de que no sean debilitadas las exigencias ambientales", subrayó Marchi. (FIN/IPS/tra-en/pw/yjc/arl/en/96
