Grupos indígenas en Montana y Wisconsin, Estados Unidos, resolvieron disputas por la contaminación de empresas mineras, pero temen que sus problemas ambientales no se hayan acabado.
Los chippewa de Bad River, Wisconsin, acordaron esta semana levantar una barricada de cuatro semanas contra trenes que cruzaban sus tierras. La medida detenía el transporte de ácido sulfúrico a la mina de cobre de White Pine, cuyo funcionamiento causó grandes daños al ambiente.
Un mes antes, los grupos gros ventre y assiniboine de Montana central llegaron a un acuerdo fuera de la corte por 37 millones de dólares de compensación con la empresa Pegasus Gold.
Ambos grupos habían iniciado un juicio contra la empresa para recibir compensación por la contaminación producida por las actividades de la mina.
Durante 200 años, los chippewa, que viven alrededor del Lago Superior en Estados Unidos y Canadá, comerciaron pieles con franceses, británicos y estadounidenses, quienes gradualmente ocuparon sus tierras a mediados del siglo XIX.
En la década de 1950, la mina de White Pine se instaló en las costas del lago, y perforó un área de 28 kilómetros cuadrados para extraer cobre.
INMET, una empresa canadiense que ahora opera la mina, recibió permiso a comienzos del mes pasado para transportar 42.600 millones de litros de ácido sulfúrico en tren desde Texas hasta las minas, donde se utilizaría para disolver el cobre.
Los chippewa impusieron de inmediato fuertes objeciones a estos planes, señalando que los desechos ácidos durante actividades mineras en los últimos 40 años destruyeron el río Mineral, que recorre ocho kilómetros entre la mina hasta el Lago Superior.
Dos semanas después, Bressete y otros instalaron carpas cerca de las vías férreas en la reserva de Bad River, impidiendo el pasaje de los trenes hasta que la empresa acordara detener el transporte de ácido sulfúrico hasta la mina.
INMET, que posee 18 por ciento de una empresa que recientemente acordó pagar cientos de millones de dólares por daños ambientales causados por sus operaciones mineras en Papúa Nueva Guinea, anunció finalmente que detendría el transporte hasta nuevo aviso, poniendo fin al bloqueo.
Bresette planifica ahora presionar al gobierno para que realice estudios de evaluación ambiental con el fin de evitar futuros intentos de volcar ácido sulfúrico en la mina. "Entre la política de Washington y el poderío económico de Wall Street, el racismo ambiental siempre ha prevalecido", sostuvo.
Mientras, miles de kilómetros al oeste, en las Pequeñas Montañas Rocosas de Montana, los gros ventre y assiniboine celebran un acuerdo por 37 millones de dólares a causa de la contaminación con cianuro de cursos de agua críticos para su supervivencia.
Unos 3.000 miembros de ambas tribus comparten la reseva de Fort Belknap, donde en 1979 la mina de oro de Zortman-Lanusky comenzó a operar, utilizando por primera vez en Estados Unidos el cianuro para extraer oro del mineral de roca.
La mina, ahora cerrada, era administrada por Pegasus Gold de Spokane, Washington, cuya explotación de oro la llevó a Argentina, Australia, Brasil, Chile y Guyana.
Cuatro años después de la instalación de la mina de Montana, ovejas murieron envenenadas por cianuro tras ingresar a un área no cercada de la mina. Miles de litros de desechos de la mina se descargaron en los ríos Milk y Missouri, utilizados por los grupos indígenas.
Bajo el acuerdo alcanzado en julio, la empresa aceptó entregar un millón de dólares a cada una de las tribus, el gobierno estatal y el federal, y pagar 1,7 millones de dólares para estudios ambientales. La empresa también acordó entregar 32 millones de dólares para cubrir gastos de limpieza.
Tracy King, presidente de la reserva Fort Belknap, dijo que acepta el acuerdo, pero sostiene que es insuficiente, y "aunque es la mayor pena impuesta contra una actividad minera, es pequeña en comparación al daño ambiental causado a la zona".
Abogados en Montana especialistas en minería dijeron a IPS que Pegasus aceptó el acuerdo porque necesita antecedentes ambientales limpios para poder solicitar nuevos permisos para actividades mineras.
El argumento fue respaldado por una declaración de Werner Nennecker, jefe ejecutivo de la empresa, quien dijo que el acuerdo "abre el camino a agencias federales y estatales para que emitan permisos para la extensión, y nos permite seguir adelante con los negocios". (FIN/IPS/tra-en/pc/pz/lp/en-pr/96
